La misión del otro Nadal: 15 meses, no más, para afeitar al toro del déficit de tarifa

Cuando a finales del pasado verano Cristóbal Montoro dobló el pulso de la mal llamada reforma energética a su colega José Manuel Soria, dentro del Ministerio de Industria se escucharon tambores de guerra con cierto sabor a revancha: “Si Hacienda mete el cuchillo fiscal como le viene en gana, nosotros no tendremos más remedio que utilizar la tijera para reducir como sea los costes del sistema”. Lo que entonces parecía un farol se ha convertido ahora en un desafío para el flamante secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el hombre designado para lidiar con ese toro mal encarado del déficit de tarifa, 24.000 millones y subiendo, que atormenta las relaciones del sector eléctrico con el Gobierno.

Nadal va a tener que ponerse el mejor traje de luces de su reconocida capacidad política y profesional si no quiere que la triunfal alternativa con que fue recibido el pasado lunes en las dependencias ministeriales se convierta en una simple faena de aliño para luego terminar pinchando en el mismo hueso que su antecesor en el cargo. La verdad es que Fernando Marti tampoco es que se haya acercado demasiado al morlaco y de ahí precisamente que el alguacil de la plaza, en este caso el ministro, haya decidido cambiar el tercio con otro matador más diestro y, sobre todo, más dispuesto para entrar al trapo.

Los responsables de la política energética saben que ya no les queda otra y han decidido preparar con sentido estratégico la hoja de ruta de una verdadera reforma que elimine el fantasma del déficit de tarifa de una manera menos esotérica y mucho más efectiva. El exorcismo se resume en un ajuste puro y duro de los costes del sistema eléctrico como solución última para evitar una subida descomunal del recibo de la luz y garantizar a la vez la eficiencia, competencia y transparencia del mercado.

El mantra invocado por Alberto Nadal se sustancia en el objetivo de trasladar  “los menores gastos a hogares y negocios”, algo que suena demasiado bonito pero que sólo será verdad cuando el Gobierno imponga una dieta capaz de suprimir esa obesidad mórbida de subvenciones que atiborra a muchos operadores del mercado energético español. El exceso de calorías se traduce en unos costes totales de 20.000 millones de euros cada año, de los que 11.000 millones corresponden a primas, ayudas y demás prebendas políticas. Todo ello con cargo al enigmático recibo de la luz o, en su defecto, a la cuenta de una deuda galopante que todos los usuarios vienen acumulando con las empresas eléctricas y que se identifica en la jerga del sector con el socorrido eufemismo del “déficit de tarifa”.

El Gobierno se ha enganchado a un Real Decreto-Ley de última hora sobre la protección social de los empleados del hogar para dar la típica patada palante a las pérdidas generadas por el sector eléctrico en 2012. Un quebranto estimado en otros 3.500 millones del ala que no será reconocido como tal hasta que la Comisión Nacional de Energía (CNE) certifique la liquidación definitiva del ejercicio recién terminado. La disposición oficial podría haber situado como referencia la liquidación provisional que será presentada entre abril y mayo de este año pero el ministro Soria ha preferido ganar tiempo al tiempo apurando la resolución final del organismo supervisor que no estará lista hasta el primer trimestre de 2014.

El nuevo secretario de Estado tiene, en suma, quince meses de plazo para embridar el déficit de tarifa, taponar la sangría del presente ejercicio y buscar soluciones estructurales para frenar un alud que puede llevarse por delante la reputación financiera que España está empezando a recuperar en los mercados de capitales. “Mandaría bemoles” como decía el ex ministro Federico Trillo que todos los esfuerzos de consolidación fiscal y mejora de la financiación exterior se fueran al garete por un problema que tiene muchas más connotaciones políticas que económicas.

Las inmensas primas del régimen especial y sus múltiples beneficiarios

El ajuste de los costes del sistema eléctrico es una asignatura pendiente en la carrera de los sucesivos titulares del Ministerio de Industria. El actual responsable del departamento prefirió no presentarse al examen en 2012 para no incurrir en el riesgo jurídico que comporta la rebaja en el pago de unas subvenciones garantizadas con la pólvora del Rey desde hace años. El llamado régimen especial ha supuesto en 2012 más de 8.400 millones de euros en ayudas oficiales para financiar el desarrollo de las energías renovables y, como todo es susceptible de empeorar, la broma de este ejercicio alcanzará casi los 9.100 millones.

José Manuel Soria ha preferido mirar para otro lado y evitar conflictos con los distinguidos beneficiarios de unas ayudas tan imponentes, entre los que se incluyen las grandes constructoras de la “triple A” que identifica a Abengoa, Acciona y ACS, además de la gran banca internacional que se ha dejado muchos millones de euros en la financiación de la creciente burbuja fotovoltaica y termosolar. Incluso el embajador de Estados Unidos, Alan Solomont, como defensor de los intereses de Florida Power en Cartagena, ha hecho ver al Gobierno las terribles consecuencias que supondría para la marca España una revisión unilateral y retroactiva de las célebres primas a las energías verdes.

La congoja de los responsables ministeriales indujo a buscar otras teclas para afinar la chirriante sinfonía energética despertando el celo fiscal de Hacienda con unas medidas de sostenibilidad, entiéndase nuevos impuestos, que no van a servir para acotar el déficit de tarifa. Por eso ahora Alberto Nadal va a tener que desempolvar el expediente de las renovables y ampararse en la doctrina del Tribunal Supremo que, a pesar de todos los pesares, faculta al Gobierno para tirar de la guillotina con una decisión revolucionaria.

La jurisprudencia del Alto Tribunal defiende las subvenciones pero lo hace dentro de un marco de “retribución razonable”, concediendo vía libre al Gobierno para decir digo donde antes dijo Diego. No en vano, las renovables constituyen una actividad regulada cuya rentabilidad de negocio no parece que deba ser mucho mayor que la aplicada a otras actividades energéticas bajo control del Estado. Es el caso de la distribución, sometida el pasado año a la cuchilla menos afilada de Fernando Marti, y que funciona ahora con un margen de beneficio garantizado en torno al 8%, muy por debajo del 18% que llegan a disfrutar algunas inversiones del célebre régimen especial.

Las garantías legales son firmes y el peligro de un pleito en los tribunales está sofocado de antemano, por lo que todo es cuestión de la voluntad política que quiera poner en valor el Ministerio de Industria. No es extraño que el Gobierno quiera tomarse un tiempo y aunque quince meses parecen muchos a priori, lo cierto es que el contador ya se ha puesto en marcha. El otro Nadal, hermano del más conocido zar económico de La Moncloa, tendrá que atarse los machos porque lo malo de todo el asunto es que el reloj corre muy deprisa. Tanto como lo viene haciendo esa inmensa bola de nieve que supone en España el déficit de la tarifa eléctrica.