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La Generalitat pasa la patata caliente de la venta de ATLL a los tribunales
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MAS-COLELL Y SANTI VILA APOYAN A ACCIONA TRAS REVOCAR EL GOVERN SU CONTRATO

La Generalitat pasa la patata caliente de la venta de ATLL a los tribunales

El nuevo conseller de Presidencia, Francesc Homs, avanzó este jueves que la Generalitat pasará la patata caliente del embrollo de la privatización de Aigües del Ter

Foto: La Generalitat pasa la patata caliente de la venta de ATLL a los tribunales
La Generalitat pasa la patata caliente de la venta de ATLL a los tribunales

El nuevo conseller de Presidencia, Francesc Homs, avanzó este jueves que la Generalitat pasará la patata caliente del embrollo de la privatización de Aigües del Ter Llobregat (ATLL) al Tribunal del Contencioso Administrativo. Todo queda, pues, en manos de los tribunales y se judicializa el proceso. Homs adelantó su postura en la rueda de prensa tras el Consell Executiu. Esto implicará que la situación seguirá en el paisaje de niebla legal en el que se encuentra actualmente.

“La visión que hay desde Economía (Andreu Mas-Colell) y desde Territorio y Sostenibilidad (Santi Vila) es que las cosas se han hecho bien, que sus funcionarios han actuado bien en la Mesa de Contratación y se interpondrá un recurso ante el Contencioso Administrativo”, mantuvo este jueves el nuevo conseller de Presidencia, precisamente el departamento del que depende el organismo que ha revocado la privatización de ATLL.

Homs apuntó que la Generalitat acudirá a dar explicaciones al Parlament de Catalunya pero para él la clave es que, como la decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat que ha vetado la privatización es ejecutiva y vinculante, esto obligará a los departamentos afectados a encargar al Gabinete Jurídico de la Administración catalana a recurrir la decisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

“Seguiremos actuando como hasta ahora”

“En relación con esta adjudicación, seguiremos actuando como hemos ido actuando hasta ahora. Hay un organismo que está previsto por la UE y que funciona desde hace unos meses y supervisa este tipo de contrataciones y que se ha pronunciado con plena independencia”, manifestó Homs para explicar el lío jurídico en el que se precipitado el nuevo ejecutivo de Artur Mas sólo constituirse.

Según Francesc Homs, “la Generalitat ha de defender a los funcionarios que toman decisiones en una mesa de adjudicación y por ello el Gabinete Jurídico Central recurrirá la decisión de este órgano de control, que es relativamente nuevo, ya que sólo lleva operativo desde el pasado mes de julio”. Para Homs lo ocurrido ni afecta a la transparencia ni al entorno de seguridad jurídica de la actuación de Generalitat en Cataluña.

Homs tampoco reconoció que la Generalitat se haya precipitado al cobrar los 298 millones del primer pago antes de que se pronunciase el organismo de control interno del Gobierno catalán, ya que a su juicio “la Administración no puede anticipar decisiones de organismos independientes”. Entre la firma y el cobro por la privatización y el pronunciamiento del nuevo organismo sólo mediaron seis días.

La versión de Acciona

Por su parte, Acciona, que ya ha emprendido una batalla legal, hizo público un comunicado en el que ha señalado la resolución que emitió la Generalitat “carece de fundamento jurídico suficiente y se basa en una errónea interpretación de los hechos y normas aplicables al caso”.

“La resolución dictada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Catalunya considera como único motivo de estimación del recurso el hecho de que la oferta del consorcio adjudicatario haya excedido el límite máximo de 10 años para la ejecución del plan de obras previsto en las bases de licitación”, algo que para Acciona supone pura y simplemente “un incorrecto entendimiento de los informes técnicos emitidos sobre el programa y los plazos de ejecución del plan de obras propuesto”.

Acciona asegura en su nota que la Generalitat “confunde los plazos parciales de ejecución del plan de obras que son modificables, con el periodo máximo total de 10 años que debe respetarse en todo caso y al que estrictamente se ajusta la oferta presentada”.

Como empresa líder del consorcio adjudicatario, Acciona “no puede sino expresar su sorpresa ante la situación creada como consecuencia de estos pronunciamientos contradictorios de la Generalitat” y muestra su temor de que los mismos “puedan afectar a la validez y vigencia del contrato concesional formalizado por la propia Generalitat con el consorcio adjudicatario tan sólo unos días antes de la última resolución dictada”.

El nuevo conseller de Presidencia, Francesc Homs, avanzó este jueves que la Generalitat pasará la patata caliente del embrollo de la privatización de Aigües del Ter Llobregat (ATLL) al Tribunal del Contencioso Administrativo. Todo queda, pues, en manos de los tribunales y se judicializa el proceso. Homs adelantó su postura en la rueda de prensa tras el Consell Executiu. Esto implicará que la situación seguirá en el paisaje de niebla legal en el que se encuentra actualmente.

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