Acciona emprende una batalla legal contra la Generalitat por la 'falsa' venta de ATLL

Acciona ha anunciado una batalla legal para retener la concesión de Aigües del Ter Llobregat (ATLL). Así lo ha comunicado en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que ayer se hiciese público que la Generalitat revocaba la adjudicación al consorcio liderado por los Entrecanales seis días después de haber cobrado 298 millones de euros, correspondientes al primer pago

"Los servicios jurídicos del consorcio están preparando las acciones que procedan en derecho para defender sus legítimos intereses", señala el comunicado que también avanza que Acciona, el banco brasileño BTG Pactual y el resto de los perjudicados están estudiando posibles "daños y perjuicios" que podrían derivarse de esta situación.

Portavoces de la conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, que fue la que firmó la privatización, se han limitado a señalar que "estamos estudiando" las consecuencias legales de la resolución del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat, que depende de la conselleria de Presidencia, y que es la que dictó ayer que la única oferta válida era la que lideraba Agbar.

La Generalitat optó por dar la concesión a pesar del recurso que había presentado Agbar por sus necesidades de caja. Necesitaba ingresar los 298 millones para pagar la nómina de sus funcionarios. Lo hizo un gobierno en funciones y dividido. El ex conseller de Territorio, Lluís Recoder, apostaba por Acciona, mientras que desde Presidencia se prefería la alternativa de Agbar. El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, que podría haber hecho de árbitro se lavó las manos y señaló en privado que le era igual mientras que el primer pago de los 995 millones llegase antes del 31 de diciembre, para poder contabilizar la operación como reducción del déficit del 2012.

Al final, la Generalitat pensó que la solución contentaría a todos: Acciona pagaría, Agbar sería el ganador, los funcionarios cobrarían sus nóminas de diciembre y Mas-Colell tendría su apunte contable. La realidad es más compleja y augura una dura batalla legal entre Agbar, que defiende la validez técnica de su oferta; Acciona, que quiere hacer valer la decisión tomada por la administración y la Generalitat, que no querrá pagar más por desdecirse a destiempo.

Concurso mal diseñado

En medios legales de Barcelona se apunta hoy a que el problema estriba en que el diseño del concurso ha sido muy deficiente y precipitado, con lo que se ha roto el principio de seguridad jurídica que debe marcar cualquier concesión administrativa. A este mal diseño se ha sumado problemas de división interna en el propio gobierno catalán.

Artur Mas definió su gobierno como "business friendly" cuando llegó a la presidencia de la Generalitat hace dos años. El escándalo que ha provocado este cambio de opinión en lo más granado del capitalismo madrileño es monumental y costará que se recupere la imagen de la administración catalana.

Precedente

No es el primer caso de giros inexplicables en material concesional. Cataluña ya vivió un caso similar en abril del año pasado. Entonces un consorcio liderado por Ferrovial ganó un concurso para gestionar la desaladora de El Prat. Dos días después el concurso fue cancelado sin más explicaciones seis días después, alegando que Agbar había hecho la oferta más barata. Como era un contrato de sólo 300.000 euros, los Del Pino lo dejaron pasar. Pero era el precedente de una conducta errática que ahora ha llevado al actual conflicto.