Rajoy sólo ha liquidado cuatro empresas públicas de los 80 'cierres' que prometió

Las cosas en el Palacio de la Moncloa van despacio. Corría el mes de marzo y el Gobierno presentaba un ambicioso plan para racionalizar el sector público empresarial. ¿Objetivo? “La supresión, desinversión o agilización de la liquidación en 80 sociedades”. Nueve meses después y con el ejercicio vencido, el proceso no termina de arrancar. Y es que según el avance de 2012 facilitado por el Ministerio de Hacienda en su Inventario de Entes (Invespe), durante el año apenas se habrían dado de baja nueve sociedades, al tiempo que se crearon otras cinco. En total, el Estado mantiene 448 empresas en operación, sólo cuatro menos que a 31 de diciembre de 2011.

Hacienda recoge en su inventario la relación de las empresas que se ven afectadas por los planes de reestructuración del Gobierno, contenidos en una orden ministerial de 20 de marzo. Sólo una -la Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, dependiente del Ministerio de Industria- habría perdido su condición de entidad del sector público estatal. Su absorción por parte de otra empresa afín se constató el 13 de septiembre, una fecha que da la medida del nivel de actualización del registro. El resto aún permanece en el listado general. Eso sí, el BOE del 31 de diciembre reflejaba la extinción de otra de las señaladas, Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), cuyos activos se reparten el gestor ferroviario (Adif) y Renfe-Operadora. Esta liquidación aún no se ha trasladado a la clasificación del Invespe.

De hecho, el listado de las empresas eliminadas este año lo componen en su mayoría sociedades no contenidas en la planificación del Ejecutivo, aparentemente posterior. Por ejemplo, desaparecen Cescebrasil, Seguros de Crédito; Consorcio Valencia 2007, creada con motivo de la celebración de la Copa América en tierras levantinas; Compañía de Aplicaciones Tecnológicas de Galicia; Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Avilés, y así hasta nueve compañías con participación estatal. Unas bajas que se ven compensadas parcialmente por la puesta en marcha de otras cinco empresas, algunas ligadas a las necesidades de la crisis. Es el caso de vehículos como el Fondo de Liquidez Autonómico -línea de crédito para financiar a las comunidades autónomas- o el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

La reforma aprobada por el Ejecutivo en marzo contemplaba extinguir 24 sociedades, desinvertir en otras ocho y agilizar la liquidación de 13 más. En total, 45 empresas. Entre ellas, algunas cuya existencia aún sorprende. Por ejemplo, se mantenía la firma Barcelona Holding Olímpico o seguía en liquidación la sociedad V Centenario, alumbrada en su día para la ejecución de programas y actuaciones conmemorativas de los 500 años del descubrimiento de América. Además, se preveía poner punto y final a la fracasada Sociedad Pública de Alquiler (SPA) o a la Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado, un proyecto aparcado. El Gobierno también planteaba la desinversión en participaciones minoritarias de la Agencia Tributaria en 35 sociedades mercantiles y la extinción o fusión de nueve fundaciones estatales.

Un agujero insoportable

El problema de las empresas dependientes del Estado va más allá de su volumen. Y es que su deuda no da tregua. Según los últimos datos facilitados por el Banco de España, las sociedades públicas que operan bajo el paraguas de la Administración Central acumulaban hasta septiembre obligaciones por valor de 34.749 millones de euros, lo que suponía 2.163 millones más respecto al cierre del primer trimestre. Se trata de la cifra global más alta desde el año 2000, último ejercicio para el que el servicio de estudios del supervisor proporciona datos. A modo de comparación, basta recordar que la cuantía que Bruselas acaba de inyectar en la economía española para sanear la banca nacionalizada asciende a 40.000 millones.

Los guarismos se disparan todavía más si a la deuda de las empresas públicas del Estado se suma la que aglutinan las sociedades que mantienen comunidades y ayuntamientos. En total, el agujero roza ya los 56.000 millones -en concreto, 55.973-, otro máximo histórico. De hecho, las compañías dependientes de las autonomías deben en su conjunto 12.182 millones de euros y las que controlan los municipios ascienden hasta los 9.042 millones, pese a que en lo que va de ejercicio ambas han logrado contener los datos. El secretario de Estado de Admnistraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguraba en julio que las autonomías sólo habían suprimido dos sociedades de las 600 empresas públicas que deberían haber liquidado. Y hablaba sin ambages de fracaso y de que el Gobierno tomaría medidas si no había avances.

La poda del sector público empresarial fue uno de los primeros objetivos explicitados por el Ejecutivo del PP apenas llegar al poder. De hecho, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó claro en una de sus primeras intervenciones que exigiría a las comunidades el cumplimiento de reducción de entes pactado con el Gobierno socialista en marzo de 2010 y que hasta ahora ha sido papel mojado. El denominado Acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas y locales recogía un compromiso de eliminación de 514 entes autonómicos de los 2.359 contabilizados. Un año después, a 1 de julio de 2011, apenas se habían suprimido 69. No en vano, los ejecutivos regionales llevan años creando empresas y fundaciones para intervenir en sectores económicos clave, una vía utilizada para ocultar el déficit público que generaban con esas inversiones a la contabilidad nacional.