La Generalitat cobra primero y después invalida la oferta de Acciona por ATLL

La Generalitat se apresuró a cobrar los 298 millones que Acciona y BTG Pactual le abonaron como primer pago por la privatización de Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) el día 27 de diciembre. Ahora, sólo seis días más tarde, el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, dependiente de Presidencia de la Generalitat, ha emitido una resolución invalidando la oferta de Acciona.

Ningún representante de la Administración catalana quiso hablar ayer con este diario para aclarar si el asunto responde a un despropósito burocrático. La operación fue firmada por el secretario general de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad, Pau Villòria. Sin embargo, este departamento de la Generalitat cambió recientemente de titular: Lluís Recoder, el gran defensor de la oferta de Acciona, fue sustituido por Santi Vila, quien todavía no había tomado posesión cuando se llevó a cabo la venta. Cosas que pasan cuando se emprende una privatización de 995 millones con el Gobierno en funciones.

Acciona, por su parte, sí ha dado la cara. Fuentes de la constructora de los Entrecanales han señalado a El Confidencial que la compañía está estudiando legalmente la resolución del organismo de la propia Generalitat. Acciona argumenta que su oferta es válida y que está proporcionando el servicio de ATLL con toda normalidad.

No es lo que señala el recurso que, en esencia, dice dos cosas: que la privatización no puede revertirse pero que, a términos prácticos, sólo hay una oferta válida, la que lideraba Agbar.

En su resolución, este organismo interno de la Generalitat opta por “estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación, interpuesto por don AJM en nombre y representación de Sociedad General de Aguas de Barcelona, ​​SA contra el acuerdo de adjudicación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat (procedimiento 2012003800) del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, en el sentido de excluir la empresa Acciona del procedimiento, de acuerdo con lo expuesto en los fundamentos jurídicos de esta Resolución”.

La oferta de Acciona queda anulada porque en la misma se aplazaban las obras que iban ejecutarse durante los 50 años de concesión. “El hecho de aplazar unas obras es una variante que influye en la tarifa que aplicará la empresa concesionaria. Aceptar que el límite de referencia no es vinculante, haría imposible poder comparar dos proposiciones que afectan a la tarifa. Y es que este ‘plan de obras’ afecta al resultado económico final de la oferta”, según sentencia la resolución. Se da la circunstancia de que ofrecer una tarifa más barata fue lo que le permitió a Acciona ganar el concurso.

Neutralidad financiera para Acciona

Para Acciona la resolución es, en el fondo, neutra financieramente. La Generalitat sólo tendrá que devolver a la compañía los 298 millones cobrados. La Administración catalana podrá asumirlo, porque se limitará a transferir los fondos que reciba de Agbar y sus socios a los Entrecanales y los miembros del consorcio que se adjudicó la ATLL.

La que sale gravemente dañada es la credibilidad de la Generalitat como administración privatizadora. Que Presidencia anule una concesión de otra conselleria seis días después de haber cobrado no invita a pensar que en la próxima venta vaya a haber una lluvia de ofertas por parte del sector privado, que justo en los negocios concesionales busca, sobre todo, estabilidad jurídica.

La razón está en la caja

Fuentes financieras aventuraba ayer que la razón puede estar en la caja de la Generalitat, que sufría esos últimos días de diciembre fuertes tensiones de tesorería. Una prueba de ello es que se tuvo que retrasar la nómina de los funcionarios de diciembre una semana a la espera de recibir los fondos de la ATLL.

Al vender a Acciona, la Generalitat se aseguró el ingreso de los 298 millones, a pesar de que el recurso que había presentado Agbar era muy anterior, en concreto del 23 de noviembre. La jugada habría permitido cobrar los fondos, pagar a los funcionarios al mismo tiempo que Artur Mas tomaba posesión como presidente de la Generalitat con el apoyo de ERC y una agenda política basada en una consulta sobre la independencia de Cataluña, y en caso de invalidarse después la decisión, Acciona ya recibiría el dinero de Agbar. Por el camino, la Generalitat habría encontrado un banco que le ha dejado el dinero al 0%, mientras que otras autonomías con problemas similares, como Baleares o la Comunidad Valenciana, tenían que recurrir a créditos puente de CaixaBank. Negocio redondo. Si alguien quiere buscar un responsable, podría reclamar al conseller saliente, Lluís Recoder, que ha anunciado que deja la política para dedicarse a la abogacía.