Santander aplaza los pagos de las hipotecas a 8.000 familias en paro por 1.300 millones

Más cosmético que efectivo. Así definen las principales entidades financieras el anuncio que ayer hizo Luis de Guindos, ministro de Economía, en el Congreso de los Diputados en relación a la intención del Gobierno de alcanzar un acuerdo con la banca para ayudar a las familias más desfavorecidas que no disponen de ingresos. Una solución parcial que la gran banca ya está llevando a cabo desde hace un año. BBVA ha refinanciado 900 millones de 105.000 familias en problemas, mientras que Santander ha perdonado préstamos por 1.300 millones a 8.000 familias. La Caixa ha flexibilizado las condiciones a 160.000 personas.

De Guindos explicó que sus propuestas son solo recomendaciones al sector financiero para tratar de solucionar el drama humano que supone que las personas que han perdido el empleo y las prestaciones sociales se queden encima en la calle. Una iniciativa que uno de los tres grandes bancos, cuyo nombre pide no mencionar, ya promovió el pasado año dentro de la Asociación Española de Banca (AEB). Sin embargo, la idea no tuvo respuesta desde la patronal. Cada entidad decidió atender sus casos más dramáticos e implantar sus propias medidas.

Santander optó por dar un periodo de carencia de tres años a aquellos clientes particulares y autónomos que estuvieran en el paro o hubieran sufrido una caída de sus ingresos superior al 25%, una coyuntura que se da por lo general en matrimonios uno de cuyos cónyuges está desempleado. A ese colectivo, el banco le perdonaba el pago del principal del préstamo, por lo que el afectado solo debería abonar los intereses de la hipoteca.

Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado de Banco Santander, dijo cuando presentó la medida en julio de 2011 que supondría “mucho dinero” para el cliente y para el banco. “Es un alivio importante”, señaló al poner como ejemplo que el acreedor de un préstamo de 125.000 euros a 25 años con un diferencial del 0,7% sobre el Euribor se ahorraría unos 300 euros al mes, frente a los 600 iniciales.

Siete meses después de poner en marcha la moratoria, la institución ha demorado la cuota mensual a unas 8.000 familias, por un importe de 1.300 millones de euros. Es decir, ha dilatado el pago de hipotecas de viviendas valoradas en unos 162.500 euros. Por su parte, BBVA anunció el pasado mes de noviembre que había flexibilizado las condiciones de la hipoteca de 45.000 familias. El grupo presidido por Francisco González ofrece aplazar dos cuotas hipotecarias para sumarlas al importe pendiente del préstamo, con un máximo de diez durante la vida del crédito, posponer hasta el 30% el capital al vencimiento de la operación o aumentar hasta 40 años el plazo de la hipoteca. 

Lo que ahora propone De Guindos es regularizar que las familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos puedan acogerse a la "dación en pago" para saldar su deuda hipotecaria con el banco y siempre y cuando sólo afecte a la primera vivienda. El plan del Ejecutivo contempla una serie de reformas legales que definan y determinen, por ejemplo, cuál es el umbral de exclusión, qué familias se encuentran ante esta situación y son, por tanto, "merecedoras de protección".

Malo para todos

Estas medidas legislativas, tal y como ha avanzado De Guindos, se estudiarán con el Ministerio de Justicia, para después promover un 'código de buenas prácticas' entre el sector bancario. Eso sí, aclaró que las entidades se podrán acoger a este código de forma "voluntaria".  Este es el quid de la cuestión. No habrá obligación legal, una cuestión fundamental porque desde el exterior se puede interpretar que el Ejecutivo cambia las leyes del juego y que, por tanto, no hay seguridad jurídica.

Por eso, desde varias entidades exponen que se trata de un anuncio cosmético por si el gobierno pide nuevos sacrificios fiscales e impositivos a la población, ya que la mayoría de la banca está tratando de ayudar a sus clientes a evitar los desahucios. “Ni es bueno para el usuario ni es bueno para el banco”, sostienen a sabiendas del deterioro de la imagen de la banca en la sociedad por el recrudecimiento de la crisis.

La Caixa lleva dos años negociando uno a uno con sus afectados. En total, 160.300 personas, de las que a 100.000 se les reestructuró la deuda, a 30.000 se les dio una moratoria y a 28.000 una carencia. Bankia también ha retrasado varios embargos por la presión social y ha dado hasta tres meses para que el deudor encontrara una solución. La mayoría no publicita sus acciones para evitar el efecto llamada, ya que con estas refinanciaciones afectan a su cuenta de resultados.