El Gobierno congela el traspaso de los hospitales de la Seguridad Social a las comunidades autónomas

Frenazo a una parte significativa de la reforma de las pensiones aprobada por el anterior Gobierno. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha decidido congelar el traspaso a las comunidades autónomas de los hospitales que son todavía propiedad de la Seguridad Social. El plazo para aprobar los cambios legales venció el pasado 2 de febrero, y ahora el nuevo Gobierno dice que no hay motivos para hacerlo porque la medida supondría sacrificar una parte importante del patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social, levantado con aportaciones de trabajadores y empresarios.

El traspaso de decenas de hospitales, centros de salud y centros asistenciales fue incluido en una disposición adicional de la ley de reforma de las pensiones, y estaba dirigido, fundamentalmente, a Cataluña y Andalucía, cuyos ejecutivos han reivindicado la cesión desde hace años. El Consejo de Gobierno de Andalucía, incluso, reclamó por escrito la cesión, pero el Ministerio de Trabajo prefiere abrir antes un proceso de negociaciones con los sindicatos y empresarios.

Las prisas del anterior Ejecutivo por culminar la cesión eran tan evidentes que dio seis meses para aprobar la normativa de traspasos, pero diez años para ejecutarlos, lo cual ha extrañado a los nuevos gestores de la Seguridad Social.

En el ministerio de Báñez se cuestiona, incluso, la justificación que dio la ley de reforma de las pensiones  para hacer el traspaso. La ley lo justificó con el argumento de que así se cancelaban los préstamos concedidos en su día por el Estado a la Seguridad Social para compensar la insuficiencia financiera del antiguo Insalud.

El nuevo Gobierno entiende, por el contrario, que no hay nada que cancelar, precisamente porque históricamente ha sido la Seguridad Social quien ha tenido que financiar gasto público que debería haber sido pagado con impuestos. Algo que ocurrió con especial profusión durante las reconversiones industriales de los años 80. Como recordó la Unión General de Trabajadores (UGT), la “supuesta deuda” en realidad no existe, y es “difícilmente entendible” que si el objetivo es saldar deudas existentes entre el Estado y la Seguridad Social, el patrimonio no revierta en la administración general del Estado, y “acabe adscrito en el haber de las comunidades autónomas”.

La única excepción de la ley a la hora de los traspasos se refiere a los locales que la propia Seguridad Social esté utilizando en la actualidad para la gestión de sus propias competencias en materia de atención a la cobertura de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Tanto a través de las mutuas como del Instituto Social de la Marina.

Renegociar la ley de pensiones

La revisión de la ley de reforma de las pensiones -que no aprobó el Grupo Popular- no acaba ahí. Según fuentes de toda solvencia, el Gobierno quiere renegociar con los agentes sociales muchas de las disposiciones adicionales y del propio articulado de la norma, para lo cual abrirá próximamente una ronda de contactos.

Preocupa, en particular, todo lo relacionado con la separación de fuentes de financiación. Aunque ya en el Pacto de Toledo (1995) se hablaba de que el Estado y la Seguridad Social debían tener distintas contabilidades, lo cierto es que el sistema público de protección social continúa cubriendo buena parte de los complementos de mínimos, el dinero que se destina para que 2,4 millones de pensiones alcancen el umbral que cada año marca el Consejo de Ministros. Ese dinero debe financiarse con impuestos y no con cotizaciones. En la ley de reforma de pensiones se habla únicamente de “buscar fórmulas” de financiación, pero sin decir en qué dirección.

Hoy el Estado destina 6.972 millones de euros a complementar las pensiones mínimas, pero el Gobierno central sólo paga con impuestos el 31%, el 69% restante (4.266 millones de euros) sale de las cotizaciones sociales, lo cual merma la solvencia del sistema público de pensiones.