El día que el recibo de la luz nos dé dinero

“El día que recibí la última factura eléctrica, se me pasó el miedo a la oscuridad. Ahora le tengo miedo a la luz”. Este chiste que hoy recorre la red estará tal vez pasado de moda dentro de pocos años. Regresaremos entonces al miedo a la oscuridad, porque el recibo de la luz nos podrá dar alegrías. Todo depende de cómo el Gobierno resuelva la redacción definitiva del Real Decreto de Balance Neto.

Bajo este aséptico nombre se esconde el Proyecto de Real Decreto por el que “se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de la modalidad de suministro de energía eléctrica con balance neto”, proyecto que el Gobierno socialista dejó en proceso de alegaciones y que el Ejecutivo popular debe retomar en cuanto cierre las primeras y urgentes medidas económicas para poner a España otra vez patas abajo.

El balance neto es el diferencial entre la energía eléctrica que producimos y la que gastamos, porque el Real Decreto contempla, en un horizonte nada lejano, que los hogares, los comercios, los edificios de oficinas, las fábricas y las explotaciones españolas se conviertan en productores de energía limpia gracias a la instalación de dispositivos solares o eólicos.

“Técnicamente no habría ningún impedimento para que las energías renovables se instalaran en todos los hogares españoles de forma inmediata. Solo dependería de la capacidad abastecedora de los proveedores”, señala José L. García Ortega, responsable de la campaña Energías Limpias de Greenpeace.

Instalar placas solares domésticas que garanticen la autonomía energética de cualquier edificio ya no es caro ni antiestético. En un hogar con un consumo medio de 3.3 Kw (la media española para una casa y una familia convencionales) la instalación puede costar alrededor de 10.000 euros, obra incluida.

Este hogar tipo necesitaría apenas 10 metros cuadrados de placas solares, que hoy se fabrican imitando todo tipo de tejas, camaleonizándose en paredes e incluso en forma de ventanales que no se diferencian de un vidrio convencional. Los únicos elementos indiscretos para la domótica serían el inversor (aparato que transforma la energía solar en apta para recorrer el cableado de nuestra instalación, y que tiene un tamaño y un aspecto similar al de un aparato de aire acondicionado) y un contador especial.

Calculando para este hogar un recibo mensual de 80 euros, la inversión se amortizaría en una década. Esto sin tener en cuenta que la energía eléctrica va a subir, y mucho, de aquí a pocos años.

Nadie quiere entregar el control del suministro

Ahí está el denominado déficit tarifario (diferencia entre el monto recaudado y los costes reales de la luz), según el cual los consumidores españoles debemos a las compañías elécricas unos 24.000 millones de euros, buena parte de los cuales han sido colocados en el mercado en forma de bonos con el aval del Estado. Pero, más tarde o más temprano, habrá que apoquinar. Con intereses. Las últimas emisiones de bonos se lanzaron al 4,11%.

El Real Decreto de Balance Neto está en discusión, precisamente, porque las eléctricas no están dispuestas a abandonar el control del suministro. Las disensiones entre compañías, Estado y ecologistas se nuclean en dos aspectos.

En primer lugar: ¿qué ocurre si nuestra instalación produce excedentes? Es decir, si producimos más energía solar de la que consumimos en casa. El Real Decreto contempla que podamos vender ese excedente a las propias compañías, con lo que se podría dar incluso el caso de que nuestra factura de la luz arrojara saldo positivo. Que la producción solar de nuestro hogar no solo cubriera nuestras necesidades a coste cero, sino que se convirtiera en un negocio.

Sin embargo, las compañías petenden imponer un límite a esta posibilidad, y que a partir de cierta producción esa energía excedentaria se incorpore gratis a su red. “La normativa de balance neto propuesta en esta norma solo permite compensar la energía sobrante con derechos para consumirla en otro momento, limitando el plazo y la cantidad para tal compensación. Lo que exceda esos límites sería regalado a la compañía eléctrica”, señala el escrito de alegaciones al Real Deceto elevado al Gobierno por Greenpeace. “En opinión de Greenpeace, se debe permitir que lo que no se consuma en el propio edificio se venda a la red, en las mismas condiciones económicas que cuando se compra energía de la red, con todos los peajes incluidos, y teniendo en cuenta el distinto valor de la energía en los distintos momentos”.  Para los ecologistas, esta capacidad ilimitada de venta sería un incentivo que haría mucho más apetecible la inversión en energías limpias a particulares y empresas.

En segundo lugar, el proyecto de Real Decreto impone un límite de 100 Kw en la potencia contratada por punto de suministro e instalación. De esta forma, grandes superficies comerciales, fábricas y empresas verían imposible alcanzar la meta del autoconsumo. “El interés de este límite es que no se extienda demasiado el contrato de balance neto”, señala García Ortega. “Las eléctricas no quieren perder un negocio que es suculento”.

Hablan las cifras: Endesa obtuvo un beneficio de 4.129 millones en 2010, un 20% más que en el año precedente; Iberdrola ganó un 1,6% más, hasta 2.870 millones; y Gas Natural Fenosa un 0,5% más, 1.201 millones. Las espadas están en alto en esta guerra por conquistar el imperio eléctrico del sol.