La última propuesta del Gobierno: menos provisiones para el suelo y genérica del 10%

La última propuesta del Gobierno para la reforma financiera, a la que ha tenido acceso El Confidencial, plantea una relajación de las provisiones exigidas para los inmuebles adjudicados, que se quedarán en el 60% para el suelo, el 50% para las promociones en curso y el 40% para la vivienda terminada. A cambio, exigirá una especie de nueva provisión genérica por el 10% del crédito promotor al corriente de pago.

Estas rebajas de valor para los activos adjudicados aparecen en un borrador remitido por el Ministerio de Economía a última hora del martes, aunque pueden variar en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que se celebra este jueves y de donde debe salir la versión definitiva que aprobará el viernes el Consejo de Ministros.

Según el borrador citado, esa diferencia podrá llevarse contra capital en el caso del suelo y las promociones en curso, pero deberá cargarse contra resultados en el caso de la vivienda. El crédito promotor calificado como subestándar y moroso subjetivo deberá provisionarse al 60% si tiene como garantía suelo, al 50% si está respaldado por vivienda en construcción y no habrá que rebajarlo si el colateral es vivienda terminada. En este caso, se hará contra resultados.

Finalmente, los créditos morosos se regirán por la misma norma que en la actualidad: habrá que provisionar en un año el 100% de la diferencia entre el importe del crédito y el valor de la garantía, si bien este valor deberá ser rebajado en la misma proporción que los adjudicados (lo que incrementa en consecuencia la provisión que debe realizarse). En este caso, también deberán llevarse contra resultados.

Los porcentajes citados se aplicarán sobre el valor en libros de los inmuebles en el balance de las entidades, y para cubrirlos se utilizarán tanto las provisiones específicas como las genéricas constituidas hasta ahora. Lo que quede sin cubrir por dichas provisiones es lo que debe dotarse ahora.

Una nueva genérica para compensar

Estas tres medidas suponen una flexibilización respecto a los planes iniciales del Gobierno, que contemplaban rebajas de valor de hasta el 100% para el suelo y contra resultados. De hecho, el importe estimado por el Ejecutivo para estas medidas asciende a unos 35.000 millones.

A cambio de esta flexibilidad, se va a exigir una nueva provisión del 10% del importe de los créditos inmobiliarios 'sanos' (performing), que deberá dotarse contra resultados. Será un concepto parecido a la actual provisión genérica aunque referida únicamente al ladrillo (la genérica tradicional se consumirá ahora y desaparecerá ya que no computa para las normas internacionales de capital), y pretende constituir un colchón ante el alargamiento de la crisis inmobiliaria y en previsión de futuros episodios similares.

Dado que el crédito inmobiliario al corriente de pago asciende a unos 150.000 millones, esta nueva provisión supondría 15.000 millones. Sumados a los 35.000 por la rebaja de valor de los activos se obtienen los 50.000 millones de los que habló hace unas semanas el ministro De Guindos y que han sido la cifra inamovible en el diseño de la reforma.

Medidas paliativas en función del buen gobierno

Esta propuesta contempla medidas paliativas relacionadas con la gobernanza; es decir, será más fácil cumplir las exigencias si las cajas (básicamente) eliminan duplicidades, suprimen sus consejos y asambleas cuando han cedido su negocio a un banco, destituyen a los presidentes de las antiguas entidades, etc. Como adelantó El Confidencial el lunes, éste es otro de los grandes objetivos de la reforma financiera.

La principal medida paliativa será el alargamiento de los plazos: en principio, estas provisiones deben dotarse en un año, pero se alargará a dos si se cumplen estas exigencias de buen gobierno. También es posible, aunque no está cerrado, que esta flexibilidad se aplique a aquellas entidades que acometan un proceso de integración. Algo que tiene toda la lógica puesto que uno de los objetivos de la reforma es forzar una segunda oleada de fusiones que sirva para que las entidades más solventes absorban a las menos.