El ICO evita que las CCAA tengan que malvender sus edificios para financiarse

Vender, pero no a cualquier precio. El nuevo plan de ayudas del ICO para las Comunidades Autónomas ha comenzado ya a tener efecto, antes siquiera de que llegue el dinero. Algunas de las medidas extraordinarias inventadas por las regiones con más apuros de tesorería han quedado congeladas o están revisándose. Así está ocurriendo, por ejemplo, con las operaciones de ventas de edificios que algunos gobiernos habían puesto en marcha, según explican distintas fuentes del sector inmobiliario.

La reciente inyección de liquidez a la Comunidad de Valencia, que ha necesitado un préstamo a cuatro meses en el que ha participado el ICO para cumplir con sus acreedores, ha sido el primer paso dado por el actual Gobierno en este sentido. A raíz de este rescate, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció la creación de una línea de financiación para paliar la falta de liquidez autonómica. Sólo este anuncio ya ha permitido a las regiones contemplar sus necesidades de tesorería con menos premura.

En el caso de Cataluña, por ejemplo, la reacción ha sido inmediata. El gobierno de CiU, por boca de su consejero de Economía, Andreu Mas-Collel, ha reconocido su satisfacción por esta medida. Ante este nuevo escenario, la Generalitat ha tomado una postura más inflexible a la hora de vender los 27 edificios públicos que tiene apalabrados con dos fondos de inversión (Moor Park y Och-Ziff), por los que esperaba recaudar cerca de 500 millones de euros, dado que las necesidades de vender a cualquier precio han disminuido.

Según fuentes del sector, la Generalitat ha endurecido su postura a la hora de atender la solicitud de los fondos para modificar varias condiciones del preacuerdo. Por si las dificultades iniciales existentes en estas operaciones, como son la falta de financiación y el riesgo de impago que se atribuye a las administraciones públicas, fueran pocas, estas nuevas resistencias pueden hacer que el cierre de la transacción se retrase aún más, a pesar de que estuviera previsto que se rematara antes de acabar 2011.

Las mismas demoras tienen lugar en Andalucía. En esta región, la Junta tiene a la venta 76 inmuebles repartidos por sus ocho provincias, por los que espera ingresar en torno a los 400 millones. Al retraso acumulado en el proceso, donde no ha trascendido aún el nombre de los potenciales interesados, se suma la circunstancia de las inminentes elecciones autonómicas, que además de marcar una fecha inexorable para concretar la operación (mayo), puede contar con la desaprobación del nuevo gobierno en caso de victoria del PP.

Otras muchas comunidades han sondeado también el mercado para medir la posibilidad de realizad ventas de edificios públicos bajo la moralidad del sale & back, como Aragón, Galicia, Madrid, Navarra o Castilla La Mancha. Al final, ninguno de estos procesos ha terminado sustanciándose, bien por falta de interés de los inversores o por las diferencias de criterio en el precio. A estas dificultades hay sumar a partir de ahora la menor urgencia para vender existente, sobre todo gracias a la líneas de liquidez que ha prometido el ICO.

Quejas en el sector

Y mientras las CCAA irrumpen en el mercado inmobiliario, el mercado de inversión para edificios de oficinas continúa bloqueado, según fuentes del sector. El volumen de metros cuadrados en venta y las rentabilidades ofrecidas por las administraciones, en torno al 8% con contratos a 25 años, están marcando unas referencias inalcanzables para los activos en renta en manos de propietarios privados (grandes fortunas, inversores institucionales…), que generalmente son los protagonistas de todo este tipo de operaciones.

La última gran operación en este mercado fue, precisamente, la protagonizada por  Amancio Ortega, que adquirió la Torre Picasso por 400 millones de euros a FCC en la última semana de 2011. El empresario gallego se hizo con los más de 100.000 metros cuadrados construidos que alberga el rascacielos, mientras otras operaciones mucho más pequeñas, también referidas a edificios singulares ubicados en el eje del Paseo de la Castellana, una de las zonas con mayor número de transacciones, continúan sin salir adelante.