ACTUALIDAD
OPINIÓN
COTIZALIA
TEKNAUTAS
DEPORTES
ACV
VANITATIS
MULTIMEDIASEGÚN RECOGE EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTARIA
El Gobierno sitúa en 2020 el déficit cero
El anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y hasta entonces estarán obligadas a ir reduciendo los actuales niveles de déficit y deuda para poder alcanzar dicha meta.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado este viernes dicho anteproyecto y su remisión al Consejo de Estado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, al tiempo que todas las administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.
Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.
Ahora, este déficit estructural del 0,4% sólo podrá registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.
Para conseguir estos objetivos, el anteproyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.
En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.
Techos de gasto
Además, todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto, similar al que ya aprueba la Administración Central, consistente con el objetivo de estabilidad, y el gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.
El anteproyecto contempla la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, tal y como establece la Constitución.
El incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. Dicho plan deberá explicar las causas de la desviación y las medidas que permitan retornar a los límites.
Sanciones del 0,2% del PIB
En caso de incumplimiento del plan, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.
En este punto, Montoro indicó que la visita no será "amable", ya que se trata de una forma de intervención de las cuentas públicas, pero nada tendrá que ver con la suspensión de competencias autonómicas, sino que será algo similar a lo que sucede en la UE con los países que han sido intervenidos. "Se trata de trabajar en paralelo, ver los deberes y hacer los ajustes necesarios", añadió.
Dicho esto, Montoro indicó que la palabra "imposición es exagerada", ya que simplemente se trata de devolver la estabilidad presupuestaria a la administración que no cumpla, si bien matizó que sólo sucederá en situaciones "extremas". "No hay que verlo en el sentido agresivo, se trata de aceptarlo con naturalidad", reiteró.
El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir diferentes convenios, y las sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.
Conocer los presupuestos antes de aprobarlos
Antes de llegar a situaciones de incumplimiento del déficit, la ley también refuerza el principio de transparencia y, por ello, cada administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos. Además, se amplía la información a suministrar para mejorar la coordinación en la actuación económico-financiera de todas las administraciones.
Montoro destacó que se trata de una de las "grandes reformas estructurales", que vendrá a reforzar la estructura institucional de España, mostrando que hay unos controles establecidos para asegurar el cumplimiento del déficit.
"Facilita la financiación de la economía del país y asegura los servicios públicos básicos de los españoles, además de reafirmar nuestros compromisos con la UE y recuperar una imagen de solidez ante los socios europeos, condiciones y premisas para volver al crecimiento", enfatizó el ministro, quien añadió que la norma respeta "con cuidado extremo" la capacidad de autogobierno de las comunidades.
LA OPINIÓN DE LOS LECTORES
14
COMENTARIOS
Responder
0
13arturo pereitor 27/01/2012 | 22:27
Largo me lo fiáis. Para entonces, igual no queda ni nación, o sea que preocuparse por las autonomías es de una gilipollez supina.
12arturo pereitor 27/01/2012 | 22:23
Largo me lo fiáis. Para entonces, igual no queda ni nación, o sea que preocuparse por las autonomías es de una gilipollez supina.
10gpg 27/01/2012 | 17:09
La Ley de Equilibrio Presupuestario me parecería bien, siempre y cuando sean los políticos que la incumplan los que paguen la sanción correspondiente. Por la información que he podido leer, parece ser que será a la Comunidad la que se le sancione por su incumplimiento, así que estamos en lo de siempre. Ellos hacen la fiesta, y nosotros la pagamos. Me parece un vergüenza si es así.
9pasmao con lo que no pasa 27/01/2012 | 17:04
sería mucho mas sencillo si los diferentes cargos tuvieran inmovilizada la mitad de sus "emolumentos" de todos sus "emolumentos" públicos por todos los "concetos" durante 10 años.
Y si se observa que hay una desviación X se les confisca.
Además si una comunidad tiene deficit debería de aportar menos diputados, perder poder real, en el parlamento. Sin cupos ni pufos, por supuesto.
Si a la comunidad valenciana le tocaban 40 escaños que se queden en 30, y si a la Rioja o Castilla León lo hacen bien que les den mas.
El problema es a quien llamamos a auditar. Yo propongo a Frau Merkel o similar.
saludos
8gabrielumv 27/01/2012 | 17:02
¿En el 2020?, y eso supongo que gobernando el PP ¿no?. Vivimos en una mentira continúa.
7el chicharro 27/01/2012 | 16:32
¿2.020?, y por qué no 2.030 o 2.040, total... todos calvos, como los del Barça.
6Rafael R 27/01/2012 | 15:05
¿Y porqué no le ponen la multa a los gobernantes o al partido de los gobernantes que provocan ese déficit?
Porque, digo yo, los responsables de generar ese déficit son los que deberían pagar por su mala gestión, ¿no?
Porque no olvidemos que la deuda generada por el déficit la tienen que terminar pagando los ciudadanos vía impuestos. Si, encima de que los gobernantes despilfarran el dinero de los contribuyentes se pone una multa a la CA, resulta que los ciudadanos tras cornudos apaleados.
Creo que esto no debería ser aceptado por los contribuyentes. Al menos mientras los que generan ese déficit puedan irse de rositas como ocurre hasta ahora.
5skeptical side 27/01/2012 | 15:04
y al que las diriga obsequiarles con el senado jeje,en vez del trullo
DEJA TU COMENTARIO
