Las grandes empresas le hacen un agujero de miles de millones a Hacienda

Tiempos duros para la Hacienda pública. Y no sólo por la contracción de la actividad económica. También por la aprobación de cambios fiscales que han mermado de forma significativa su capacidad de recaudación.

Una de las normas fue aprobada en diciembre de 2010, y se refiere a la libertad de amortización por inversión en activos fijos, y la otra se aprobará en las próximas semanas con ocasión de la reforma del sistema financiero. La reforma bancaria le costará al Fisco ‘tres o cuatro mil millones de euros’ por menores ingresos en el Impuesto de Sociedades. La consecuencia no es otra que una caída en picado de la recaudación. Hacienda  ingresa hoy por Sociedades menos que hace una década.

La libertad de amortización la aprobó el anterior Gobierno en el marco de un paquete de ayudas públicas para estimular la inversión y el empleo, y casi un año después el resultado se ha traducido en una caída espectacular de los ingresos públicos. En particular, en la tributación de los “grandes grupos fiscales”, cuyos pagos a Hacienda caen a un ritmo del 74,2%. La propia Agencia Tributaria achaca este desplome -las bases imponibles han retrocedido nada  menos que un 80%- a la libertad de amortización  en activos fijos “no condicionada a la creación de empleo”.

El Real Decreto-Ley, aprobado en tiempos de la exvicepresidenta Salgado,  establecía un régimen fiscal de libertad de amortización para las inversiones nuevas del activo fijo afectadas a actividades económicas, y la gran novedad radicaba en que no se vinculaba el incentivo fiscal al mantenimiento de los puestos de trabajo, como se exigía en la normativa anterior. Además, se amplió el ámbito temporal de aplicación de este incentivo fiscal en tres años adicionales, hasta el año 2015, permitiendo su acceso a las personas físicas, a los empresarios y a los profesionales.

El resultado es que hoy el Impuesto de Sociedades es un tributo moribundo. O malherido, como se prefiera. “En parte”, como reconoce la propia Agencia Tributaria, por esa norma. De hecho, la recaudación en Sociedades -en todo caso también afectada por el desplome de los beneficios empresariales-, cae un 8.9% hasta noviembre en términos homogéneos. En concreto, hasta los 15.137 millones de euros.

El Impuesto de Sociedades ingresa hoy la cuarta parte que el Impuesto sobre la Renta (64.377 millones en los once primeros meses del año pasado). Y apenas una tercera parte de lo que recaudaba en 2007, cuando el ‘boom’ del ladrillo disparó los ingresos fiscales hasta los 44.823 millones de euros.

Más deducciones, menores tipos efectivos

Lo paradójico es que al mismo tiempo que aumentaban los beneficios empresariales de forma intensa, crecían las deducciones y desgravaciones fiscales, lo que ha provocado un hecho insólito. El tipo efectivo del Impuesto de Sociedades cayó entre 2005 y 2009 nada menos que un 32,2%, según las cifras de la Agencia Tributaria. O lo que es lo mismo, ha pasado de un 24,5% al 16,7%, casi la mitad que el tipo nominal. Y eso que formalmente se sitúa en el 30% para las grandes empresas y en el 25% para las pequeñas.

Hoy, el tipo real o efectivo sobre la base liquidable que se paga en el Impuesto sobre la Renta (el 80% de los ingresos corresponde a los asalariados) se sitúa en el 17,6%, incluso por encima del aplicado en el impuesto que grava los beneficios empresariales.

El ‘agujero’ para Hacienda no acaba ahí. El aumento de las provisiones bancarias para cubrir la nueva valoración de los activos inmobiliarios provocará una reducción sustancial de los beneficios empresariales, y, de manera indirecta, esto también mermará la recaudación del Impuesto de Sociedades.

Las cifras que se barajan sobre el volumen de las provisiones se sitúan entre 40.000 y 50.000 millones de euros, aunque todavía se desconoce de dónde saldrá ese montante. Lo que está hoy sobre la mesa es que una parte salga de su cuenta de resultados y otra de sus propias reservas.

Según un experto del sector financiero con muchos años en el Banco de España, el saneamiento le puede costar a Hacienda “unos tres o cuatro mil millones de euros”, aunque lo más probable que es que se haga en dos años para limitar tanto su impacto fiscal como sus repercusiones sobre las cotizaciones de los bancos al distribuir menos beneficios. En caso de que las provisiones se hagan contra reservas, su impacto sería nulo en términos fiscales.

Pero si alguna entidad entra en pérdidas con el nuevo sistema de provisiones, esos resultados negativos se convertirían en crédito fiscal. El efecto negativo, por lo tanto, se concentraría en el primer año, mientras que a medio y largo plazo se iría diluyendo.