Montoro amenaza con meter en la cárcel a los que incumplan los objetivos de déficit

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este miércoles que se modificará la Ley de Transparencia del Gobierno para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto. En declaraciones a la Cadena Ser, Montoro ha señalado que "un gestor público, sea un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto", y ha indicado que los gestores públicos que "falsean" la contabilidad deben afrontar las mismas responsabilidades penales que los gestores privados que cometen igual delito. "Lo que no es correcto son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables".

El ministro pronunció ayer la palabra maldita: ‘intervención’. Pero -sorpresa- no se refirió al Reino de España, como hasta la fecha se ha manejado en el seno de la Unión Europea, sino que la intervención se aplicaría a las comunidades autónomas en caso de que incumplieran de forma sistema sus objetivos de déficit o falten a sus compromisos  de pago.

El titular de Hacienda matizó que no se trata de anular el autogobierno de las comunidades autónomas tal y como prevé la Constitución en determinadas circunstancias, sino sólo en términos ‘hacendísticos’, lo que lisa y llanamente significa que la Hacienda central tendría potestad para tomar las riendas de la economía de una región para enderezar la situación, lógicamente con la participación del gobierno autonómico afectado. Exactamente igual, sostuvo Montoro, que como ha funcionado la intervención de la 'troika' en países como Grecia o Portugal, pero en este caso a nivel regional.

La ‘intervención’ de alguna comunidad autónoma no está, por el momento, sobre la mesa, al menos de forma oficial, pero lo que sí está claro es que el Ejecutivo reiteró ayer que no dejará caer a ninguna comunidad autónoma. En palabras de Montoro, “el Gobierno de España se hace responsable de que ninguna comunidad tenga problemas de liquidez”. Casi lo mismo que dijeron Merkel y Sarkozy en los momentos de mayor presión sobre Grecia: ‘No permitiremos que ningún país abandone el euro’, dijeron para calmar a los mercados.

¿Y cómo se hará esto? Pues a través de media docena de medidas que aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que agrupa a los consejeros de Hacienda y a la Administración central, lo que  explica que ayer los representantes autonómicos salieran satisfechos de la reunión, incluso los territorios que durante los últimos meses no se han cansado de reclamar al Gobierno central impagos derivados de la aplicación del actual modelo de financiación a cuenta del Fondo de Competitividad. Léase, Cataluña. O mejor dicho, su conseller de Finanzas, Andreu Mas-Colell

Y es que, como ironizó ayer Montoro tras la reunión, la situación económica de las comunidades autónomas es de ‘rigor mortis’, lo que significa que ninguna administración territorial tiene capacidad para aguantar el pulso a la Administración central. Máxime cuando una reciente sentencia del Tribunal Constitucional habilita al Gobierno central a obligar a las comunidades autónomas a lograr estabilidad fiscal y a sancionar los incumplimientos en su caso.

Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay comunidades como Canarias o Extremadura que son altamente dependientes de las transferencias del Estado. Un 55% de sus ingresos en el primer caso y un 42% en el segundo, por delante de Galicia (30%), Andalucía (27%) o Castilla-La Mancha (26%), lo que las convierte en altamente vulnerables a las decisiones del Gobierno central.

Morosidad pública

Las comunidades autónomas tienen, además, necesidades urgentes de liquidez, y con ese objetivo ayer se decidió que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) habilite una línea de crédito destinada a pagar a los proveedores.

Regiones y ayuntamientos tendrán acceso a esa financiación privilegiada -‘como los bancos’, sugirió Mas-Colell- , y según dijo Montoro, la Intervención General vigilará para que ese dinero no se destine a pagar gasto corriente, sino que vaya a saldar las deudas contraídas por las haciendas territoriales con el sector privado. Se desconoce la cuantía, pero habitualmente se ha manejado la cifra de unos 30.000 millones de euros de morosidad pública.

La idea no es nueva, y de hecho ya funciona en el ICO para los municipios, pero ha fracasado, lo que puede explicarse en parte por los altos tipos de interés que hay que pagar. En todo caso, estará lista próximamente, aunque sin fecha prevista, según dijo el secretario de Estado de Economía, Fernando Giménez.

La batería de medidas para lograr liquidez incluye también el pago inmediato de los anticipos correspondientes a las liquidaciones de 2010. Igualmente, y como ya había anunciado Montoro, las comunidades tendrán diez años, y no cinco, para devolver los excesos pagados por Hacienda en 2008 y 2009, los años más duros de la crisis. Unos 6.000 millones en el primer caso y unos 25.000 millones, en el segundo. El Gobierno central, al mismo tiempo, se compromete a reducir los plazos de autorización de endeudamiento de tres a dos, y, al mismo tiempo, sólo será necesaria una autorización (en lugar de dos) para que las comunidades autónomas puedan refinanciar sus deudas.

El Gobierno, por el momento, no se compromete a avalar el nuevo endeudamiento de las comunidades autónomas para que éstas puedan financiarse más barato que en los mercados mayoristas (que además están cerrados), pero a tenor de lo dicho ayer, todo indica que esta posibilidad será una realidad en un plazo no determinado. Está en la ‘recámara’, dijo de forma irónica Montoro. De hecho, se ha creado ya un grupo de trabajo a tales efectos.