El Gobierno acelera la reforma laboral sin el respaldo de los agentes sociales

La suerte está echada. El Gobierno tendrá que hacer su propia reforma laboral sin el respaldo de sindicatos y empresarios. Era inevitable y todos los implicados en la negociación sabían que no habría de acuerdo, pero el Ejecutivo ha querido apurar hasta el último minuto para cargarse de legitimidad y argumentos ante los agentes sociales. Y ahora, toca legislar.

¿Cuándo? El Gobierno no suelta prenda -se limita a decir que antes de que finalice el actual trimestre-, pero algunos expertos dudan de que esté en condiciones de hacerlo de forma inmediata. Entre otras razones, porque la ministra Bañez ha cambiado a todos los altos cargos de su departamento, y eso, sin duda, retrasará la toma de decisiones. La cercanía de las elecciones andaluzas influye también en el calendario.

Lo que si parece claro es que en la reforma se incluirá la negociación colectiva pese a que sindicatos y empresarios han reclamado al Gobierno que no toque este asunto al tratarse de una materia de su absoluta incumbencia.

Según fuentes conocedoras del proceso, la base de la reforma laboral del Gobierno serán las 71 enmiendas que presentó el Grupo Popular en el verano de 2010 durante la tramitación parlamentaria de los cambios legislativos aprobados por el anterior Gobierno, y que se referían a modelos de contratación, bonificaciones y negociación colectiva. Entre las reformas concretas hay que situar una mayor facilidad de las empresas para descolgarse de un convenio de ámbito superior, mayor flexibilidad interna en los centros de trabajo (favoreciendo la movilidad funcional y geográfica) y la simplificación de los actuales modalidades de contratación.

El llamado ‘contrato único’ está fuera de la agenda, pero es probable que se avance en una nueva modalidad con despido más barato. En concreto, se trataría de generalizar el uso del actual contrato de fomento, el que conlleva 33 días de indemnización por despido improcedente. En las enmiendas presentadas por el PP, se reclamó que para acceder a este contrato fuera suficiente estar 15 días en paro. La reforma del anterior Gobierno establece tres meses y con limitaciones en el número de colectivos que pueden tener acceso a este contrato.

Diálogo social

Sindicatos y empresarios, como se sabe, cerraron la pasada semana  una serie de acuerdos sobre materias de menor calado que sirven para desbloquear el diálogo social, pero poco más. Hubo acuerdo sobre solución extrajudicial de los conflictos colectivos, formación profesional, absentismo y mutuas, racionalización de días festivos, jubilaciones anticipadas y bonificaciones en los expedientes de regulación de empleo. Pero no lo hubo, sin embargo, en los asuntos centrales de la reforma laboral, que tienen que ver con las diferentes modalidades de contratación, la intermediación y la flexibilidad en los centros de trabajo. Tampoco sobre las altas y bajas por incapacidad temporal por contingencias comunes ni sobre el fondo  de capitalización de los trabajadores, el llamado ‘modelo austriaco’.

En todo caso, y aunque el Gobierno legisle, UGT, CCOO y las patronales CEOE y Cepime se han comprometido a seguir negociando los salarios durante este año y “orientar” su evolución durante el trienio 2012-2014, abordando, al mismo tiempo, la estructura de la negociación colectiva.

Este es, en realidad, el meollo del asunto, ya que el Gobierno siempre ha dicho que si no había un acuerdo en las fechas fijadas, legislaría en coherencia con el mandato de las urnas. La ministra Bañez siempre ha incluido la negociación colectiva entre las materias a reformar por el Gobierno, y eso es, precisamente, lo que quieren evitar sindicatos y empresarios.