El Tripartito disparó en 5.000 millones la deuda de las empresas públicas catalanas

El agujero generado por las empresas de comunidades y ayuntamientos al que Mariano Rajoy quiere poner coto tiene nombre y apellidos. Según los datos del Banco de España hasta septiembre, Cataluña vio cómo la deuda de su sector público empresarial se disparaba en más de 5.000 millones durante los años de Gobierno tripartito. De hecho, llegó a sobrepasar los 8.000 millones de euros en el primer trimestre de 2011, cuando el convergente Artur Mas daba sus primeros pasos al frente de la Generalitat. La comunidad catalana acumula a día de hoy la mitad de las obligaciones de todos los entes públicos autonómicos, que se elevan a 15.495 millones de euros.

Los socialistas catalanes (PSC), Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) suscribían a finales de 2003 el Pacto del Tinell, por el que unían fuerzas para acceder al gobierno de la autonomía bajo la presidencia de Pasqual Maragall. La entente se mantuvo tras los siguientes comicios de noviembre de 2006, ya con el ex ministro José Montilla al frente del PSC, y se prolongó hasta la llegada de CiU al poder a finales de 2010. La deuda en las empresas públicas que se encontró el Tripartito apenas alcanzaba los 2.613 millones en 2003. Siete años después el agujero se había incrementado en 5.076 millones. Estaba en 7.689 millones en el cuarto trimestre de 2010 y en 8.003 en el primero de 2011. Todo un récord.

No hay ninguna comunidad que siquiera pise a los talones a Cataluña en cuanto a deuda de su sector público empresarial. Valencia y Madrid, que le hacen compañía en el pódium, presentan un desequilibrio de 1.694 y 1.641 millones, respectivamente. La deuda catalana no sólo es la mitad de la que acumula el conjunto de empresas dependientes de comunidades autónomas, sino que supone una cuarta parte del agujero total de los entes públicos autonómicos y locales, que se dispara hasta los 24.785 millones de euros, el equivalente a todo el presupuesto inicial del Ministerio de Trabajo para 2011 o cinco veces los fondos consignados para Fomento, el departamento inversor por excelencia.

Como se ha denunciado desde diferentes instancias, las comunidades autónomas han venido utilizando este tipo de sociedades para desviar inversiones, ya que el gasto de estas empresas no computa como déficit. Sin ir más lejos, el Círculo de Empresarios recordaba en un reciente informe que dichas compañías son “un mecanismos de posible indisciplina fiscal” y apuntaba que “resulta muy significativo que las comunidades autónomas más endeudadas sean precisamente las mismas que mayor número de entes y empresas públicas han creado a lo largo de los últimos años”. En efecto, Cataluña, la autonomía más endeudada con 39.268 millones de euros -una tercera parte del total-, es la que más sociedades tiene registradas.

Una quinta parte de todas las empresas

Según los últimos datos de Hacienda, contenidos en el Informe sobre la reordenación del Sector Público Autonómico, Cataluña mantiene 454 sociedades públicas, una quinta parte del total de 2.290 que se apuntan todas las comunidades autónomas. Aunque la Generalitat se comprometió en marzo de 2010 a rebajar en 67 el número de empresas, apenas lo había hecho en dos a 1 de julio de 2011. “En lugar de reducir sólo servicios públicos, vamos a reducir los salarios, vender empresas públicas e introducir nuevas tasas”, aseguraba el presidente de la Generalitat en una reciente entrevista a Bloomberg, apenas días antes de abonar in extremis la paga extra de los funcionarios.

El Gobierno dejó claro el pasado viernes tras el Consejo de Ministros que exigirá a las comunidades autónomas que cumplan el compromiso de reducción de entes pactado con el Gobierno socialista en marzo de 2010 y que hasta ahora ha sido papel mojado. El denominado Acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas y locales recogía un compromiso de eliminación de 514 entes autonómicos de los 2.359 contabilizados. Un año después, a 1 de julio de 2011, apenas se habían suprimido 69, el 13,4%. Los números demuestran que las autonomías se han limitado a dar largas a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hace dos años.

Según los datos que maneja el Gobierno a través de la Intervención General del Estado (Igae), más de 4.000 compañías conforman el entramado societario dependiente de las administraciones públicas. Y el problema no es baladí. Cómo publico El Confidencial, los entes públicos de comunidades y municipios tienen comprometidos créditos con instituciones financieras por valor de 17.114 millones, de los cuales 1.448 vencen en los próximos doce meses.