Zafarrancho de combate de las grandes eléctricas contra “las alcaldadas de Industria”

Hartas ya de estar hartas. La calma chicha mantenida en los últimos meses por las grandes empresas eléctricas amenaza con estallar en una aparatosa tormenta jurídica después de que el Gobierno haya consumado la tramitación parlamentaria de la célebre reforma energética, más popularmente conocida en el sector como el “impuestazo de la luz”. Los nuevos tributos, tasas y demás gravámenes a la generación eléctrica van a ser repudiados con una amplia batería de demandas en los tribunales, el último lugar donde los reyes del kilovatio quieren elevar sus reivindicaciones mercantiles una vez confirmada la falta total de entendimiento con el ministro José Manuel Soria.

Tras varios años de permanente y descarada rivalidad por el liderazgo del mercado, Endesa e Iberdrola han decidido cerrar filas para replicar con todas las consecuencias lo que ambas empresas consideran como un desafío a la estabilidad de su negocio. La fuerte personalidad de Ignacio Galán se ha mezclado con la capacidad de influencia de Borja Prado, toda vez que ambos dirigentes se han sentido agraviados por una regulación que dista mucho de los objetivos y expectativas que se plantearon hace justo un año, cuando el Partido Popular llegó al poder.

La batalla política está perdida y los observadores más suspicaces creen que la próxima batalla legal no es más que un recurso al pataleo ante la estrategia de hechos consumados adoptada por el Ministerio de Industria. Pero los representantes de las grandes sociedades cotizadas del sector energético no pueden quedarse de brazos cruzados porque detrás de ellos figuran una legión de intereses que se verán gravemente afectados en cuanto se conozcan las consecuencias económicas de las nuevas medidas fiscales.

El efecto de la “reforma energética” en la cuenta de resultados

Según los estudios preliminares que manejan los técnicos de Endesa e Iberdrola, el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica, aumentado y corregido con diversas enmiendas de ida y vuelta en el Senado y en el Congreso de los Diputados, teñirá de rojo la cuenta de resultados que ambas compañías presentan en el mercado doméstico. Dicho de otro modo, el suministro eléctrico en España habrá dejado de ser un negocio rentable para las principales operadoras nacionales con el riesgo que todo ello comporta en una actividad claramente estratégica para el funcionamiento del país.

El “impuestazo” supone para Iberdrola 1.000 millones de pérdidas y para Endesa puede que sean incluso más, aproximadamente 1.200 millones de agujero en su cuenta de resultados. Con estas cifras, los primeros espadas del sector creen que el Gobierno de Rajoy ha vuelto a las andadas de la época de Aznar, cuando Rodrigo Rato congelaba las tarifas bajo el argumento de que “las eléctricas ganan mucho dinero”.

Luego vinieron los socialistas, que inauguraron la era de los alcaldes reconvertidos en tareas de ministro de Industria. José Montilla, que lo fue en Cornellá; Joan Clos, en Barcelona; o el mismísimo Miguel Sebastián, que fracasó en su intento de despojar a Alberto Ruiz-Gallardón del bastón de mando en Madrid, terminaron de tirar la casa por la ventana con una política energética errática y propensa a la creación de peligrosas burbujas financieras.

Las subvenciones a las renovables, sin ir más lejos, tienen atado de pies y manos al actual titular del departamento. José Manuel Soria, para más señas antiguo alcalde de Las Palmas, no sabe, no quiere o no puede sacar la tijera contra el llamado régimen especial, porque eso implicaría una grave inseguridad jurídica para multitud de inversores internacionales que aprovecharon el esnobismo del despilfarro durante la época de vino y rosas para subirse a la parra de las energías verdes en España.

Lo que ahora tenemos es un ajuste extraordinario de carácter fiscal, nada que ver con una reforma estructural, que ha terminado por enfurecer a todos los operadores del mercado, sin distinción de tecnología ni privilegios oficiales. El primero en pagar las consecuencias ha sido el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, aunque la verdad es que José Manuel Soria se ha mostrado galante y generoso a la hora de colocar a su supuesto hombre de confianza al frente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Otros, probablemente, no tendrán la misma suerte porque la industria española del kilovatio está metida de hoz y coz en un laberinto sin salida, y de ahí el zafarrancho de combate contra eso que, en fuentes del sector, definen como “las alcaldadas del Ministerio de Industria”.

Regulación ex post y de hechos consumados

Las empresas se quejan de una regulación ex post contrapuesta a la que dirige las relaciones en otros Estados de corte anglosajón, donde los Gobiernos de turno tratan de consensuar las decisiones con los operadores. Es cierto que en España este tipo de regulación ex ante no ha sido necesaria porque ningún dirigente político ha tenido que enfrentarse al status quo de un mercado gestionado a partir de lo que se conoce como un oligopolio natural regulado.

Pero la crisis se está demostrando demasiado larga y profunda, por lo que ya no valen paños calientes ni salidas a medias de esas que terminan en gol seguro. Al sector eléctrico le han colado uno muy grande por toda la escuadra y sus máximos responsables han decidido ahora que la mejor defensa es un buen ataque. Todo ello explica la parada técnica con la que tratan de anticipar el cierre de Garoña justo cuando el Ministerio de Industria empezaba a hacerse los dedos huéspedes tras llegar a un acuerdo de principio para prorrogar otros diez años la vida útil de la central burgalesa.

El ministro Soria no entiende que Nuclenor justifique ahora su drástica decisión con el argumento económico de eludir el nuevo impuesto al combustible nuclear introducido por la reforma energética y que, en el caso de la planta burgalesa de Garoña, supone un sobrecoste de 150 millones de euros. Los cálculos oficiales señalan que el lucro cesante provocado por el cierre se eleva a 400 millones anuales, por lo que la empresa explotadora dispone de margen suficiente para mantener operativas las instalaciones.

En el Gobierno confían aún que impere la cordura y tanto Endesa como Iberdrola entren por el aro de una política reformista que no ha hecho más que empezar. A buen seguro que el año 2013 ofrece nuevas sorpresas en el sector energético porque, de lo contrario, el déficit de tarifa seguirá creciendo como una bola de nieve de impredecibles consecuencias. Las empresas saben que, a estas alturas de la película, todo es susceptible de empeorar. De ahí la ofensiva en los tribunales y el certificado de desahucio de esa energía nuclear por la que tanto apostó Mariano Rajoy en su oposición al mayor ecologista del Reino que era Zapatero. La muerte dulce de Garoña es sólo la punta del iceberg de un desafío en toda regla, la declaración de una batalla jurídica en ciernes y la demostración de que, aquí y ahora, lo que se juega en el sector eléctrico español no es el huevo, sino el fuero.