La Generalitat espera firmar la venta de ATLL el 27 de diciembre para poder pagar las nóminas

La Generalitat necesita urgentemente el dinero de la privatización de Aigües del Ter Llobregat (ATLL). Su plan pasa por firmar la operación el próximo 27 de diciembre, según apuntan fuentes cercanas a la Administración catalana. El 27 de diciembre es también la fecha que la Generalitat ha fijado para pagar la nómina de diciembre de sus funcionarios, que no se abonó el pasado día 21, como es tradicional en esta fechas, por los problemas de tesorería del Ejecutivo catalán.

El 27, como se ha dicho, es el día clave. También ese día debería realizarse una transferencia del Ministerio de Hacienda de 190 millones por los cursos de formación para los parados. Esta partida, junto a los 298 millones que están estipulados por la privatización de la ATLL, permitirían abonar por fin las nóminas, según explican fuentes próximas a la Administración catalana.

Por ello, el plan es convocar a Acciona y al resto de miembros del consorcio que se llevó la privatización de ATLL. El pliego estipula que el día de la firma se realizaría el primer pago, los 298 millones antes mencionados, sin los cuales la Generalitat no puede abonar las nóminas de sus trabajadores.

Gracias a esta privatización, si todo sale bien, el Gobierno de Artur Mas salvará diciembre. No es la primera vez que sucede este año: el pasado mes de agosto la Generalitat ya tuvo que conseguir un crédito puente de dos meses para sobrevivir al verano debido a los graves problemas de caja.

El 31 de diciembre, previsiblemente, llegarán más fondos a las maltrechas arcas de la Generalitat. Serán los de otra privatización, la de Tabasa y Túnel del Cadí, en un consorcio integrado por el banco brasileño BTG Pactual y Abertis. Aquí caerá otro primer pago de 310 millones, condicionado a que se pueda cerrar la financiación, un crédito sindicado de 240 millones que se espera acordar en los próximos días, según han señalado fuentes financieras.

Sin cerrar la financiación

Si Acciona firma el 27 de diciembre, lo hará sin tener cerrada la financiación, lo que obligará a avanzar los fondos del primer pago, que según el pliego se debe hacer efectivo en el momento de la firma. Tampoco será un problema, dada la probada la solvencia de los Entrecanales.

El consorcio ganador de la privatización de la ATLL lo lidera Acciona Agua (39%) y el banco de inversiones brasileño BTG Pactual (39%) junto a otras sociedades minoritarias que representan a inversores privados, básicamente las familias catalanas Godia y Rodés. La concesión de la ATLL por 50 años implica gestión, explotación y mejora de instalaciones de la red del Ter-Llobregat, sumando tratamiento, almacenamiento y transporte del agua.

Este consorcio se impuso al que lideraba Agbar el pasado mes de noviembre. Sin embargo, ante los retrasos en el calendario que había previsto la Generalitat, Agbar ha estado estos días reagrupando a los socios de su consorcio y a sus bancos para tener los fondos disponibles en caso de que se prolongue el choque entre la necesidad de hacer caja de la Generalitat y las pretensiones de Acciona de cerrar una financiación con mejores condiciones.

Consecuencias políticas del retraso en la venta

La Generalitat quería firmar el día 15 de diciembre, pero no fue posible. El retraso, las tensiones de cajas y la presión jurídica que ha ejercido Agbar al perder el concurso tendrán previsiblemente consecuencias políticas: le podrían costar el cargo al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, que fue el gran defensor de la opción Acciona ante el Consell Executiu. En todo caso, se prevé que después de Navidad se nombren los nuevos consellers. La única posibilidad que tiene Recoder de continuar en su puesto es conseguir que Acciona y sus socios firmen el 27 de diciembre.

El nuevo Gobierno prepara más privatizaciones que puedan inyectar fondos y liquidez y, al mismo tiempo, reducir deuda. Una de las entidades que podrían salir a la venta sería la Agencia Catalana del Agua, que gestiona el parque de depuradoras.