PROPUESTA A BRUSELAS DE LA NUEVA LORCA QUE CREA LAS FUNDACIONES BANCARIAS

Guindos quiere impedir que los cargos ejecutivos se dupliquen en las cajas y sus bancos filiales

El Ministerio de Economía está luchando a brazo partido con la Comisión Europea para garantizar la naturaleza financiera de las llamadas “cajas buenas”, las que no
Foto: Guindos quiere impedir que los cargos ejecutivos se dupliquen en las cajas y sus bancos filiales
Guindos quiere impedir que los cargos ejecutivos se dupliquen en las cajas y sus bancos filiales

El Ministerio de Economía está luchando a brazo partido con la Comisión Europea para garantizar la naturaleza financiera de las llamadas “cajas buenas”, las que no necesitan ayudas del Estado, pero la victoria de Luis de Guindos puede resultar pírrica para los intereses de los más ilustres representantes del sector. El precio que el Gobierno ofrece a Bruselas supondría la prohibición de simultanear cargos dentro del mismo grupo financiero de modo que los consejeros ejecutivos de una entidad bancaria no podrían serlo también de la caja de ahorros correspondiente.

La medida puede suponer una importante merma de poderes para Isidro Fainé, Braulio Medel o Mario Fernández como responsables entronizados al frente de Caixabank, Unicaja Banco y Kutxabank. Los tres dirigentes ostentan de manera respectiva el máximo puesto ejecutivo en sus flamantes entidades y son al mismo tiempo presidentes de las cajas de ahorros que actúan como sociedades matrices, por lo que el cambio de regulación puede desencadenar una reestructuración profunda en las cúpulas de mando de estos grupos financieros.

Luis de Guindos necesita argumentos para salvar de la quema a las grandes cajas de ahorros que han salido por la puerta grande después de los test de estrés de Oliver Wyman demostrando que sus balances están más limpios que una patena. A partir de esta premisa y teniendo en cuenta las mayores cautelas que exige una negociación a cara de perro con el comisario Joaquín Almunia de por medio, el Ministerio de Economía ha elaborado una propuesta normativa para modificar el Real Decreto 11/2010 de 9 de julio que dio vida a la llamada ley de órganos rectores de las cajas de ahorros, más conocida como la LORCA.

El objetivo principal que orienta la nueva regulación, de la que ya se llevan discutidos hasta cuatro borradores alternativos, se resume en garantizar el “ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas de ahorros”, una condición básica que ya está contemplada en la normativa vigente pero que fue puesta en tela de juicio tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MOU) suscrito por España el pasado mes de julio. El Gobierno trata ahora de mantener el difícil equilibrio que exigen los nuevos compromisos con la Unión Europea sin quebrantar las garantías que previamente fueron otorgadas a los representantes de las grandes cajas de ahorros y especialmente al presidente de la CECA y de La Caixa, Isidro Fainé.

En esta compleja encrucijada el ministro ha tirado por un camino intermedio que sigue la senda trazada por la troika y sus hombres de negro, pero que incluye algunos vericuetos excepcionales para separar el grano de la paja entre unas y otras entidades confederadas. La frontera se construye a partir del Código de Comercio, de manera que las cajas que dispongan del control efectivo de sus bancos filiales, manteniendo en todo caso un 25% de los derechos de voto de su entidad de crédito participada, podrán sobrevivir con su actual naturaleza financiera bajo ese eufemismo de “fundación bancaria”. El resto, una inmensa mayoría, deberán transformarse en fundaciones de carácter especial, sin ninguna actividad financiera, sometidas al control del Gobierno central o de su correspondiente Comunidad Autónoma en función a su marco de actuación territorial.

El planteamiento oficial está engrasado con la pócima de un estricto gobierno corporativo que, a fin de cuentas, constituye el principal sortilegio y la mejor baza de Luis de Guindos a la hora de persuadir a las autoridades de Bruselas. En este marco se subraya precisamente una disposición en virtud de la cual “será incompatible ostentar el cargo de consejero ejecutivo en la entidad bancaria si se ostenta un cargo equivalente en la Caja de Ahorros correspondiente”. A buen entendedor no hacen falta más palabras para indicar que los presidentes tampoco podrán duplicar su tarjeta de visita y deberán ceder uno de los dos sillones, bien sea en la caja o en el banco filial.

La nueva LORCA se esmera en evitar cualquier suspicacia sobre el futuro modelo de gestión de las “cajas buenas” y para ello establece la obligación de un protocolo de actuación que separe claramente, como si fuera una muralla china, las relaciones entre los órganos de gobierno de estas cajas de ahorros y sus entidades financieras. Las fututas “fundaciones bancarias” deberán contar además con “políticas específicas sobre el ejercicio de sus derechos en los bancos, incluidos los criterios para la elección de consejeros y los que rigen sus estrategias de inversión”.

Políticos y sindicatos, fuera

La reforma de las cajas que propone el Ministerio de Economía frena en seco cualquier tentación de maniobra política dentro de las cajas e impide que ningún cargo electo de un partido político o sindicato puede  ejercer como miembro de los órganos de gobierno dentro de las nuevas “fundaciones bancarias”. La representación de las Administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público no podrá superar en su conjunto el 25% de los derechos de voto dentro de las cajas de ahorros que mantengan su naturaleza financiera.

El Gobierno trata así de mostrar una línea dura de actuación que garantice un modelo profesional de gestión en las cajas y ponga de relieve el inequívoco espíritu reformista dentro del sistema financiero español. Sólo hace falta que los grandes cajeros sepan también adaptarse al cambio y que la Unión Europea se muestre flexible con España a la hora de ejecutar las más estrictas condiciones del rescate bancario.

Economía
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