El disputado voto del Sr. Abogado

Cinco años después, los letrados de Madrid vuelven a su cita con las urnas. El próximo 18 de diciembre, los más de 65.000 colegiados tendrán que elegir al presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Y como ocurrió en la anterior ocasión, el interés por el cargo está dando lugar a una campaña reñida y competida fruto de la concurrencia de propuestas. Además del decano saliente, el catedrático y abogado Antonio Hernández-Gil, aspirante a la reelección, otras dos alternativas juegan sus opciones: la abanderada por Javier Cremades, socio fundador de Cremades y Calvo-Sotelo y candidato por segunda vez; y la encabezada por Sonia Gumpert, socia de Monereo, Meyer, Marinello. Junto a ellos, otros dos abogados, Ignacio Peláez y Josefa García Lorente, completan el plantel de candidaturas.

Enterrado ya el pacto tácito existente entre los cuatro grandes despachos con sede en Madrid, el mismo que permitió a Luis Martí Mingarro ocupar el cargo durante 17 años, la disputa por el decanato se ha convertido en una campaña electoral abierta, a cara de perro. Rota esa vieja alianza entre los Garrigues, Uría Menéndez, Cuatrecasas y Gómez-Acebo y Pombo, la capacidad de movilizar voto emerge como un elemento clave para lograr la victoria, sobre todo si se tiene en cuenta que a pesar del número de colegiados la participación oscila en torno a un 10% del colectivo. En este contexto de escasa movilización, un aspirante puede resultar ganador con una marca inferior a los 4.000 votos, como ocurrió la última vez con Hernández-Gil, y más aún si se tienen en cuenta que el voto de un colegiado ejerciente vale el doble.

Para esta cita, Javier Cremades y Sonia Gumpert han jugado fuerte desde el principio, incluso antes de que Hernández-Gil, obligado a cumplir el calendario oficial, pudiera decir si optaría a la reelección. La abogada madrileña, la aparente tapada de este pulso por el decanato, fue la primera en mover ficha para darse a conocer y recurrió a campañas de marketing telefónico y de mailing para contactar con los colegiados de Madrid, herramientas que luego ha usado también alguno de sus adversarios. Con un registro muy diferente, el golpe de efecto de Cremades para ir abriéndose paso, aprovechando su capacidad de convocatoria, fue la celebración de un acto sobre el futuro de la abogacía en la sede madrileña de Cuatrecasas bajo el madrinazgo de la socia Pilar Cavero, dando a entender la filiación de uno de los grandes.

Por su parte, Antonio Hérnández-Gil ha sido el último en mostrar sus cartas, despejando con su lista paritaria algunas de las incógnitas pendientes de resolver. A pesar de no contar esta vez con José María Alonso como número dos de su formación, situación que en la cita anterior provocó cierta polémica por lo que suponía que el entonces socio-director de uno de los cuatro grandes, en este caso Garrigues (más de 2.000 abogados), se pronunciara abiertamente a favor de un candidato. Más aún, la abrupta salida de Alonso de la dirección de Garrigues y su posterior fichaje por Baker & McKenzie habían hecho pensar que esta vez el prestigioso bufete guardaría las distancias con Hernández-Gil, especulación que ha quedado desbaratada al contar en su lista con la presencia de José Ramón Martínez, socio de Mercantil del despacho. Algunos temas de interés general, como el acceso a la profesión o el reciente debate generado por la aprobación del sistema de tasas judiciales no forman parte del debate electoral

En esta cita, los principales puntos de fricción y polémica han surgido en torno a la candidatura de Gumpert. El primero y fundamental, al menos entre una parte de los colegiados, gira en torno al peso e interés que el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) desempeña en su candidatura, de la que forma parte su director, Juan José Sánchez Puig. La capacidad de movilización de este centro de formación jurídica entre sus exalumnos y sus intereses cruzados con el mundo editorial se han convertido en objeto de discrepancia y sospecha. Sin embargo, ha sido la acusación de catalanizar el ICAM el factor que ha generado más polémica, hasta el punto de provocar una controvertida respuesta por parte de Gumpert a la “caza de brujas” que, lejos de zanjar el debate, ha dado pie a comentarios más allá del mundo de la abogacía.

Al margen de estas refriegas, las propuestas de las candidaturas tocan distintos aspectos que incumben al mundo de la abogacía, cada una haciendo énfasis en los puntos que consideran más relevantes. Así, el candidato Javier Cremades, al que acompañan figuras como Gaspar Ariño, María Dolores Márquez de Prado, Miguel Riaño y Manuel Lamela, ha construido el eje de su programa en torno a la necesidad de convertir al colectivo de abogados en un interlocutor activo y de peso en la vida pública, apelando a la fuerza que en otro tiempo tuvo como referente social. Por su parte, en el programa de Gumpert, especialista en Procesal, a la que acompaña un nutrido grupo de profesionales independientes, tiene especial peso el colectivo del turno de oficio, uno de los problemas más candentes en la abogacía de Madrid.

Por otro lado, el aspirante a la reelección ha formado una candidatura paritaria en la que cuenta con un plantel multidisciplinar de diputados, aunque compuesto en su mayoría por nombres vinculados a grandes firmas o corporaciones como Garrigues, DLA Piper, PWCoopers, Dutilh, Banesto, Zarraluqui, UNED… Aunque el propio Hernández-Gil asume que su figura se asocie a una candidatura oficialista, criticado por no querellarse en el caso de las escuchas de Garzón, la base de su programa se sostiene sobre dos objetivos para el conjunto de los abogados: la creación de una Mutua de Asistencia Sanitaria, pendiente del visto bueno de la Dirección General de Seguros, y la reforma del Estatuto del ICAM, congelado hasta ahora a la espera del nuevo Estatuto General de la Abogacía que no termina de llegar.

En las últimas semanas, varios de los candidatos han hecho campaña puerta a puerta, visitando los principales despachos con sede en Madrid, al tiempo que convocaban actos y foros para dar a conocer su programa. Incluso los debates por redes sociales han tenido su momento. Sin embargo, el perfil tan heterogéneo que define a los 65.000 colegiados hace que resulte difícil agrupar todos los intereses corporativos, como sí hacen otros colectivos profesionales, como notarios o registradores. Y aún así, algunos temas de interés general, como el acceso a la profesión o el reciente debate generado por la aprobación del sistema de tasas judiciales no forman parte del debate electoral. En cualquier caso, la rivalidad existente pone de manifiesto que el disputado voto de los abogados de Madrid bien podría merecer una novela del propio Miguel Delibes.