Díaz Ferrán lo niega todo y culpa a su socio fallecido, Gonzalo Pascual

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decretado hoy prisión para Gerardo Díaz Ferrán, eludible con una fianza de 30 millones de euros, tras tomarle declaración como parte de la "Operación Crucero". El expresidente de la CEOE ingresará previsiblemente en las próximas horas en la cárcel madrileña de Soto del Real. El juez Velasco le ha imputado los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Díaz Ferrán por su parte, ha negado todas las acusaciones y ha culpado a su socio fallecido, Gonzalo Pascual,  señalado que las labores ejecutivas y el día a día de la organización le correspondían él, según fuentes jurídicas. El expresidente de la CEOE, ha reconocido también que vendió su patrimonio para evitar ser embargado, aunque aún mantiene un piso en la ciudad de Nueva York como propiedad.

Además, el fiscal ha pedido prisión incondicional para el socio de Díaz Ferrán, Ángel de Cabo, y su colaborador Iván Losada por haber creado presuntamente una trama empresarial con la finalidad de ocultar los bienes de su anterior propietario.

El juez Velasco cree que Díaz Ferrán obtuvo 30 millones de euros en la "trama urdida" con su socio ya fallecido, y el empresario valenciano Ángel de Cabo, que han "maquinado operaciones para, lucrándose, repartirse efectivo y patrimonios, detrayéndolos a sus legítimos acreedores" de Marsans.

Fuentes presentes en la Audiencia han declarado que el exjefe de empresarios se sentía "abatido" durante la comparecencia, en la que ha negado que exista una trama para ocultar sus bienes de los acreedores de Viajes Marsans.

Según fuentes jurídicas, el juez ha dictado esta medida cautelar después de tomar declaración a Díaz Ferrán durante algo más de una hora. Después, el expresidente de la CEOE ha sido conducido a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por otra causa, relacionada con un crédito de Caja Madrid por valor de 26,6 millones de euros. 

La fianza de 30 millones de euros, se sitúa a la cabeza de las más altas fijadas en España a título individual, al igualar los 30 millones de euros que la Audiencia Nacional impuso al empresario Javier de la Rosa en 1999 dentro del caso Torras.

Tras la comparecencia de Díaz Ferrán y del supuesto testaferro, Antonio García Escribano, que se ha negado a declarar, el juez Velasco ha comenzado a interrogar a su socio el empresario valenciano Ángel de Cabo. El fiscal ha pedido prisión incondicional para él.

Según las investigaciones, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, vendieron a De Cabo el grupo turístico Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que el empresario valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros.

En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y Pascual.

Además de Díaz Ferrán y De Cabo, entre los detenidos que hoy han pasado a disposición judicial también figura Iván Losada, la mano derecha del empresario valenciano en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.

También serán interrogados el resto de detenidos, entre los que destaca el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido, la secretaria del empresario valenciano, Susana Mora, y el responsable financiero Carmelo Estéllez Jimenez.