EL EJECUTIVO SE APOYA EN UN ACUERDO DE SALVAGUARDA DE 2010

El Gobierno amenaza con romper la fusión de Iberia con British por incumplir el contrato

En pleno día de huelga general, el Gobierno nunca ha estado tan de acuerdo con los sindicatos para oponerse al órdago lanzado por International Airlines Group
Foto: El Gobierno amenaza con romper la fusión de Iberia con British por incumplir el contrato
El Gobierno amenaza con romper la fusión de Iberia con British por incumplir el contrato

En pleno día de huelga general, el Gobierno nunca ha estado tan de acuerdo con los sindicatos para oponerse al órdago lanzado por International Airlines Group (IAG) para despedir a 4.500 empleados de Iberia. Fuentes próximas al ejecutivo que dirige Mariano Rajoy han asegurado que el Ministerio de Fomento está analizando las cláusulas por las que se puede romper la fusión con British Airways, aprobada hace dos años.

Esas cláusulas están incluidas en lo que en octubre de 2010 se llamaron las “Salvaguardas”, principios que deberían respetarse durante un plazo inicial de cinco años. Es decir, hasta 2015 cualquiera de las dos partes tiene la opción de decidir si no quiere seguir la integración y volver a ser independiente, tal y como solicitó ayer el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA).

En su momento, IAG, la sociedad fusionada, Iberia y British Airways establecieron un mecanismo para “supervisar el cumplimiento de las determinadas cláusulas a nivel del consejo y de los accionistas que se exponen en el Contrato de Salvaguardas”. El acuerdo de fusión añadía también que “la estructura accionarial que se establecerá para preservar las licencias de rutas existentes también ayudará a supervisar el cumplimiento de las Salvaguardas”.

La primera de estas condiciones indicaba que “Iberia Operadora y British Airways seguirán operando como aerolíneas, manteniendo sus respectivas sedes principales en España y el Reino Unido, y cada una de ellas conservará sus propias licencias de explotación y certificados de operador aéreo, y mantendrá sus códigos”. A este párrafo se quiere acoger el Gobierno para evitar que IAG ponga el práctica el segundo mayor expediente de regulación de empleo (ERE) de España en los últimos años, tras el anunciado el pasado año por Telefónica (6.500 personas).

Fuentes ministeriales han confirmado el profundo malestar del titular de Industria, José Manuel Soria, el de Economía, Luis de Guindos, y la de Fomento, Ana Pastor. Desde el Ejecutivo se está en completo desacuerdo con la gestión realizada por el presidente no ejecutivo, Antonio Vázquez, y por el consejero delegado, Rafael Sánchez-Lozano. Curiosamente, este último fue nombrado por Miguel Blesa antes de su reemplazo por Rodrigo Rato, quien lo mantuvo en el cargo, igual que a Vázquez.

Sin embargo, la participación del 12% de Bankia en IAG es ahora propiedad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía. O lo que es lo mismo, del Estado, que puede ejercer determinados derechos de veto sobre la gestión y que tiene la potestad de nombrar al consejero delegado. El enfrentamiento del Gobierno es tal que no se descarta proponer el relevo del número dos de la aerolínea, vinculado desde hace más de una década a la antigua Caja Madrid.

Fuentes próximas al directivo han reconocido el temor a que desde Industria y Economía se promueva su salida de la compañía, participada también de forma minoritaria por El Corte Inglés. Los otros accionistas de referencia son las gestoras de fondos Blackrock, Templeton, ambas con un 5%, y Schroder, con un 3,1%.

Enfado y discriminación

Desde el Gobierno no se entiende cómo IAG ha eliminado un vuelo directo a Johannesburgo (Sudáfrica) operado por Iberia, “que iba lleno, tanto de pasajeros como de carga”, por otro que obliga al pasajero español a ir de Madrid a Londres para enlazar posteriormente con la ciudad africana. Lo mismo ocurre con algunos vuelos a Miami, según fuentes de la línea española de bandera.   

Una discriminación que el citado acuerdo de Salvaguardas exponía claramente: “La evolución de uno de los centros (Barajas y Heathrow) no debe ir en detrimento del otro, su cartera existente de destinos clave y su potencial de crecimiento, salvo que dicha evolución represente un beneficio económico, o de otra naturaleza, significativo para el Grupo Integrado; en consecuencia, no debe trasladarse ningún destino de un aeropuerto a otro a menos que el traslado represente un beneficio económico significativo, o de otra naturaleza, para el Grupo Integrado”.

El contrato añade en otro apartado que “los socios de la sociedad de nacionalidad –Bankia, ahora el FROB, y El Corte Inglés-, y la propia sociedad tendrán en consideración los mejores intereses de los accionistas de IAG que tengan nacionalidad española y cuyas acciones o intereses sobre acciones consten inscritos en el registro independiente mantenido por IAG a tal efecto”.

Por todos estos motivos, el Gobierno quiere proteger los intereses de Iberia “para que los ingleses no se queden con la T-4, que ha costado 7.000 millones”. Una situación que contrasta con los continuos obstáculos que el regulador británico ha impuesto a Ferrovial, dueño de BAA, el propietario de los principales aeropuertos del Reino Unido.

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