El código de buenas prácticas bancarias sólo ha beneficiado a 130 familias en toda España

El código de buenas prácticas bancarias, que se presentó en marzo como solución para los casos de riesgo de exclusión social, ha fracasado estrepitosamente. Según fuentes del sector, sólo se han beneficiado de él entre 120 y 130 familias en toda España, por las condiciones tan restrictivas que impone para poder acogerse a él. Este fracaso es lo que ha provocado que PP y PSOE estén negociando una nueva fórmula para evitar los desahucios, que entre otras cosas incluirá una relajación de esos requisitos y el carácter obligatorio del código cuando estos se cumplan. En este sentido, el Gobierno pretendía aprobar un real decreto de urgencia sin consensuarlo con la banca, pero finalmente ha decidido negociar las nuevas medidas con el sector.

El citado código impone actualmente requisitos como que todos los miembros de la familia afectada estén en paro y que posean una única vivienda, la habitual. Asimismo, exige que esta tenga un valor inferior a 200.000 euros en las grandes ciudades (120.000 en los pueblos pequeños), una cifra claramente insuficiente si la vivienda fue adquirida en los años del boom inmobiliario. Tampoco se pueden beneficiar del código aquellos que cuenten con un aval externo (lo más normal es que sea de sus padres) y hace falta que la letra de la hipoteca suponga más del 60% de los ingresos conjuntos, cuando hay muchas familias que no pueden pagar la hipoteca aunque su coste no alcance ese porcentaje, porque necesitan el resto de los ingresos para hacer frente a los gastos de manutención y servicios básicos.

"Es un código tan restrictivo que sólo se puede aplicar a casos verdaderamente extremos, cuando las dificultades para hacer frente a la hipoteca están mucho más generalizadas en un país con casi seis millones de parados", opinan en una entidad financiera. "Es necesario que se acerque a la realidad de la gente, lo que va a suponer ampliar muchísimo los supuestos en que las familias podrán acogerse a esta norma", añade. Además, el sector espera que el Gobierno imponga la obligatoriedad de aplicar las medidas del código, frente al carácter voluntario actual.

El código contempla una serie de medidas paliativas para los pocos que pueden acogerse a él, como períodos de carencia de hasta cuatro años, alargamiento del plazo de la hipoteca hasta 40 años o incluso quitas de hasta el 50% del valor de tasación. Ahora se trata de que puedan acogerse más familias a estas ventajas con la relajación de los requisitos. Por otro lado, el sector espera que la norma que apruebe el Gobierno oficialice muchas de las prácticas que ya aplican la mayoría de las entidades para evitar llegar a un desahucio.

Además, las nuevas medidas incluirán una modificación de la ley concursal sobre personas físicas, tal como adelantaba ayer El Confidencial. El Gobierno pretende ampliar el régimen de garantías que incluye la ley concursal para personas físicas y emprendedores, de manera que pueda equipararse a la figura empresarial. Asimismo, introducirá un procedimiento extrajudicial de mediación entre los acreedores y las familias para reestructurar la deuda.

Intento de 'puentear' a la banca

Se espera que la primera batería de estas medidas se incluya en un real decreto-ley que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo jueves. Las fuentes consultadas aseguran que la primera intención del Ejecutivo fue presentar una norma de urgencia sin consultar al sector, en una suerte de intento de distanciarse del 'malo' de esta película (frente a las famosas reuniones de Zapatero con los principales banqueros del país). Sin embargo, al final ha dado marcha atrás y ha preferido negociar con la banca. El primer fruto de este proceso fue la moratoria de dos años en los desahucios "en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad" anunciada ayer por la AEB y la CECA.

Según otra de las fuentes, "el Gobierno tiene muchas cosas que pedir a la banca y no puede ponérsela en contra: necesita que las entidades sanas entren en el capital del 'banco malo' antes de fin de mes, que financien el Fondo de Liquidez Autonómica, posiblemente que asuman otra ronda del fondo para pagar a los proveedores... Demasiadas cosas para lanzar una normativa que las perjudica sin negociarlo con ellas". No es la primera vez que el Ejecutivo pretende sacar una norma de urgencia y después tiene que negociarla: ocurrió con la Tasa Tobin, y en ese caso la negociación es con Bruselas.