La amnistía fiscal atrae a mucho defraudador pero recauda poco por las cantidades prescritas

La amnistía fiscal lanzada por el Gobierno para regularizar patrimonios ocultos al fisco va a tener un resultado paradójico: va a tener éxito en cuanto a las cifras de patrimonio regularizado, pero no va a recaudar ni de lejos los 2.500 millones previstos por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, según fuentes conocedoras del proceso. La razón es que el recargo del 10% no se va a aplicar sobre todo el patrimonio regularizado, tal como se pretendía inicialmente, sino sólo sobre el generado a partir de 2008; el anterior se considera prescrito y no tendrá que pagar por regularizarse.

Las fuentes consultadas explican que, inicialmente, la orden ministerial que desarrollaba la regularización no dejaba claro si el 10% debía aplicarse a todo el patrimonio que se iba a regularizar o el generado después de 2007 (ultimo ejercicio prescrito). De hecho, los grandes despachos aconsejaban a sus clientes pagar el 10% del total para no tener problemas, o acudir a regularizaciones tradicionales mediante declaraciones complementarias; en muchos casos, declarar los rendimientos no prescritos suponía una tributación inferior a ese 10% del patrimonio total. Sea como fuere, había calado desde el principio la necesidad de regularizar por el endurecimiento de las sanciones para el dinero negro y la mayor persecución internacional.

Pero en julio la Dirección General de Tributos emitió un informe vinculante que dinamitó todo el proceso. Además de aclarar distintos aspectos técnicos, establecía que la amnistía fiscal era compatible con la prescripción tradicional, lo que significa que no hace falta tributar por el patrimonio generado en ejercicios prescritos. Todo lo que se pueda demostrar que se poseía antes de 2007 puede acogerse a la amnistía sin pagar un euro. Y no es difícil demostrarlo: según un experto fiscalista, la mayoría de ese dinero está en cuentas corrientes y se puede demostrar en qué año se ingresó.

"Esto va a hacer que se pierda mucha recaudación aunque la regularización sea un éxito", según otro fiscalista que añade que, "técnicamente, es poco discutible que no hay que tributar por las cantidades prescritas". Además, esta facilidad a su vez servirá para convencer a más defraudadores para acogerse a la amnistía, puesto que "sale muy barato regularizarse".

El lado positivo de esta regularización masiva es que, a partir de ahora, ese dinero negro entrará en el sistema económico y pagará por las rentabilidades generadas en el futuro. Asimismo, algunos expertos señalan que puede proporcionar un importante impulso a las compras de deuda pública, puesto que estos patrimonios deben invertirse. Lo cual sería un apoyo muy importante para el Tesoro ante la huída de los inversores internacionales de España, que de momento ha sido suplida únicamente por la banca nacional.

Incertidumbres y garantías

Esta escasa recaudación ya se pudo observar en un informe de la Agencia Tributaria que mostraba que hasta julio sólo se habían ingresado 50 millones mediante este procedimiento extraordinario de regularización, frente al citado objetivo de 2.500. Aparte de la prescripción, las fuentes consultadas aseguran que los patrimonios más importantes están esperando a que se acerque el final del plazo (que termina el 30 de noviembre) para regularizarse.

Una de las razones por las que van a esperar hasta última hora es el recurso de inconstitucionalidad presentado en junio por el PSOE contra la amnistía. Este recurso fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional y los grandes defraudadores temen que el Alto Tribunal tumbe la iniciativa y que no puedan beneficiarse de ella... pero que Hacienda ya se haya hecho con sus datos y pueda perseguirlos posteriormente. 

Pero también hay garantías para los que se acojan a la medida. Aparte de permitir aprovechar la prescripción, el informe de Tributos garantiza que la inspección no va a perseguir a los defraudadores que se acojan a la amnistía después de la regularización. Asimismo, la Agencia Tributaria está capacitada para otorgar la exención de responsabilidad a los que se acojan a la misma, siempre que ésta sea veraz y completa.