Pelea en la familia March por una millonaria herencia inmobiliaria

Lío inmobiliario en la alta sociedad. El presidente y propietario de la factoría de animación Zinkia, el aristócrata José María Castillejo y Oriol (conde de Floridablanca), mantiene abierta una pelea, más allá del mundo de los dibujos, por una jugosa herencia inmobiliaria. Están en liza más de 75 millones de euros en un pleito que afecta a su esposa, Ana María Chico de Guzmán y March, hija del actual duque de Ahumada (descendiente del fundador de la Guardia Civil) y bisnieta del magnate mallorquín Juan March Ordinas.

Castillejo enarbola la defensa de los intereses de su mujer en la disputa con su tía María Dulce March Cencillo, más conocida socialmente como Marita. Casada con Alfonso Fierro, uno de los principales apellidos de la industria española del siglo XX, la nieta del magnate quiere lograr que sus hijos Juan y Bibiana Fierro March disfruten de la espectacular herencia inmobiliaria que su padre, Bartolomé March Servera, uno de los dos hijos del precursor de la saga, dejó como legado fuera de la fundación a la que donó su fortuna.

Las desavenencias entre los integrantes de esta rama familiar de la dinastía March, relacionados en segundo y tercer grado con Juan y Carlos March, los herederos del imperio familiar que se concentra en torno a Corporación Financiera Alba, lleva un par de años enquistada. Hasta el punto de que la sociedad Lejuma, propietaria de los cinco activos inmobiliarios, se encuentra gestionada por el administrador judicial Carlos del Arco Herrero hasta que no se resuelva el conflicto. Y no parece que vaya a ser en breve.

Bajo el cascarón de Lejuma, los herederos de Bartolomé March pelean por la disposición de cinco activos inmobiliarios, algunos de especial valor. Destaca sobre todos el palacete situado en la céntrica calle madrileña de Miguel Ángel 27. Una parcela privilegiada de 2.600 m2 en la que se distribuyen cuatro edificaciones y cuyo valor estimado de mercado puede llegar a los 50 millones de euros. Según la documentación existente, a finales de 2010 logró tramitar un Plan Especial para la transformación parcial en un “club privado”.

Esta revisión administrativa concedida por el Ayuntamiento de Madrid permitirá a los March sacar mayor partido económico a este complejo singular con infinidad de actividades empresariales, ya que podrá desarrollar restaurantes, salones multiusos, salones de baile, salas de convenciones y banquetes, spa y piscina, alojamientos temporales… Posibilidades todas que Castillejo maneja para explotar esta joya inmobiliaria, al contrario que el bando de Marita, satisfecho con emplear el inmueble como vivienda familiar.

La sociedad familiar en disputa administra otros cuatro activos: vivienda de casi 1.000 m2 situada en las plantas superiores (sexta y ático) del edificio conocido como Palacio March, en Palma de Mallorca (15 millones de euros); parcela de 23.800 m2 (posible división en tres) con vivienda de 1.400 m2 (Casa de Mar) situada en el municipio de Capdepera, junto a Cala Ratjada (15 millones); dos adosados unifamiliares de 100 m2 cada uno (600.000 euros) y cerca de 70 hectáreas de fincas rústicas en Capdepera (600.000 euros).

Minoría de bloqueo

El deterioro en las relaciones entre estas dos ramas de los March ha hecho imposible cualquier acuerdo. Ni siquiera a pesar de las cuantiosas ofertas recibidas por la compra de algunos activos, en particular el de la Calle Miguel Angel 27, para los que no ha existido solución. Tampoco cuando algún interesado, como ocurrió en 2010, presentó una oferta global por cerca de 80 millones  para quedarse con todo Lejuma o al menos una mayoría de control. Sin embargo, las dificultades para enajenar los activos frustró la operación.

Según las fuentes consultadas, los estatutos de Lejuma recogen la necesidad de una mayoría cualificada (dos tercios del accionariado) para poder enajenar determinados activos, para hipotecar los inmuebles o para ampliar capital en la sociedad. Bajo estas bases, Castillejo y su mujer controlan el 62% del capital tras comprar participaciones de otros herederos, mientras que Marita y sus hijos son propietarios del otro 38%, reparto de fuerzas que hace totalmente inviable una solución sin que medie un acuerdo entre las partes.