La Caixa tendrá que ceder la mayoría de Caixabank por orden de la ‘troika’

La receta europea que Bruselas le ha impuesto a España para detener la metástasis de la quiebra tendrá consecuencias para el sistema financiero español, en especial para las cajas nacionalizadas, así como para las que tienen serias dudas sobre su capacidad para recapitalizarses por sí mismas e incluso para las que, pese a tener salud suficiente, son accionistas mayoritarios de bancos de reciente creación.

Entre las afectadas está La Caixa, que tendrá que reducir su peso en el capital de Caixabank, del que ahora controla el 61% tras la integración con Banca Cívica. Según el Memorándum de Entendimiento, en noviembre de este año, el Gobierno deberá “clarificar el papel que tienen las cajas de ahorros en su calidad de accionistas de los bancos”. Según la página ocho del documento de obligado cumplimento, la recomendación de Bruselas es que la participación de las cajas en sus bancos filiales sea inferior a lo que se estima como nivel de control.

Es decir, La Caixa tendrá que situarse por debajo del 50% de Caixabank, lo mismo que le sucederá a Unicaja con su filial surgida de la fusión con Caja Duero y a Ibercaja con la entidad resultante de su integración con Liberbank. Por ello, la entidad catalana tendrá que vender un 12% de Caixabank a un inversor o participar en una operación de consolidación del sector que diluya su paquete actual hasta situarlo por debajo del 49%. Asimismo, deberá reducir la presencia en el consejo de administración de sus representantes hasta, al menos, la mitad menos uno.

Además, según el catecismo disciplinario de la Comisión Europea, el Gobierno deberá de proponer medidas para reforzar la profesionalidad de los miembros de los órganos de gestión de las entidades, así como las potenciales incompatibilidades, un consejo de manual con los que se pretende evitar casos como los de Bankia, Banco de Valencia, Caja Madrid, Bancaja y otras similares. 

Los sanos y los enfermos

El Memorándum hace hincapié en distinguir qué bancos están sanos, cuáles están enfermos pero tienen solución, y cuáles están en la UVI y, por tanto, urgen tratamiento de shock. En el denominado grupo cero estarán las saludables, las que no necesiten ayuda, es decir, Santander, BBVA y La Caixa. En el grupo 1 estarán las nacionalizadas (BFA/Bankia, Catalunya Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia) a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El grupo 2 lo compondrán los bancos y cajas que suspendan las pruebas de resistencia y no sean capaces de captar fondos por sí mismas. Finalmente, en el grupo 3 estarán las que suspendan los test de estrés, pero tengan planes de recapitalización creíbles sin ayuda estatal. La alineación de cada entidad en cada uno de estos bombos tendrá que estar definida en octubre, momento en el deberán concretar cómo van a reforzar sus recursos propios hasta alcanzar un ratio de capital del 9%. La aprobación o la suspensión de dichos planes se decidirán en diciembre.

Para los bancos del grupo 3, los que supuestamente puedan captar dinero inversores privados, Bruselas ha planteado una una recapitalización preventiva con dinero público en forma de obligaciones contingentes convertibles (cocos) si planean una ampliación de capital significativa, de más del 2% de los activos ponderados por riesgo. Posteriormente, los cocos podrán ser amortizados (mediante la devolución de su importe) hasta junio de 2013 con el capital privado que levante la entidad. Si no lo logra, como pasó en los casos de Novagalicia o Banca Mare Nostrum, serán convertidos en acciones, lo que supondrá su nacionalización.

Aquellos otros de este tercer grupo que necesiten una ampliación de capital menor al 2% de los activos ponderados por riesgo, tendrán de plazo para hacerlo hasta el 30 de junio de 2013, pero no serán objeto de esa inyección de capital público con cocos.

En cualquier caso, los planes de reestructuración de las entidades no permiten pagar dividendos, obligan a vender activos no estratégicos y prohíben el crecimiento no orgánico. Bruselas aconseja que el Gobierno liquide aquellos bancos o cajas que no tengan viabilidad, como ha ocurrido con la CAM, salvaguardando eso si  la protección de los depósitos bancarios, española.

Ese trato no será tan amable con los que compraron preferentes, que no podrán ser canjeadas con una prima del 10% sobre el precio de mercado. Por lo tanto, los 92.000 afectados de Bankia o los miles de minoristas que suscribieron títulos similares de Novagalicia apenas podrán recuperar entre el 50º y 60% de lo invertido. El Memorándum exige a las autoridades españolas que impida a la banca volver a vender productos similares –como bonos subordinados- entre particulares, colectivo entre el que las entidades han colocado cerca de 80.000 millones en los últimos años.