España cede su soberanía financiera a Bruselas

El rescate al sistema financiero español tiene un precio: la cesión de parte de las competencias que el Estado tiene en materia de supervisión y control, que pasan a estar en manos de Bruselas, donde serán compartidas entre la Comisión, el BCE y la Autoridad Bancaria Europea, además del FMI. Y no es todo. La inyección de dinero del fondo de rescate (EFSF) implica también la obligatoriedad de cumplir las recomendaciones macroeconómicas dictadas por la Comisión, que se traducirá en un nuevo paquete de recortes para ajustar el déficit presupuestario.

Bruselas se convierte así en el nuevo supervisor del grueso de la banca española. Según las condiciones que recoge el borrador del Memorandum de Entendimiento (MoU), el Gobierno español se ha comprometido a informar, con carácter semanal, del nivel de depósitos bancarios y de la posición de liquidez de las entidades y, cada tres meses, del nivel de deuda soberana que atesoran los bancos en sus carteras.

Este rígido control es uno de los requisitos imprescindibles para que las ayudas europeas a la banca se canalicen de manera inmediata, antes de que Bruselas desarrolle plenamente un mecanismo de supervisión bancaria unificado, que no estaría operativo. Para evitar esa demora, el ejecutivo español ha accedido a dar cuenta del estado de situación de todas las entidades (los negocios bancarios de las antiguas cajas de ahorro) que accedan al dinero del fondo de rescate.

Este acuerdo ha permitido que España, a través del FROB, tenga acceso a una primera línea de préstamo de 30.000 millones de euros, cerca de la mitad de los más de 60.000 millones que se estiman necesarios para recapitalizar al sistema financiero nacionalizado. Estas condiciones son incluso más severas que las barajadas inicialmente por Alemania, que en los primeros borradores que circularon la semana pasada exigía un reporte mensual de los balances.

Además de este férreo control, Bruselas ha impuesto otras medidas adicionales, hasta un total de 32, como la obligatoriedad para los bancos que reciban ayudas de  transferir sus activos problemáticos a una sociedad de liquidación, además de recortar sucursales y plantilla, y de vender participaciones industriales y activos no estratégicos, como adelantó este diario en su edición del martes, además de no podrán pagar dividendo y de limitar el salario de sus ejecutivos.

Otras de las condiciones, ya descontada, será que los inversores que posean títulos híbridos (preferentes) y de deuda subordinada de los bancos que reciban ayudas deberán soportar una quita en el valor de sus participaciones. Una medida que se podía intuir tras la negativa de Bruselas para que el Gobierno pudiera ofrecer una solución generosa a los partícipes de Bankia, que pasaba por un canje de las participaciones por depósitos sin perder dinero.

En todo caso, España deberá ofrecer una hoja de ruta para antes de diciembre de 2012 en el que detalle un plan de salida del Estado de las entidades financieras que hayan recibido ayudas, preferiblemente mediante una salida a Bolsa, la alternativa más transparente para que sea el mercado quien fije un precio por el negocio bancario donde participa, en lugar de una venta directa a un inversor cualificado, como aún contemplan algunas de las cajas nacionalizadas.

Otro de los puntos del MoU obliga a España a dar un papel más preponderante al Banco de España en materia sancionadora, dado que parte de esas competencias, sobre todo las de gobierno interno, descansan ahora en el seno de las Comunidad Autónomas. Para impulsar este cambio recomienda establecer una nueva legislación en la que se transfieran esta potestad sancionadora.

Además, la figura de las cajas de ahorros queda cuestionada, ya que según el MoU podrían verse obligadas a deshacer sus posiciones de control en la banca comercial española. Según el borrador, España deberá "preparar para finales de noviembre de 2012 una legislación que clarifique el papel de las cajas de ahorros como accionistas de entidades de crédito con la idea de reducir eventualmente sus participaciones a posiciones de no control".