La Generalitat vende uno de sus edificios al fondo de pensiones de sus funcionarios

La Generalitat ha vendido unos de sus edificios -cuya enajenación forma parte de su plan de privatizaciones- al fondo de pensiones de sus propios funcionarios, según ha informado VidaCaixa, la entidad gestora de este fondo.

La operación se ha cerrado por 14,5 millones. Que la Administración catalana haya tenido que vender el inmueble al fondo de pensiones de sus propios funcionarios refleja las dificultades que está encontrando la Generalitat para llevar a cabo la privatización de activos inmobiliarios en un momento en que la falta de crédito y las incertidumbres sobre el euro y el futuro del sector público retrae a la mayoría de los posibles compradores.

La Generalitat ha fracasado dos veces en la venta de sus inmuebles. En 2011 tenía que haber vendido un paquete con 26 de ellos pero las conversaciones con el fondo Moor Park finalmente fracasaron, con lo que se frustró una operación de 450 millones.

Hubo un según intento en 2012, para vender 19 inmuebles, muchos de ellos integrantes del primer grupo. Se rediseñó el paquete a la venta, esta vez esperando obtener 360 millones. Pero finalmente también se paró la operación para deshacerse de los inmuebles uno por uno, de manera que se pudiese optimizar el precio, aunque muchas de las operaciones planteadas son con minusvalías.

Sin embargo, a fecha de hoy sólo se habían vendido otros dos edificios: la sede de Obras Públicas por 52 millones a un grupo familiar y la de los servicios territoriales de Cultura en Barcelona por 2,5 millones. En ambos casos la Generalitat se queda como inquilino y garantiza alquileres por 20 años y rentabilidades que rondan el 6%.

Con la venta del tercer inmueble al fondo de pensiones, la Generalitat ha ingresado en total 69 millones, con lo que todavía está pendiente colocar 291 millones y 16 inmuebles, algunos de ellos tan emblemáticos como la sede de la Bolsa de Barcelona en Paseo de Gracia.

Los funcionarios rescatan a la Generalitat

De esta forma son los propios funcionarios catalanes quienes han acudido al rescate de la Generalitat. De hecho, la administración catalana forma parte del consejo de la gestora del fondo, con lo que la operación resulta un yo me lo guiso, yo me lo como.

El edificio comprado por el fondo de pensiones de los funcionarios está situado en la calle Dr. Roux 80-86. La Generalitat ha pactado mantenerse en un régimen de alquiler por un plazo mínimo de 15 años, por un importe anual de 1,1 millones de euros. Actualmente acoge los servicios de la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad y de la Agencia de Residuos de Cataluña.

Otras privatizaciones pendientes

La Generalitat tiene pendientes otras privatizaciones. Ha de vender las concesionarias de autopistas Túnel del Cadí y Tabasa. Y también ha iniciado la privatización de Aigües del Ter Llobregat. En total debería ingresar por estos conceptos 888 millones, según el Plan Financiero que se presentó ante el Gobierno central.