Hacienda dejará impune el fraude fiscal tras legalizar el juego ‘online’

La legalización del juego ‘online’ está a tiro de piedra. Los operadores interesados han presentado ya ante la Administración la documentación necesaria para obtener una licencia. Al mismo tiempo, los sistemas informáticos de control de las operaciones están listos y hasta está publicada en el BOE la reglamentación básica sobre el límite económico de las apuestas que pueden hacer los jugadores en el póker o el Black Jack.

Falta, sin embargo, un aspecto crucial para la Hacienda Pública, sobre todo en tiempo de escasez: la regularización fiscal. Pese a que la ley obliga a los operadores a ponerse al día con el Fisco, lo cierto es que se ha incumplido este mandato legal. Y si nada lo remedia, los operadores -que durante años han actuado sin ninguna cobertura legal y sin pagar impuestos pero obteniendo pingües beneficios- podrán comenzar a operar haciendo tabla rasa de sus deudas tributarias. Al menos por los beneficios obtenidos durante los cuatro últimos años, ya que la cuota defraudada con anterioridad ha prescrito.

Lo único que han ‘normalizado’ con Hacienda son sus operaciones en los dos últimos trimestres, desde la entrada en vigor de la ley, cuya tramitación parlamentaria se hizo en tiempo récord. Según algunas estimaciones, el sector del juego ‘online’, cuando esté plenamente operativo, puede llegar a facturar unos 500 millones de euros este año. Y algo más de 800 millones en 2014, según estimaciones de la propia patronal. Tan sólo en el juego del póker ‘online’ ya se factura más de 100 millones de euros.

Estas sociedades, sin embargo, nunca han tributado pese a sus holgados resultados. Según la Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI), durante el año 2009 el sector del juego online en España obtuvo cerca de 260 millones en beneficios, lo que supone un aumento de más del 20% respecto del anterior ejercicio. Este dato pone de manifiesto la “salud económica”, dice la patronal, de un sector que sigue creciendo a pesar de la crisis y cuya actividad se genera desde paraísos fiscales. El año 2011, de hecho, el sector facturó 370 millones de euros después de premios, lo que supone un incremento del 17% respecto del año anterior.

La obligación de estar al día con el Fisco se incluye en la Ley del Juego aprobada en mayo del año pasado, y fue fruto de un pacto de última hora entre el Grupo Popular –por entonces en la oposición- y el Grupo Socialista. El partido en el Gobierno obtuvo la abstención del PP al proyecto de ley a cambio de que se regularizara la situación fiscal de las empresas que han estado operando al margen de la ley. Y, gracias a esa enmienda en el Senado, la ley salió adelante sin votos en contrario.

Menoscabo de los recursos públicos

La normativa, en concreto, establece que la obtención del título habilitante -la licencia para poder operar- “estará condicionada a que el operador se encuentre al corriente de pago de las obligaciones fiscales correspondientes”. Pero no sólo los últimos trimestres, sino, como es lógico, en los años anteriores. Ha pasado el tiempo, y no ha habido tan regularización, con lo que ello supone de menoscabo de los recursos públicos. Los datos más recientes de la Intervención General del Estado revelan que en 2011 Hacienda apenas ingresó 31 millones de euros en impuestos sobre el juego, lo que indica que no ha habido regularización.

El diputado Gallego Burgos, portavoz del Grupo Popular durante el trámite parlamentario, condicionó su voto a favor en que se tenía que regular esta actividad en España, ya que “no tenía sentido que muchas empresas operaran en el mercado español y no tributaran en nuestro país”.  Además, sostenía Gallego, es “una buena oportunidad para crear en el seno de la Administración de la Agencia Tributaria equipos especializados para el control fiscal de las actividades vinculadas al juego”.

Lo cierto, sin embargo, es que el nuevo Gobierno se ha encontrado con una política de hechos consumados por parte del anterior Ejecutivo. Hasta el punto de que en los días previos a las elecciones generales la dirección general del Juego metió el turbo legislador. Nada menos que once resoluciones vieron la luz entre el 30 de octubre y el 20 de noviembre, nueve de ellas durante los cuatro días anteriores al 20-N. Las prisas eran tales que los anteriores responsables del juego se comprometieron ante el sector ‘online’ a tener todo el proceso de adjudicaciones antes del 30 de diciembre, es decir, en pleno traspaso de poderes. Incluso el 16 de noviembre, cuatro días antes de las elecciones, se hicieron las convocatorias para la concesión de licencias.

Detrás de esta hemorragia legislativa inmediatamente antes de las elecciones generales se encuentra Juan Carlos Alfonso Rubio, ex subdirector de Regulación del Juego. Rubio es abogado del Estado y entre 2004 a 2009 fue director de la asesoría jurídica de Sogecable, del grupo Prisa. Se da la circunstancia que  Sogecable era accionista de Real Madrid Gestión de Derechos (10%), la sociedad constituida por el equipo blanco para explotar sus derechos de imagen.

Acuerdo millonario con Bwin

Esta empresa (el resto de los accionistas son el propio Real Madrid, Caja Madrid y una sociedad de Jaume Roures) es la que suscribió en mayo de 2007 –en los tiempos de Ramón Calderón- un acuerdo millonario con Bwin, una de las principales compañías europeas del juego ‘online’, con sede en el paraíso fiscal de Gibraltar. Tras abandonar la empresa del grupo Prisa, Alfonso Rubio fue nombrado director de coordinación de Loterías del Estado y, posteriormente, subdirector general de regulación del juego, y como tal, es quien ha elaborado toda la legislación. Recientemente, y con la llegada de un nuevo director general, ha sido cesado de sus funciones, pero toda la batería de normas están ya publicadas en el BOE.

El nuevo Gobierno, según fuentes autorizadas, no ve razones para tanta prisa, y se ha tomado un tiempo para revisar todos y cada uno de los expedientes. Incluso ha visto obligado a prorrogar la entrada en vigor de varias disposiciones adicionales.

Según un alto cargo, el Ejecutivo quiere que salga adelante el negocio del juego ‘online’, pero no a cualquier precio. Se valoró la posibilidad de que los nuevos operadores pagaran por los beneficios no declarados en años anteriores, pero al tratarse de un negocio ‘alegal’ -no ‘ilegal’- no es fácil identificar ni cuantificar las bases imponibles. Y así es que se ha optado por seguir adelante con el procedimiento, pero mirando con lupa las habilitaciones. No está claro que las licencias –por diez años- se concedan antes del 30 de junio, entre otras cosas, porque hay un nuevo director general, Enrique Alejo, que quiere revisar todos y cada uno de los expedientes. Aunque con una evidente falta de medios.

Según los datos de la patronal del sector, las apuestas deportivas –una parte del juego ‘online’ generaron el año pasado  ingresos por valor de 125 millones de euros aproximadamente, un 14% más que el ejercicio anterior. El póker superó la barrera de los 100 millones de euros, mientras que los juegos de azar, casino y skill games ingresaron más de 145 millones de euros hasta alcanzar un aumento del 21% respecto de 2010.

El número de usuarios únicos ha llegado ya a 600.000, lo que supone un 60% más que  en 2010. Y según las estimaciones de Jdigital, 500.000 apostadores fueron usuarios de apuestas deportivas y más de 200.000 usuarios jugaron a póker online.