Bildu investiga a Rafael Nadal por tributar en Guipúzcoa para pagar menos impuestos

Novak Djokovic podría no ser el peor adversario que Rafael Nadal tenga que afrontar en los próximos meses. Y es que según asegura un portavoz oficial de la Diputación de Guipúzcoa, la Inspección de la Hacienda Foral ha abierto una investigación al grupo de sociedades que el tenista mallorquín ha tenido domiciliado en el territorio histórico desde 2006 hasta finales de 2011. Un proceso que se pone en marcha apenas un año después de que Bildu arrebatara ese feudo al PNV durante las pasadas elecciones autonómicas. El cambio de guardia parece haber puesto bajo la lupa la ventajosa normativa tributaria que el partido nacionalista había diseñado para las empresas. Y a quienes de ella se han beneficiado.

“No podemos decir mucho sobre su régimen fiscal porque es confidencial, pero Hacienda ha puesto en marcha un procedimiento de inspección sobre las empresas de Nadal. Se trata de un proceso formal, que tiene su protocolo y en el que ahora tienen que intervenir las partes”, aseguraron estas fuentes al ser preguntadas por el estatus tributario de las sociedades del diez veces ganador de torneos de Grand Slam. El portavoz que gestiona los temas deportivos del tenista prefirió no entrar en el fondo de cuestión hasta no conocer la situacion en detalle. Según Primeran, periódico que ha destapado el asunto, la Hacienda Foral habría puesto sobre aviso a la Agencia Tributaria en Madrid.

Nadal decidió ya hace un lustro que sus empresas cumplieran con el Fisco lejos de su isla natal, aprovechando el beneficioso marco fiscal existente en Guipúzcoa. De hecho, Aspemir, firma controlada por el deportista y domiciliada en San Sebastián, declaró entre 2005 y 2009 beneficios por importe de 47,37 millones de euros. Según las cuentas remitidas al Registro Mercantil en esos cuatro años, la citada compañía apenas pagó 11.058,42 euros en concepto de Impuesto de Sociedades. Es una de las empresas que el tenista, flamante finalista del Open de Australia, ha mantenido en estos años como parte de un entramado de sociedades radicado en el territorio histórico.

La cabeza del grupo empresarial es Debamina, en la que el tenista atesora un 99,35% y cuyo administrador único es su padre, Sebastián Nadal Homar. Esta empresa posee a su vez el 100% de Aspemir y ésta controla Goramendi Siglo XXI, compañía a la que el tenista tiene cedidos sus derechos de imagen y cuyo objeto social es “la explotación y comercialización de los derechos que se deriven de la actividad profesional de deportistas”. Esta última es la única que factura. Su cifra de negocios en 2006, último año sobre el que figuran datos en el Registro, se elevó a 7,74 millones.

A partir de ahí, las empresas del grupo cruzan operaciones. Los ingresos que recibe Aspemir son exclusivamente financieros, concepto por el que se anotó 19,76 millones en 2009, último ejercicio documentado. Un montante que la memoria atribuye a una transacción efectuada con “empresas del grupo”. Sin embargo, la firma realiza un ajuste fiscal entre el resultado contable y la base imponible -diferencia permanente-, lo que reduce drásticamente el importe al que se aplica el tipo del gravamen. La compañía admite un resultado antes de impuestos de 19,81 millones de euros y sólo asume un pago sobre beneficios de 10.319,94 euros. Un tipo efectivo de apenas el 0,5%.

Hubo incluso años mejores en términos de ahorro tributario: la compañía no pagó nada por Sociedades en 2006 y 2007 pese a ganar 6,48 y 10,69 millones, respectivamente, atendiendo al mismo método de compensación. La sociedad tenía a finales de 2009 unos fondos propios de 50,4 millones de euros. En vísperas de la pasada Navidad, Aspemir y Debamina parecía cerrar un ciclo y abandonaban San Sebastián: cambiaban de domicilio social y se refugiaban en Manacor, ciudad de nacimiento del tenista.

Una bonificación codiciada y cuestionada

La operativa de Aspemir bien podría cuadrar con el modelo de Sociedades de Promoción de Empresas (SPE), régimen alentado en Guipúzcoa que concede importantes beneficios fiscales a sociedades nacidas para promover la creación de empresas mediante la participación temporal en su capital. Una suerte de capital riesgo ‘bonificado’. Más de cien afortunadas sociedades en el territorio histórico lograron el codiciado plácet del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación para tener acceso a deducciones y hasta exenciones del Impuesto de Sociedades al, por ejemplo, recibir rentas con interés variable tras conceder préstamos participativos.

La Hacienda Foral no facilita las compañías acogidas a este régimen, por lo que no está claro si Aspemir es una de ellas. Fuentes de la Diputación se limitaron a apuntar que, “si tiene el domicilio fiscal en San Sebastián, paga los impuestos aquí”. Sin embargo, no facilitaron más detalles sobre la vinculación de la empresa con este modelo. Desde luego, la sociedad de Rafael Nadal cumple algunos de los requisitos solicitados. Por ejemplo, calca el objeto social exigido. Es decir, que la firma se dedique a “la promoción o el fomento de empresas mediante la participación temporal en su capital”. Del mismo modo, a mediados de 2006 llevó a cabo una ampliación de capital para elevar su capital social hasta los 3.010.000 euros, algo por encima de los 3.005.060,52 requeridos.

La fórmula ha tenido innumerables problemas, sobre todo a partir de 2010, cuando una comisión de investigación de las Juntas Generales recomendaba su eliminación. Todo después de las pesquisas políticas y judiciales relacionadas con el denominado caso Glass Costa, empresa catalana a la que se concedió el régimen de SPE para después descubrir que había falseado su domicilio en Guipúzcoa. El affaire puso en la picota al director de la Hacienda guipuzcoana entre 1991 y 2003 y ex senador del PNV, Víctor Bravo, a la sazón socio de la firma que recibió las ayudas. No en vano la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto de Sociedades, deja claro como planteamiento general que sus artículos son aplicables a aquellas sociedades que tengan su domicilio fiscal en Guipúzcoa.

El documento alumbrado por el parlamento guipuzcoano a raíz del escándalo critica la falta de transparencia del sistema, asegura que abre la puerta a la participación en paraísos fiscales y deja claro que el mecanismo “ha sido un coladero para actividades que han aportado muy poca cosa a la economía guipuzcoana”. En esta línea, la comisión pide que antes de conceder cualquier beneficio tributario, la Inspección verifique que se cumplen los requisitos exigidos y remacha: “A pesar de que la escritura de constitución se otorga en Guipúzcoa, en el tiempo en el que se solicita y se le concede el régimen de Sociedades de Promoción de Empresas (SPE), carece de actividad alguna en este territorio. En la Memoria Justificativa (…) se plantean posibilidades de actividad empresarial en Guipúzcoa que no se materializaron nunca”.