Sabadell presta más de 100 millones a la Generalitat para pagar las nóminas

Artur Mas podrá pagar las nóminas y las pagas extraordinarias de los empleados públicos y no tendrá que aplazar el 20%, tal y como había advertido el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, la pasada semana. Los sindicatos estaban ya preparando acciones penales para interponer una querella a la Generalitat de Cataluña, pero eso deberá esperar. “El día 21, el BCE acordó inyectar en el mercado bancario 500.000 millones de euros. Ahí vimos una puerta abierta y desde entonces, hasta ayer, hemos estado negociando con entidades bancarias para poder tener liquidez. En cuatro días hemos trabajado al máximo y hemos conseguido un crédito puente que nos permita hacer frente a las deudas inmediatas”, señala a El Confidencial el portavoz del Gobierno.

El consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, se comprometió a mantener en secreto el nombre de la entidad que concedió el crédito, aunque este tema es trivial y en los corrillos políticos se sabía desde horas antes que había sido Banco Sabadell quien había financiado la operación, que supera los 100 millones de euros, a un tipo próximo al 6%. “Hace unos días, estaba todo cerrado. Sabíamos sólo que no podríamos pagar las nóminas completas. Pero vimos un resquicio después de la decisión del BCE y decidimos tirar por ahí”, admiten otras fuentes del Gobierno catalán. No les fue mal, porque los que conocen el tema saben que “estas inyecciones de dinero se utilizan para estas cosas, no sólo aquí, sino en todos los países”.

La Generalitat había reconocido que no podía pagar todas las nóminas a los empleados públicos ni las facturas a algunos proveedores inmediatamente. Y había previsto aplazar el 20% de la paga extra a los trabajadores, que serían ingresadas en cuanto tuviera liquidez. Ello le supone un desembolso de unos 70 millones de euros.

Homs confirma que “hemos tenido la suerte de cara. El Gobierno central no paga lo que debe y estamos asfixiados. Pero, además de no pagar, ni nos avalaba ni nos concedía un crédito. Era una situación desesperante”. La Generalitat reclama 759 millones correspondientes a una partida contenida en los Presupuestos Generales del Estado y otra de 1.450 millones de euros que corresponde al Fondo de Competitividad que debería haber consignado para este año. Además, hay otros 2.000 millones de euros que corresponden a gasto sanitario y servicios del Estado que presta la Generalitat que tampoco han sido pagados. Si Madrid hubiera pagado sólo la primera cantidad, el Gobierno catalán no hubiese tenido problemas con las nóminas ni con los proveedores.

Un déficit “del Estado”

Con este balón de oxígeno, el Gobierno catalán tampoco ha de aplazar los pagos a proveedores, lo que perjudicaría la liquidez de las empresas que, de alguna manera, trabajan con la Administración catalana. Desde la oposición se ha acusado al Gobierno de Artur Mas de improvisar sobre la marcha. El presidente del grupo parlamentario socialista, Joaquim Nadal, señaló ayer por la tarde que las explicaciones del Gobierno reteniendo primero el 100% del IRPF en las nóminas, luego anunciando el aplazamiento del 20% del salario y ahora rectificando son improcedentes.

Y desde UGT se ha achacado a la “presión de los empleados públicos” el hecho de que el Gobierno haya finalmente decidido no aplazar el pago de las nóminas. Un comunicado de la central ugetista lamenta que “la noticia sea, precisamente, que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña cumpla con la ley”. Todos los sindicatos mantienen para hoy, sin embargo, concentraciones y manifestaciones contra la política del Gobierno catalán “en defensa de los servicios públicos”.

El interés que tendrá que abonar la Generalitat por el crédito conseguido, sin embargo, tampoco es muy alto si se compara con los intereses con los que ha tenido que colocar su deuda pública: será del 6%. Y, además, hay un detalle importante: “Dependerá de cómo la Intervención General del Estado lo cuente, pero esto, moralmente, no es déficit de Cataluña, sino del Estado”, dijo Mas Colell. No le falta razón, al menos sobre el papel, vista la deuda que debería haber abonado el Gobierno de Madrid. “Si existe un impago por parte del Estado, deber atribuírsele a él el déficit que esto pueda causar en las cuentas públicas, no vamos a tener que soportar nosotros una deuda impuesta por causas que sólo son atribuibles a él”, subrayan fuentes de la consejería de Economía a este diario.