El gasto en subvenciones públicas se dispara y supera ya los 12.000 millones

La política de subvenciones públicas afronta una nueva era. Al menos, si se cumple lo comprometido por el presidente Rajoy en su discurso de investidura. Pero, por el momento, lo que está claro es que esta partida se le ha ido de las manos a los poderes públicos. En un contexto de reducción del déficit fiscal, el único epígrafe presupuestario que sube con fuerza (salvo el desempleo) es el relacionado con las subvenciones. En concreto, y según datos de Estadística, las administraciones públicas gastaron el año pasado en subvenciones nada menos que 12.147 millones de euros, la cifra más alta jamás alcanzada.

Para hacerse una idea de lo que significa ese guarismo hay que tener en cuenta que en 2004 el conjunto de las subvenciones públicas ascendía a 8.285 millones de euros, lo que significa que en apenas seis años esta partida ha crecido un 47%, muy por encima de lo que ha aumentado el PIB en términos nominales. Lo sorprendente es que la cuantía ha seguido subiendo con intensidad incluso en los tres últimos años, pese a que desde el Ministerio de Economía la exvicepresidenta Salgado no se cansó de repetir que habría un recorte generalizado. De hecho, en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, el Gobierno anterior se comprometía a reducir la cuantía de las subvenciones hasta el 0,8% del PIB, lo que supone un recorte de unos 3.000 millones de euros.No ha sido así.

La política de subvenciones a empresas y particulares afecta a todos los sectores económicos: fomento de la biodiversidad, vivienda protegida, cultura, escuelas taller, transporte, zonas de promoción económica, procesos de reindustrialización o sectores en reconversión industrial. Además de inmigración o incluso la remodelación de barrios. Y ello sin incluir los beneficios fiscales que disfrutan los agentes económicos privados, y que merman la recaudación fiscal. Ni, por supuesto, las prestaciones sociales de carácter económico.

La última Memoria de beneficios fiscales -el dinero que no se paga por deducciones o desgravaciones tributarias- estima una minoración de los ingresos en 2011 equivalente a nada menos que 40.362 millones de euros, de los que algo más de 16.000 millones se obtienen a través del IRPF y casi 3.800 millones en Sociedades, el impuesto que grava los beneficios empresariales. Las deducciones en el IVA ocupan, igualmente, otra partida fundamental.

En total, y sumando las subvenciones y los beneficios fiscales, esto significa que cada año el Estado deja de ingresar por estos conceptos más de 52.500 millones de euros, más de la mitad del déficit público alcanzado en 2010 (9,3% del PIB).

Ahora, lo que ha anunciado Mariano Rajoy es que “con carácter general” se van a eliminar las subvenciones nominativas, y para el resto se aumentará la transparencia en las concesiones.

De cumplirse esta declaración de principios, el Ministerio de Cultura (ahora encuadrado en Educación) será el más perjudicado, ya que es con diferencia el que utiliza con mayor frecuencia esta modalidad de subvenciones ‘con nombre y apellidos’ y no de carácter transversal. Por ejemplo, las que se destinan al cine.Es decir, que no tienen carácter general.

El propio departamento lo reconoció en una orden ministerial publicada en 2005 en la que aseguraba que “en el ámbito cultural las subvenciones nominativas tienen una enorme importancia tanto cuantitativa como cualitativa y son un instrumento esencial de apoyo y fomento de la actividad cultural y artística”. Esas subvenciones (muchas veces concedidas bajo sospecha de falta de concurrencia) son las que el nuevo Gobierno pretende eliminar. El pasado 7 de diciembre, por ejemplo, el Ministerio de Cultura publicó en el BOE una Resolución por la que concedían  varios millones de euros a diversos productores, con casos inexplicables en términos económicos, como la última película de Julio Medem, que recibió en subvenciones más de lo que recaudó.

Se da incluso la paradoja de que la ley permite, por ejemplo, que el beneficiario de la concesión pueda concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite del 50% del importe de la factura. Es decir, que pueda subcontratar el trabajo para el que se le concedió la concesión. 

La ley General de Subvenciones (año 2003) deja bien claro que se entregan siempre que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada “tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”.