Los árbitros de la Liga se quedarán sin cobrar 35 millones por la fallida salida a bolsa de Loterías

El Gobierno suspendió la salida a bolsa de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) el pasado 28 de septiembre. Los inversores no estuvieron dispuestos a pagar lo que el Estado exigía y las arcas públicas se quedaron sin los 7.000 millones de euros previstos. Pero la cancelación tiene impacto en otro mundo, el del fútbol, que nadie preveía. Tal es así que los árbitros y la Federación Española (RFEF) pueden quedarse sin cobrar a partir del uno de enero.

En juego hay nada menos que 35 millones de euros que en estos momentos están totalmente en el aire. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) es la encargada de abonar las asignaciones que reciben el estamento arbitral, de alrededor de 20 millones de euros anuales. También paga a la RFEF por organizar la competición, unos 12 millones, y se encarga del pago a la asociación de futbolistas del convenio colectivo, que supone entre dos y tres millones de euros al año.

Un dinero que viene de las quinielas

Este dinero proviene fundamentalmente del dinero de las quinielas, que la SELAE ha abonado religiosamente, pero sólo con carácter transitorio, a la LPF durante este año. Pero el abortado proceso de privatización del grupo ha provocado que, en estos momentos, legalmente no haya pagador para estas asignaciones a partir del uno de enero. “Tras diversas conversaciones y reuniones mantenidas por esta Liga Nacional con el SELAE, se ha puesto de manifiesto expresamente por dicho organismo que, a partir del 1 de enero del 2012, dicha entidad dejará de abonar a la LFP las citadas asignaciones”. Así reza el comunicado que la Liga ha enviado a Economía para que ponga solución las “múltiples y urgentes obligaciones económicas asumidas por la LFP”. El problema no es el dinero, que está en caja, sino que no hay quien lo pague.

¿Por qué? La prevista salida a bolsa de SELAE suponía que, a partir de 2012, las obligaciones de pago serían asumidas por el nuevo grupo privatizado y no haría falta que se hiciera cargo la Administración General del Estado, como estaba previsto legalmente. Pero para activar esta última posibilidad hace falta una orden ministerial  que debe contar con un informe previo del Consejo Superior de Deportes. Un doble paso que dependerá del nuevo Gobierno y que puede durar incluso meses, máxime si se tiene en cuenta que en la actual situación económica las prioridades del nuevo Ejecutivo serán otras.

En su comunicado, la LFP pide que tanto la orden ministerial como el informe previo “sean evacuados a la mayor brevedad” y pide que se les comunique cuanto antes qué entidad se hará cargo de los pagos.

El Gobierno suspendió en septiembre la salida a bolsa de Loterías tras comprobar que los inversores valoraban el ente 3.000 millones por debajo de lo previsto.  El Ejecutivo echó abajo la operación en el último momento presionado también por el Partido Popular, que criticó duramente que la privatización se llevara a cabo a apenas dos meses de las elecciones generales.