Los huertos solares afrontan diez años de batalla legal para recuperar las primas

El Gobierno aprobaba en la Nochebuena de 2010 un real decreto-ley que dinamitaba el negocio de los huertos solares. El Ministerio de Industria movía ficha tras meses de desencuentros con el sector y limitaba las horas de funcionamiento de las instalaciones con derecho a prima. Un año después, el embrollo judicial que se plantea es de largo alcance. Los afectados han comenzado a reclamar ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) cada una de las liquidaciones mensuales que les ha planteado el organismo supervisor con el objetivo último de llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional. Un proceso que, según calculan, puede prolongarse casi 10 años.

“Al tratarse de un real decreto-ley y como particulares afectados, no se podía recurrir la norma; sólo los actos administrativos resultantes de su aplicación (…) Ahora los productores tienen que reclamar todas y cada una de las liquidaciones que reciban de la CNE, que llegarán a cero euros”, explica un promotor. Es decir, quienes a mes de septiembre hayan agotado las horas con derecho a prima, serán liquidados a cero euros durante cuatro meses. “Eso supondría cuatro reclamaciones en 2011 por cada planta. En tanto el real decreto-ley afecta hasta 2013, ese inversor tendrá que presentar 12 reclamaciones. La Audiencia Nacional puede encontrarse con más de 300.000 reclamaciones a poco que recurran la mitad de los afectados, en total más de 50.000”, añade.

Una vez la CNE desestime la reclamación, rechazo que puede producirse tras un plazo de entre dos y cuatro meses, la siguiente instancia es la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Los inversores le pedirán que suspenda el procedimiento y eleve una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC), argumentando que el real decreto-ley 14/2010 que limita las horas subvencionadas infringe dos principios fundamentales de la Carga Magna, como son la confianza legítima y la seguridad jurídica. Es entonces cuando los tiempos se alargan. La Audiencia puede tardar en decidir entre 18 y 24 meses, pero si la disputa llega al Constitucional no se espera una sentencia antes de cuatro o seis años. Si el TC diera la razón a los demandantes, la Audiencia aún tardaría otros seis meses en dictar sentencia.

“De momento hay más de 3.000 liquidaciones ya reclamadas ante la CNE y se espera que las rechace”, aseguran estas fuentes. Una negativa que prendería la mecha a todo el proceso. Por si fuera poco, la propia CNE daba una nueva vuelta de tuerca al proceso hace apenas días, al avanzar que no analizará los miles de recursos presentados hasta que las liquidaciones mensuales sean firmes y no provisionales como hasta ahora. Algo para lo que habrá que esperar cerca de dos años. Los promotores fotovoltaicos están recurriendo en paralelo ante la Audiencia. Despachos como Brenes Abogados, que canaliza una parte de las reclamaciones, aseguraba que la CNE está obstaculizando la resolución de los recursos para “ganar tiempo”.

Según explican las fuentes consultadas, muchos son los bufetes interesados en canalizar estas reclamaciones, entre ellos Garrigues, Linklaters o Allen&Overy, que ya gestiona la demanda de arbitraje que varios fondos internacionales han lanzado contra el Estado español por la presunta retroactividad del cambio normativo. Más allá de los logros jurídicos de los procedimientos iniciados, fuentes del sector explican que es “clara la necesidad de reclamar todas y cada una de las liquidaciones para que no devengan firmes y tengan un efecto en la Administración que facilite futuras negociaciones con el Estado”.

Pedir la responsabilidad patrimonial del Estado

De hecho, los dueños de plantas fotovoltaicas también valoran otras acciones complementarias de reclamación, como solicitar ante el Consejo de Ministros la responsabilidad patrimonial del Estado. “Se trataría de reclamar por los daños generados por esta ley, es decir, costes incurridos por su aplicación y pérdida de valor de la instalación de producción por la inseguridad jurídica resultante”, explican las fuentes consultadas. En paralelo, también están en marcha reclamaciones ante el Tribunal Supremo por Real Decreto 1565/2010, que redujo los años de percepción de la tarifa regulada. “Se ha presentado más de 100 recursos y ya hay algunos evacuados”, explican estas fuentes.

Además, el frente de los particulares no es el único que deja abierto el Gobierno Zapatero y que tendrá que afrontar el PP. Como publicó El Confidencial, Industria parece que ya da crédito a la demanda de arbitraje internacional presentada por 14 fondos de inversión y compañías del sector energético por los recortes retroactivos a las primas de la industria fotovoltaica. Y no le está saliendo barato. El departamento que dirige Miguel Sebastián ha contratado a la carrera al despacho Herbert Smith para que asesore a la Abogacía General del Estado. Una ayuda por la que abonará la nada despreciable cantidad de 354 euros la hora. Se dará por bien empleada si evita que tenga que desembolsar las indemnizaciones por valor de 600 millones que solicitan los demandantes. Con los impuestos incluidos, el importe del contrato podría rozar los tres millones de euros.