Rajoy o el FMI: la hoja de ruta para España tras el 20-N ya está escrita

Dublín. 27 de noviembre de 2010. No se escucha el folk en vivo de los pubs de Temple Bar. Tampoco el ritmo de las cocteleras en el coqueto bar de The Claridge, el hotel boutique de Bono con preciosas vistas al río Liffey. El bullicio se ha trasladado a las calles. Decenas de miles de personas se manifiestan contra el plan de ajustes que la UE y el FMI obligan a poner en marcha al primer ministro, Brian Cowen. Los 85.000 millones de euros que necesita el país para sacar a sus bancos del atolladero y garantizar la solvencia de su deuda no son gratis: menos funcionarios, bajada de pensiones y subida de impuestos, entre otras. Doce meses después y en una semana en que España ha pagado más cara que nunca su financiación, la pregunta es si Rajoy debería poner sus barbas a remojar apenas pise la Moncloa.

“Sabemos qué medidas hay que tomar. Y hay que tomarlas ya. Si no lo hacemos, lo harán por nosotros”, asegura con convicción Gregorio Izquierdo, director del servicio de estudios del Círculo de Empresarios. España pagaba el pasado jueves un 6,975% por colocar bonos a 10 años, con un interés marginal del 7,08%. En la anterior subasta apenas había afrontado un 5,45%. La diferencia con el bono alemán ya se mueve con soltura por encima de los 500 puntos básicos. ¿Zona de rescate? “Si no lo hacemos, nos lo harán”, insiste el economista, que recientemente presentaba una exhaustiva hoja de ruta –una suerte de medidas que bien podrían promover Bruselas y Washington- para que el Gobierno que salga del 20-N se adelante a la intervención. Si el nuevo Ejecutivo no encabeza la manifestación, no tardará en tener que rendir cuentas periódicas a una troika de la UE, el BCE y el FMI.

“El problema es que la espiral de la prima de riesgo ha sido relativamente rápida y por lo tanto más preocupante (…) El año 2010 empezó con un nivel de sólo 58 puntos básicos. De no revertirse la tendencia podría llegarse a un punto en que la propia prima de riesgo se convierta en sí misma en un factor autónomo de insostenibilidad de la deuda”, sostienen los empresarios. El lunes, tregua y festejos para el PP. El martes, los mercados estarán esperando un plan de choque integral. Concreto y de fondo. No hay margen mientras esperan vencimientos de 300.000 millones (200.000 públicos y 100.000 del sector financiero) en 2012. “Hasta ahora hemos mandado nuestros soldados uno a uno para defender la trinchera. El siguiente reemplazaba al caído. Es momento de enviar un regimiento desde los primeros días de la legislatura”, explica muy gráficamente Izquierdo.

Fraude, impuestos y ‘banco malo’

Los flancos de ataque no difieren del plan que tuvieron que asumir los irlandeses. La primera clave y la principal obligación que impondría la UE o el FMI si inyectaran fondos o avalaran las emisiones españolas es un drástico ajuste fiscal. La tesis del Círculo es que medidas creíbles de ahorro en las administraciones reforzarían la credibilidad de las finanzas públicas y disminuirían los intereses que paga el Tesoro por la deuda que emite. No en vano España necesita ahorrar 30.000 millones de euros para cumplir el objetivo de déficit para 2012. Y otros 15.000 para cumplir en 2013. La cuestión es cómo lograrlo. En el escenario actual, mejor no confiar en los ingresos y ceñirse a un menor gasto. ¿Con una criba de funcionarios? Desde luego no hay que reponer las bajas, debe congelarse la oferta de empleo público y mantenerse o incluso reducirse la masa salarial.

¿Subida de impuestos? En principio, no. “Pero si no queda más remedio, y resulta del todo inevitable, los márgenes de subida menos dañinos están en la imposición indirecta (IVA e Impuestos Especiales)”, reza el documento del organismo que preside Claudio Boada. Sí hay margen para introducir tasas en la sanidad y la educación. En roman paladino, el copago sanitario debería estar sobre la mesa. En esta línea y para que realmente se trate de esfuerzos que merezcan crédito y que vayan por delante de la UE y el FMI, no vendría mal fijar límites absolutos de gasto público obligatorios que vinculen a las comunidades autónomas y la creación de un organismo independiente -una suerte de oficina fiscal- que supervise el Presupuesto, así como la elaboración de las cuentas públicas sobre estimaciones aseguradas de ingresos. También determinar qué partidas se pueden suprimir en caso de desviación.

En paralelo, se hace imprescindible una reforma laboral. Y no sólo dando prioridad a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior o arbitrando nuevas modalidades de contratos más baratos, véase indefinidos con 20 días por año de indemnización o de aprendizaje por debajo de lo que cobran el resto de trabajadores. “Lo más importante es que se cumpla la ley”, expone Izquierdo. Una reflexión bajo la que se esconde la extendida sospecha de que buena parte de la cifra de parados se refugia en la economía sumergida. “Se han de modular las prestaciones en función del tiempo de desempleo y condicionarlas al no rechazo de un puesto adecuado de trabajo, a la búsqueda activa de empleo y/o al aprovechamiento positivo de la participación en actividades de formación", se subraya. La lucha contra el fraude también permitirá aflorar ingresos extraordinarios.

El ajuste fiscal y reforma laboral están en manos del Gobierno que salga del 20-N. Más complejo parece cerrar el círculo y lograr que vuelva el crédito. ¿Medidas? Primero, transparencia. Debe conocerse la situación real de las entidades y vigilar la valoración y calificación adecuada de los activos. “Es esencial sanear los balances financieros para atraer a los inversores y como paso previo a la recapitalización” que se exige a la banca, explica el Círculo. Y la salida puede ser el banco malo que ya ensayaron los suecos en los años 90. Sería una entidad a la que se traspasarían los activos depreciados a su valor de mercado actual. En Suecia, dichos bancos sin esperanza de recuperación fueron intervenidos con una revelación completa de información. Entonces, eso sí, los accionistas soportaron las pérdidas en la mayor parte de los casos. ¿Sólo una posibilidad? Mejor será que Rajoy -si aciertan las encuestas- lo tenga claro. Los habituales cien días de gracia parecen hoy más que nunca una utopía.