La banca española más ‘zombi’ que nunca: 164.000 millones en avales y préstamos del BCE

El cierre de los mercados mayoristas -donde la banca se financia- continúa teniendo efectos devastadores. Hasta el punto de que buena parte del sistema financiero -las entidades menos solventes- sobrevive gracias a los préstamos del Banco Central Europeo (BCE) y a los avales del Estado. Estos dos instrumentos extraordinarios de financiación ascienden ya a 164.654 millones de euros, lo que da idea de la dimensión del problema.

En palabras de un alto funcionario de la autoridad monetaria, “estamos ante un mercado maniaco-depresivo”, y eso explica las dificultades que tienen las entidades financieras de los países periféricos para financiarse, lo que les ha obligado a acudir al sector público. En el caso de los avales del Estado, la cifra asciende ya a 88.606 millones de euros, lo que supone un incremento de algo más del 20% respecto de la cantidad con que se cerró el año pasado. Prácticamente el 85% de ese dinero va destinado a las entidades financieras. Para comprender la evolución de esta partida, hay que tener que al comenzar la crisis -en 2008- el Estado había avalado operaciones por valor de 8.152 millones, es decir, apenas la décima parte que ahora.

El programa de avales –tras seis prórrogas consecutivas al ser considerado por Bruselas ayuda de Estado- tiene fecha de caducidad, el próximo 31 de diciembre. Por lo tanto, será el próximo Gobierno quien tenga que decidir si continúa con esta estrategia.  En la última comunicación a Bruselas, las autoridades españolas aseguraban que el sistema de avales “ha contribuido positivamente a aliviar el impacto de la crisis en el conjunto del sistema financiero”. Se jactaba, incluso, de que al reducir la prima de riesgo, el régimen ha proporcionado a los beneficiarios “un mecanismo de financiación a un coste considerablemente inferior al que hubieran obtenido en los mercados dada la actual coyuntura”.

El problema es que el riesgo viene ahora, precisamente, de quien concede el aval: el Estado, como lo demuestra que el diferencial de España con el bono alemán a 10 años alcanzara ayer los 432 puntos básicos, el máximo desde el nacimiento del euro. El límite máximo que se ha comprometido el Gobierno a avalar asciende a 146.700 millones.  Y eso puede explicar que la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) haya planteado la necesidad de caminar hacia una política de ‘euroavales’.

Un camino de ida y vuelta

En el caso de los préstamos del BCE, la progresión ha sido de ida y vuelta. Tras el cierre de los mercados en los momentos más duros de la crisis, se produjo una explosión que llevó la apelación española al BCE a los 131.891 millones de euros en julio del año pasado. Nada menos que el 26% de lo prestado por la autoridad monetaria. Pero a partir de ahí se produjo un descenso que se ha frenado de forma abrupta a la vuelta del verano. Hasta el extremo de que en estos momentos uno de cada cinco euros que presta el BCE a la banca (medias mensuales de datos diarios) lo absorben las entidades financieras españolas. El doble que le corresponde en relación al tamaño del país. En total, 76.048 millones. O dicho en otras palabras, de representar poco más del 10% en abril se ha pasado hasta el 20%, lo que refleja la penalización que sufren las entidades españolas para captar fondos con los que renegociar sus deudas.

La causa de tan abultada apelación al BCE tiene que ver con las dudas sobre las entidades financieras de los países con mayores dificultades, lo que ha obligado al Banco Central Europeo a volver a la política de ‘barra libre’ para evitar un colapso. En paralelo, han ganado peso las cámaras de compensación, pero este tipo de instrumentos continúan siendo insuficientes, lo que ha empujado a las entidades menos solventes a acudir al BCE, que presta al 1,25%.

Continúa sucediendo, de hecho, algo insólito. Las entidades financieras con excedentes de liquidez devuelven los fondos al BCE en las operaciones de drenaje pese a que pierden dinero. Toman al 1,25% y lo entregan al 0,5%, pero aun así lo hacen por razones de seguridad en su tesorería.  Todo antes que prestar liquidez a otros bancos en los que no confían. Y noticias como los problemas del italiano Unicredito, unos de los mayores de Europa, justifican esa prudencia.

Esto quiere decir que buena parte del sistema financiero se ha puesto ya en manos del sector público, aunque sin nacionalizaciones generalizadas. El problema es que muchas de esas emisiones avaladas por el Estado comprometen ahora las cuentas públicas, por lo que se establece un círculo vicioso.

Como es la propia recapitalización bancaria, que ha empujado a muchas entidades a vender deuda soberana para salvarse de la quema, lo que ha alimentado el ensanchamiento de diferenciales. Lo ha reconocido, incluso, el presidente de la Federación Bancaria Europea, Christian Clausen, quien en una entrevista con Bloomberg defendió la venta de bonos de los países con mayores dificultades para poder cumplir los nuevos requerimientos de capital. “Los bancos hacen exactamente lo que tienen que hacer: reducir el riesgo”, asegura Clausen.