Sáenz seguirá en su puesto: el Consejo de Ministros esquivará el indulto

La decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -tomada por unanimidad de los cinco magistrados- de “desaconsejar” el indulto a Alfredo Sáenz, no tendrá consecuencias inmediatas. Al contrario. Según fuentes de toda solvencia acostumbradas a tramitar las condonaciones de pena, lo más probable es que el asunto ni siquiera sea elevado por el titular de Justicia, Francisco Caamaño, al Consejo de Ministros, quien está mañana ha asegurado sin embargo que el órgano analizará "lo antes posible" la petición de indulto. De esta manera, se evitaría la presentación de un informe ‘engorroso’ tanto para el Ejecutivo saliente como para el entrante.

El argumento que se da (precisamente el mismo al que se agarra como un ‘clavo ardiendo’ el Banco de España) es que mientras el asunto esté en el Tribunal Constitucional no hay nada que decir. Y hay que tener en cuenta que el recurso del Banco Santander puede tardar varios años en prosperar en el Alto Tribunal. En todo caso, no antes de dos o tres años, y no hay que olvidar que Sáenz está a punto de cumplir los 69 años.

El informe del Tribunal Supremo, en todo caso, no es vinculante, por lo que debe ser ahora el secretario de Estado de Justicia quién decida qué hace con él. Si lo eleva al ministro o si lo guarda en el cajón, que, según las fuentes consultadas, es lo más probable que haga. Sobre todo teniendo en cuenta que va en sentido contrario a lo que planteó en su día la Fiscalía del Tribunal Supremo, partidaria de mantener la pena de arresto de tres meses (que en ningún caso cumpliría al carecer de antecedentes penales) por acusación falsa. Pero proclive a conceder el indulto en la pena accesoria: suspensión de ejercer como directivo en entidades financieras durante un periodo similar.

Periodo electoral

Si ambos informes (el del Supremo y el de la Fiscalía) se quedan en el cajón del número dos del Ministerio de Justicia, eso significa que su titular no lo llevará al Consejo de Ministros, por lo que en todo caso, y según las fuentes, no parece probable una decisión inmediata. Y mucho menos en periodo electoral. Tampoco hay razones para pensar que el futuro Gobierno tenga prisa por avivar un asunto por el que no querrá estar concernido.

El Alto Tribunal consideró en su día probado que Sáenz dio instrucciones para que en 1994 Banesto presentara, a sabiendas de su falsedad, una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, como medida de presión para que pagaran 639 millones de pesetas (unos 3,8 millones de euros de entonces) que debían sus empresas.

La permanencia de Sáenz en el cargo se produce pese a que un Real Decreto de 1995 dice lo contrario. Establece, en concreto, que "se entenderá que carecen de tal honorabilidad [requisito para ser consejero o director general] quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén inhabilitados conforme a la Ley Concursal".