El Gobierno socorre a la Seguridad Social con 3.729 millones por la vía de urgencia

Las tensiones de tesorería de la Seguridad Social derivadas de la mala situación del empleo están en vías de solución. Al menos temporalmente y por la vía de urgencia. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado un Real Decreto-Ley por el que concede un crédito extraordinario a la Seguridad Social por valor de 3.729 millones de euros. Este dinero se destinará a financiar el Servicio Público de Empleo Estatal (el antiguo Inem), a quien el Estado adeuda más de 4.600 millones de euros por cuotas de los parados no satisfechas.

Con este Real Decreto-Ley, el Estado sale en socorro de la Seguridad Social, que próximamente debe hacer frente a una gigantesca paga de unos 16.000 millones de euros. Aproximadamente, unos 14.200 millones se destinarán a abonar las pensiones (paga ordinaria y extraordinaria) y el resto a compensar a las pensiones mínimas por la deviación del IPC (la mayoría de los pensionistas han visto  congelados sus ingresos en 2011).

El Gobierno admite que la utilización de la vía del Real Decreto-ley se justifica por la exigencia de atender al pago de obligaciones que “ineludiblemente debe satisfacer la Administración General del Estado”. Pero también a la necesidad de “no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros afectados”, es decir los pensionistas.

Como publicó este periódico, los últimos datos de la Seguridad Social reflejan una tesorería equivalente a 15.505 millones de euros, que en principio serían casi suficientes, pero hay que considerar que figura una partida de 1.850 millones depositados en la cuenta abierta en el Banco de España para la gestión del Fondo de Reserva, y dado el “carácter restringido y exclusivo de estos fondos”, la normativa establece que ese saldo tenga la consideración de activo fijo. Igualmente, en las cuentas de tesorería figura incluido el saldo por importe de 1.016 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención, donde se acumulan los excedentes de las mutuas de trabajo. La tesorería real, por lo tanto, se sitúa en unos 12.630 millones.

Sin novedad en el déficit

Según el Gobierno, el pago de esos 3.729 millones de euros no tendrá efecto alguno sobre el déficit fiscal de las administraciones públicas para 2011, toda vez que ya estaba contabilizado en términos de Contabilidad Nacional (obligaciones de pago en la jerga contable). Se trata, por lo tanto, de resolver un problema de tesorería, y el Gobierno ha apurado hasta el último momento para hacerlo. De hecho, y según los últimos datos de la propia Seguridad Social, hasta agosto, el Estado tenía contraída una deuda con el antiguo Inem de 4.644 millones de euros.

El Gobierno reconoce que la desviación en el gasto tiene que ver con un error de estimación sobre el comportamiento del mercado de trabajo. El Ejecutivo preveía en 2009 y 2010 una tasa de desempleo del 10,5% y un 17,4%, respectivamente. Sin embargo, la tasa de paro real fue del 18% y del 20%.

Igualmente, el Gobierno estimaba que el número medio mensual de beneficiarios de la Renta Activa de Inserción (una prestación de carácter asistencial) se situaría este año en 131.000, pero ahora con la información disponible calcula que habrá unos 181.000, lo que supone una desviación de cerca del 40%. Para cubrir esta desviación, el Estado destinará 162 millones de euros.

Los datos del Ministerio de Trabajo reflejan que en los doce últimos meses el sistema público de protección social ha perdido el 1,34% de sus afiliados. O lo que es lo mismo, 235.918 trabajadores han dejado de cotizar a la Seguridad Social. En tres años de crisis, el número de cotizantes en alta (con empleo) ha caído en algo más de dos millones, lo que da idea de la intensidad del ajuste. En estos momentos, hay 2,6 millones de trabajadores en paro cuyas cotizaciones las abona el Estado.