Sebastián fracasa en su negociación 'in extremis' con los fondos internacionales fotovoltaicos

El 8 de junio pasado vencía el ultimátum que 15 fondos internacionales con inversiones en el sector fotovoltaico habían dado al Gobierno español. Era la fecha límite que tenía el ministro de Industria, Miguel Sebastián, para calmar sus enfado por el recorte retroactivo de las primas, llegar a una solución pactada y evitar una demanda contra el Estado ante un tribunal de arbitraje internacional por una cantidad próxima a los 400 millones de euros. El sector daba por hecho que el Ministerio no movería ficha tras un silencio de tres meses desde que se anunció el requerimiento. Pero el ministro buscó un acercamiento in extremis a los afectados.

Según fuentes conocedoras del episodio, Sebastián convocó en esa fecha a representantes de los fondos foráneos, que se vieron apenas días después con el secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández, y el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají. La reunión en la cumbre, que tuvo lugar en el propio Ministerio, congregó a unas 30 personas. Fracaso total. “Desde Industria se insistió en que las medidas que habían adoptado estaban dentro de la legalidad. Desde los afectados se defendió la postura contraria. Pasado el plazo de conciliación, es ahora cuando los fondos deben decidir si acuden a un tribunal de arbitraje internacional”, aseguran estas fuentes.

El Gobierno aprobaba a finales de noviembre un recorte medio del 30% a los subsidios para los huertos solares. Las ayudas se reducían en un 45% para las instalaciones en suelo, en un 25% para los tejados y un 5% para los pequeños. Todo con el objetivo de ahorrarse más de 600 millones hasta 2013. El Ejecutivo sostiene que la medida no es retroactiva, ya que no obliga a devolver las primas cobradas. Para los fondos, sin embargo, sí lo es en tanto se cambian las reglas del juego a mitad del partido. El Tribunal Supremo ha avalado tradicionalmente la denominada retroactividad impropia siempre que se mantenga la garantía legal de una “retribución razonable”. Por eso los fondos extranjeros han buscado la vía internacional para hacer valer sus derechos.

Rajoy, la última esperanza

Por otra parte, las posibles empresas demandantes también tienen un ojo puesto en el calendario electoral y en si un cambio de gobierno puede favorecer un acuerdo. “No sabemos cuál será la posición del Partido Popular si, como parece, gana las próximas elecciones. Ni siquiera se sabe quién será el responsable de energía. Ahora bien, está claro que siempre es mejor una solución pactada. Y a veces, en toda negociación, lo que uno necesita es que le faciliten una salida. Eso parece ya imposible con el Ejecutivo actual. Tal vez si se produce un relevo…”, explicaba uno de los afectados, dejándose querer y bajo condición del anonimato.

Entre las firmas que han visto reducidas sus inversiones se encuentran AES Solar, Ampere, Elemento Power, Hazel Capital, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax, NIBC Infraestructure, entre otras. El total de dinero comprometido por estas compañías en el sector fotovoltaico español supera los 3.000 millones de euros. “Teniendo en cuenta que la reducción de tarifas es del 30% y afecta con carácter retroactivo a tres años, el daño sobre la facturación de las instalaciones solares gestionadas por esas firmas se calcula en 400 millones”, explicaban recientemente a este diario fuentes próximas al proceso. Los afectados ya remitieron una carta al Ejecutivo en junio de 2010 en la que alertaban sobre el impacto en la seguridad jurídica que tendría la medida.

A un paso de la corte de arbitraje internacional

La cuestión no es baladí. Como publicó El Confidencial, si no hay pacto de última hora y arranca el arbitraje internacional al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía, España se unirá a países como Letonia, Georgia, Mongolia, Kazajistán o Eslovenia. Alemania ha sido el único país de entre los más ricos de la OCDE que ha estado a punto de pasar por una corte de arbitraje internacional, pero logró resolver la disputa en el período negociador de tres meses que ya se ha rebasado en España. Pasado el 8 de junio, los afectados ya están habilitados para presentar una reclamación específica. Ese es el punto en que están ahora mismo los fondos, asesorados en España por Allen&Overy. Véase, midiendo los tiempos.

El tribunal dispondrá entonces de 18 meses y su fallo será definitivo y vinculante para las partes. Puede ser el último regalo envenenado al PP del Gobierno Zapatero. Según el Tratado, hay tres instituciones que pueden resolver una controversia si un inversor decide someter a arbitraje el conflicto con un Estado; una de ellas tendrá que juzgar el affaire fotovoltaico en España. En primer lugar, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial; en segundo, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, y, finalmente, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).