Salgado no se atreve a quitar el 'coladero' que usan los ricos para librarse de Patrimonio

Los March, Roig, Ortega, Jove, Koplowitz, Del Pino y demás apellidos ilustres de nuestro país están muy tranquilos pese a la 'resurrección' del Impuesto sobre el Patrimonio que obrará hoy el Consejo de Ministros. La razón es que el Gobierno no se ha atrevido a meter mano al 'agujero' por el que las mayores fortunas no pagaban este impuesto hasta 2008, ni lo pagarán en 2011, por la mayor parte de sus posesiones, según fuentes conocedoras del Real Decreto que se aprobará hoy.

Es lo que se conoce como la "exención de la empresa familiar", que consiste en las participaciones superiores al 5% en el capital de una sociedad. En teoría, este beneficio persigue que, si una persona tiene el grueso de su patrimonio invertido en su empresa, y si ésta se dedica a una actividad productiva, no esté sometido a gravamen para no interferir en dicha actividad. Se supone que ésta ya para el Impuesto de Sociedades si tiene beneficios.

El problema, como siempre sucede con estas cosas, es que se ha utilizado masivamente por muchos altos patrimonios para hurtar al impuesto parte de su fortuna: bastaba con comprar el 5% de una empresa -hacerlo en una cotizada era lo más sencillo- y el dinero invertido quedaba a salvo del Fisco. Esa es la razón de que la mayoría de las participaciones individuales en sociedades cotizadas sean sospechosamente del 5%, como pueden comprobar en la web de la CNMV.

Pues bien, el Gobierno ha mantenido esta exención, que limita notablemente la capacidad recaudatoria del impuesto, puesto que el grueso del patrimonio de las primeras fortunas españolas está invertido en sus empresas o en este tipo de participaciones financieras. De esta forma, a pesar de la subida del mínimo exento hasta un millón de euros, el Impuesto lo seguirán pagando los patrimonios medianos, no los de miles de millones.

Eliminar la exención sería catastrófico

La cuestión es que quitar esta exención supondría un auténtico terremoto para la economía española, puesto que todas estas empresas familiares (las de verdad) se domiciliarían al día siguiente en cualquier otro país, ya que ningún otro Estado miembro de la UE mantiene el Impuesto de Patrimonio a excepción de Francia.  Con lo cual no sólo no pagarían Patrimonio, sino que tampoco tributarían por el Impuesto de Sociedades. Es decir, sería mucho peor el remedio que la enfermedad.

Algunos expertos fiscalistas proponen soluciones intermedias entre el todo y la nada. Consistirían en imponer unos requisitos mucho más duros para que sólo puedan beneficiarse de la exención las empresas familiares de verdad, y no las meras participaciones financieras. Acompañadas de una inspección de Hacienda eficaz que controle su cumplimiento.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los mínimos anunciados ayer por el Gobierno -700.000 euros con carácter general más otros 300.000 por vivienda habitual- se aplican por sujeto pasivo. Es decir, en caso de matrimonios con régimen de gananciales estos mínimos se duplican y no tendrán que tributar si no alcanzan dos millones de euros.

En todo caso, todo esto no es más que economía-ficción, puesto que, salvo milagro, el PSOE no va a ganar las elecciones del 20-N. Y aunque lo consiguiera, al ser un impuesto cedido a las autonomías, serán éstas las que decidan sobre su aplicación. Algo que han rechazado ya todas las gobernadas por el PP salvo Extremadura, a pesar de las amenazas lanzadas ayer por la vicepresidenta Elena Salgado.