El impuesto a la banca se quedará en nada por la oposición de Reino Unido, Suecia y el BCE

El impuesto a las transacciones financieras anunciado el martes por Merkel y Sarkozy protagonizó ayer todos los debates: la banca lo rechazó, los analistas alertaron de sus efectos perniciosos, la izquierda lo celebró alborozada, los fiscalistas insistieron en su fin recaudatorio... Pero lo cierto es que tiene muy pocas probabilidades de salir adelante y, salvo un cambio radical de la normativa europea, se quedará en un nuevo brindis al sol.

Esto se debe a que un impuesto al nivel europeo debe ser aprobado unánimemente por los 27 miembros de la UE, y ayer al menos dos expresaron su rechazo a la medida: Reino Unido y Suecia. Además, el BCE también se opone. Gran Bretaña ya tiene su propio impuesto a las transacciones en los mercados -el impuesto de la Reina, o stamp duty- y su Gobierno considera que Londres, el principal centro financiero de Europa, sería el más perjudicado por la medida. El líder de los conservadores británicos en el Parlamento Europeo, Martin Callanan, dijo ayer que "Londres no debe pagar por los errores de otros países".

Suecia recuerda el mal resultado de una medida similar introducida en los 90, que provocó una caída del 85% en el volumen de operaciones, según UBS. Su ministro de Finanzas, Peter Norman, aseguró que esta tasa no servirá para calmar la tormenta de los mercados: "No veo cómo una tasa a las transacciones en la UE puede tener algún efecto positivo".

En cuanto al BCE, cuando se planteó esta medida en septiembre del año pasado, hizo suyos los argumentos de la industria financiera para rechazarla: que reducirá la actividad financiera y, con ella, la actividad económica, y que si no se impone a nivel global, provocará distorsiones en los mercados y una deslocalización de la operativa hacia los países donde no exista el tributo, lo que perjudicaría a Europa.

Fórmulas alternativas

Ante la falta de unanimidad, la única forma de que la tasa salga adelante es que sólo se aplique en los países miembros de la zona euro. Pero eso no tiene precedentes y requeriría un cambio profundo de la legislación europea. La Comisión Europea lo plantea como un impuesto directamente de la UE, que seriviría para financiar el presupuesto comunitario, lo que no sería posible con esta fórmula. Otra posibilidad es que se establezca como un impuesto nacional de cada país, pero entonces los que lo adopten quedarían en clara desventaja respecto a los que no lo hagan, básicamente Reino Unido.

En todo caso, todavía no se han establecido los detalles de la medida, que se esperan conocer en aproximadamente un mes. En principio, los expertos entienden que gravará la operativa en mercados financieros, no las operaciones de banca retail, aunque ni siquiera eso está claro. Tampoco se sabe se se aplicará a todos los mercados o sólo a algunos, cuál será el tipo impositivo (se habla del 0,1% en bolsa y bonos, y del 0,01% en derivados), ni si se aplicará a los inversores minoristas o sólo a partir de cierto volumen por operación.

Entre 30.000 y 200.000 millones

Ante esta falta de detalles, las estimaciones de su capacidad recaudatoria varían enormemente: desde los 30.000-50.000 de la propia Comisión Europea y de Nomura, hasta los 200.000 millones que calcula Royal Bank of Scotland. Evidentemente, cuantos más inversores y más mercados se graven, y cuanto más alto sea el tipo, mayor será la recaudación.

En lo que sí hay bastante coincidencia es en que esta idea no pretende evitar la especulación en los mercados o los riesgos excesivos de la banca, sino recaudar para ayudar a las maltrechas finanzas públicas de los países europeos. Porque ese será el destino de los ingresos, algo que nada tiene que ver con la llamada 'tasa Robin Hood' de la que ayer hablaban algunos políticos y medios de izquierda: una idea que pretende destinar la recaudación de este tributo a combatir el hambre en el mundo y el cambio climático.