Sebastián paga 354 euros la hora a un bufete internacional para defenderse de la fotovoltaica

Miguel Sebastián ha dejado un último regalo envenenado al nuevo Gobierno de Rajoy. Y es que el ministro de Industria en funciones parece haber dado crédito por fin a la demanda de arbitraje internacional que 14 fondos de inversión y compañías del sector energético han presentado contra el Estado español por los recortes retroactivos a las primas de la industria fotovoltaica. Y ha contratado a la carrera al despacho Herbert Smith para que asesore a la Abogacía General del Estado. Una ayuda por la que abonará la nada despreciable cantidad de 354 euros la hora. Se dará por bien empleada si evita que tenga que desembolsar las indemnizaciones por valor de 600 millones que solicitan los demandantes.

De hecho, el Ejecutivo está dispuesto a rascarse el bolsillo de verdad. Según se recoge en el anuncio de formalización del contrato, el importe máximo que podría recibir el despacho se sitúa en 1,6 millones de euros excluido el IVA, cuantía a la que se añadía una dotación adicional de 800.000 euros si es necesaria. Con los impuestos incluidos, el importe podría rozar los tres millones de euros. Hasta once bufetes –la mayoría foráneos- pujaron por hacerse con el mandato, entre ellos firmas como Clifford Chance, Baker & Mckenzie, Covington & Burling o despachos nacionales como Albiñana & Suárez de Lezo. La licitación, formalizada la semana pasada, fue tramitada de forma urgente y por el procedimiento negociado sin publicidad.

Según consta en el anuncio, la división española de Herbert Smith tendrá que dar “apoyo y asesoramiento legal externo para la colaboración con la Abogacía General del Estado en los procesos arbitrales que se susciten contra el Estado español en relación con la regulación del sector de la energía de tecnología fotovoltaica”. Los inversores afectados anunciaban la semana pasada la presentación de la demanda. Están representados por el despacho de abogados Allen & Overy, especialista en procedimientos de arbitraje relacionados con el Tratado sobre la Carta de la Energía, acuerdo internacional sobre el que se sustenta la reclamación. Su objeto es proteger las inversiones energéticas a largo plazo. 

Como publicó El Confidencial, el ministro buscó un acercamiento in extremis a los afectados el pasado mes de junio, justo cuando vencía el ultimátum que los fondos internacionales habían dado al Gobierno español. Según fuentes conocedoras del episodio, Sebastián convocó entonces a representantes de los fondos foráneos, que se vieron con el secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández, y el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají. La reunión en la cumbre, que tuvo lugar en el propio Ministerio, congregó a unas 30 personas. Fracaso total. “Desde Industria se insistió en que las medidas que habían adoptado estaban dentro de la legalidad. Desde los afectados se defendió la postura contraria”, aseguran fuentes presentes en el cónclave.

El Gobierno aprobaba a finales de noviembre un recorte medio del 30% a los subsidios para los huertos solares. Las ayudas se reducían en un 45% para las instalaciones en suelo, en un 25% para los tejados y un 5% para los pequeños. Todo con el objetivo de ahorrarse más de 600 millones hasta 2013. El Ejecutivo sostiene que la medida no es retroactiva, ya que no obliga a devolver las primas cobradas. Para los fondos, sin embargo, sí lo es en tanto se cambian las reglas del juego a mitad del partido. El Tribunal Supremo ha avalado tradicionalmente la llamada retroactividad impropia siempre que se mantenga la garantía legal de una “retribución razonable”. Por eso los inversores extranjeros han buscado la vía internacional para hacer valer sus derechos.

Presión sobre el nuevo Gobierno

La demanda eleva la presión sobre Rajoy, que podría tener margen. “No sabemos cuál será la posición del Partido Popular si, como parece, gana las próximas elecciones. Ni siquiera se sabe quién será el responsable de energía. Ahora bien, está claro que siempre es mejor una solución pactada. Y a veces, en toda negociación, lo que uno necesita es que le faciliten una salida. Eso parece ya imposible con el Ejecutivo actual. Tal vez si se produce un relevo…”, explicaba uno de los afectados el pasado mes de junio, dejándose querer. Entre las firmas que han visto reducidas sus inversiones se encuentran AES Solar, Ampere, Element Power, Hazel Capital, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax, NIBC Infraestructure, entre otras. El total de dinero comprometido por estas compañías en el sector fotovoltaico español supera los 3.000 millones de euros.

La cuestión no es baladí. Como publicó este diario, si no hay pacto de última hora y arranca el arbitraje internacional al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía, España se unirá a países como Letonia, Georgia, Mongolia, Kazajistán o Eslovenia. Alemania ha sido el único país de entre los más ricos de la OCDE que ha estado a punto de pasar por una corte de arbitraje internacional, pero logró resolver la disputa en el período negociador de tres meses que se rebasó en España el 8 de junio. El tribunal dispondrá entonces de 18 meses y su fallo será definitivo y vinculante para las partes.

Según el Tratado, hay tres instituciones que pueden resolver una controversia si un inversor decide someter a arbitraje el conflicto con un Estado; una de ellas tendrá que juzgar el affaire fotovoltaico en España. En primer lugar, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial; en segundo, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, y, finalmente, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).