La venta de Lanetro le sale muy cara a Apax, condenada por un tribunal

Corren malos vientos para Apax Partners en España. A sus problemas con la deuda de Panrico, adelantados por El Confidencial la semana pasada, hay que añadir un varapalo judicial por la compraventa de Lanetro Zed. Una juez le ha condenado a indemnizar al segundo directivo de a bordo del grupo de entretenimiento para móviles e Internet por incumplir un derecho de recompra de acciones.

En concreto, Francisca Arce Gómez, la juez magistrado del Juzgado de lo Social número 12 de Madrid, considera que Apax Partners España, su matriz londinense –Apax Partners Worldwide- y la filial luxemburguesa –Apax Services I-, a través de la cual se instrumentalizó la transacción se saltaron a la torera la obligación de vender la participación de Álvaro Gómez, director general de Lanetro, cuando la firma de private equity colocó su 25% a Grupo Planeta por 130 millones de euros.

Esta operación se hizo a finales de 2006, después de un fallido intento de salida a bolsa en verano. Apax tan solo tenía que haber vendido, además de su 25%, el 0,7% en manos del directivo de Lanetro Zed para salir de forma limpia de la compañía controlada por la familia Pérez Dolset  Pero no lo hizo. No se sabe si por descuido o porque las relaciones con los directivos y el resto de los accionistas del grupo de contenidos para móviles eran más que tensas.

 

Apax se saltó lo que se conoce en el argot financiero como tag along o derecho del ejecutivo a que sus acciones fueran vendidas cuando uno de los socios de referencia se deshiciera de las suyas. Álvaro Gómez debía de haber percibido 1,42 millones de euros por su 0,7%, pero la sociedad presidida en España por Nicolás Bonilla hizo caso omiso de sus requerimientos.

Pese a que el ejecutivo, asistido por el bufette Ventura y Garcés intentó alcanzar un acuerdo amistoso con Apax, finalmente el caso acabó en los tribunales laborales, algo poco común entre la elite directiva. La juez le dio la razón al director general financiero de Lanetro Zed, que contó entre los testigos con la declaración favorable de Innova, el brazo inversor de Juan Abelló, y del propio presidente del grupo de entretenimiento, Javier Pérez Dolset.

Grabaciones peligrosas

Además de toda la documentación presentada y la aportación de los testigos, la juez tomó en gran consideración las grabaciones telefónicas entre el directivo de Lanetro y Nicolás Bonilla. Se trata de tres documentos de audio, de casi dos horas de duración, en los que el presidente de Apax adopta determinadas posturas sobre el caso. Primero, asegura desconocer el asunto, después ofrece una negociación y finalmente pide disculpas a su antiguo empleado de Lanetro Zed. Sin embargo,  no cumple su compromiso de buscar un comprador para ese 0,7% ni de presentar unas disculpas por escrito, tanto de la filial de Madrid como de la matriz británica.

Tras una primera vista en la que Bonilla se muestra muy nervioso en el interrogatorio y no admite que su voz sea la de las grabaciones, la juez obliga al presidente de Apax a escucharlas íntegramente en un segundo acto. Pero Bonilla, que se avergüenza de determinados improperios con su interlocutor, tan solo aguanta la audición del primer archivo de audio y da por buena la prueba.

La juez condena a Apax, asesorada por Uría y Menéndez, a pagar 2,10 millones de euros –los 1,4 iniciales, más un 10% de intereses de mora y determinados gastos fiscales- al directivo de Lanetro Zed. Pero además, las condena de forma solidaria, de lo que se podría derivar que la venta a Planeta se hizo a través de una sociedad con domicilio en España  y no en Luxemburgo –paraíso fiscal-, por lo que debería pagar el impuesto por la plusvalía correspondiente.

Como la transacción le generó a Apax unos beneficios de unos 80 millones, la firma debería de haber pagado al Estado español unos 28 millones en concepto de impuesto. Esta interpretación de la sentencia ha sido negada por fuentes cercanas al private equity, que defienden la legalidad de la transacción desde el punto de vista fiscal.