El juez no se pronuncia sobre la valoración de El Corte Inglés solicitada por los hermanos Areces

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de los hermanos Areces Fuentes contra El Corte Inglés al fijar que los 16,53 millones que

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El juez no se pronuncia sobre la valoración de El Corte Inglés solicitada por los hermanos Areces

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de los hermanos Areces Fuentes contra El Corte Inglés al fijar que los 16,53 millones que pretendía pagar la empresa por el 0,2% del capital que querían vender no es un precio razonable, aunque también rechaza los 40,6 millones pedidos.

En una sentencia publicada este martes, la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid cree que el precio que el auditor de El Corte Inglés, el profesor Leandro Cañibano, otorgó a las acciones "no ha sido razonable y, por tanto, ha de considerarse arbitrario", ya que se limitó al valor contable y no tuvo en cuenta potenciales plusvalías, lo que es "manifiestamente insostenible e inaceptable".

El valor teórico contable es el que ha venido pagando El Corte Inglés en la compraventa de acciones a sus directivos dentro de su política de incentivos, y es el que se ofreció a Ramón, Rosario y María Jesús Areces Fuentes, titulares del 2,1% del capital. No obstante, también rechaza que El Corte Inglés deba pagar los 40,6 millones que solicitaban los hermanos Areces Fuentes, sobrinos del fundador de la empresa, al criticar los informes de sus expertos, que valoraban la sociedad entre 14.005 y 16.419 millones de euros.

De hecho, destacan la "falta de fiabilidad" del valor razonable determinado por ambos informes -elaborados, por un lado, por el actual secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y el profesor del IESE Pablo Fernández, y por otro lado, por la firma Mazars- debido a algunos parámetros y datos asumidos. Sin embargo, la sentencia se niega a establecer un precio al señalar que "aunque el tribunal considera que el valor de las acciones de El Corte Inglés S.A. es manifiestamente superior al que resulta del valor teórico contable, carece de los elementos necesarios para fijar tal valor en esta resolución".

La Audiencia Provincial de Madrid considera que la fijación de cualquier valor en sustitución del señalado por el auditor de la empresa de distribución "sería también arbitrario", al tiempo que rechaza que el "valor razonable de las acciones" sea fijado en ejecución de sentencia dadas las discrepancias existentes entre los peritos. De hecho, recuerda que las desviaciones entre las valoraciones de los informes y contrainformes presentados "se eleva a casi un 300%", por lo que la empresa de distribución y los hermanos Areces Fuentes deberán previsiblemente sentarse a negociar.

Eso fue lo que hizo el cuarto hermano que demandó a la empresa, César Areces Fuentes, que vendió el 0,69% del capital social por entre 50 y 60 millones de euros, asesorado por el bufete Jiménez de Parga. El precio abonado era superior a los 35 millones que en principio estaba dispuesto a pagar El Corte Inglés, aunque estaba lejos de los 98,52 millones de euros que estableció el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid, en una sentencia rechazada por la Audiencia Provincial de Madrid, que dio la razón a la empresa de distribución.

Ahora, el tribunal también recuerda que El Corte Inglés o los demás socios "tienen derecho a comprar dichas acciones con preferencia a otros posibles compradores", si bien no están obligados a adquirirlas. Con ello, rechaza la petición de los hermanos Areces Fuentes de que se declarara la libre transmisibilidad de determinadas acciones de la empresa o que se la obligara a comprar los títulos al precio exigido, al tiempo que valida la regularidad de la actuación del consejo de administración de El Corte Inglés.

En cualquier caso, un portavoz de los hermanos Areces Fuentes consideró "ganado" el pleito contra la empresa de distribución aunque, en declaraciones a EFE, mostró su sorpresa por el hecho de que no se haya fijado un precio para las acciones, lo que podría obligarles a recurrir ante el Supremo.


 

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