Moncloa lanza un ataque sin precedentes contra CEOE y arruina el diálogo social

El Gobierno acabó ayer con el soplo de vida que le quedaba al diálogo social. Ocurrió después de que la patronal CEOE hiciera público un nuevo documento en el que saca su artillería pesada en materia de reivindicaciones: reforma laboral, rebaja de cotizaciones o reformas estructurales en el sistema económico. La respuesta del Gobierno fue una descalificación sin precedentes de las tesis de los empresarios, tanto en el fondo como en la forma. Y la consecuencia no puede ser otra. Ya no hay ninguna duda de que no habrá acuerdo social.  

En círculos empresariales se daba ayer por hecho que “no hay bases para un acuerdo mínimamente serio”, y de ahí el “cabreo” de Zapatero, en palabras de un antiguo dirigente empresarial. La CEOE apuesta por negociar los Presupuestos Generales del Estado para evitar “sorpresas”. Y en ese sentido se señala que hay un vehículo legal idóneo para introducir reformas en el mercado de trabajo, y que no es otro que el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el  Mantenimiento y el Fomento del Empleo, que se tramita en el Parlamento desde abril.

Sólo el "cabreo" de Zapatero -como dice el ex dirigente de CEOE- puede explicar un inaudito comunicado difundido ayer a últimas horas de la noche por el Ministerio de Trabajo que supone un ataque sin precedentes a la autonomía empresarial. El comunicado del Gobierno dice textualmente que "el presidente de la organización empresarial fue incapaz de explicar, en la cena celebrada ayer en Moncloa [por el miércoles], las razones por las que no aceptaba el documento que sí habían consensuado ya sindicatos y Gobierno. Sin argumento alguno que ofrecer para justificar su negativa, los representantes de la CEOE se comprometieron a enviar un documento alternativo a los sindicatos y al Gobierno hoy jueves [por ayer] a las doce del mediodía".

Sostiene Corbacho que el documento de la patronal "llegó a las siete de la tarde, con lo que se imposibilitaba de facto la celebración de una reunión hoy [por ayer]. Pero lo que realmente ha causado un profundo malestar en el Gobierno es el contenido de la propuesta que, no solo no respeta las líneas rojas en las que se basaba todo el proceso de diálogo, sino que por ejemplo exigen que los trabajadores no tengan posibilidad de defensa jurídica en caso de despido".

El documento concluye con una frase que entrará en los anales del diálogo social: "No solo despido más barato, sino despido libre".

El Gobierno ha convocado para hoy por la noche una reunión en la que "se intentará que los empresarios expliquen a qué se debe su cambio de actitud, al exigir unas medidas que en ningún caso y por distintas razones, ni el Gobierno ni los sindicatos pueden admitir". Es decir, que en un comunicado oficial, el Ministerio de Trabajo habla por boca de las centrales sindicales. Lo nunca visto.

El ambiente venía caldeado. Y que la propuesta de rebaja de cotizaciones tiene trampa. Al menos, esto es lo que se sospecha en la CEOE, donde hay unanimidad –al menos en el comité ejecutivo- en no aceptar la rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social propuesta por el Gobierno. Lo que sospechan los líderes patronales es que si aceptan esa oferta, el Gobierno tendría carta blanca para subir los impuestos en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

En palabras de un dirigente patronal, “no sé a qué viene tanta prisa en aceptar una rebaja de cotizaciones cuando lo determinante es lo que se incluya en los Presupuestos del 2010”. La utilización del término ‘prisas’ no es, desde luego, una metáfora política. Fuentes de absoluta solvencia dijeron El Confidencial que el presidente Zapatero había dado órdenes a sus negociadores de que a finales de esta semana estuviera listo un primer borrador de acuerdo, y así se hizo llegar a los emisarios de sindicatos y empresarios. Sin embargo, como se sabe, no hubo acuerdo  por las posiciones enfrentadas que tienen Gobierno, sindicatos y CEOE-CEPYME.  

Para otro veterano dirigente empresarial -ahora fuera de los órganos de dirección de la patronal- “si CEOE se pone a la cola aceptando dinero que incentiva el gasto público, estaría legitimando una subida de impuestos”.

La sospecha de CEOE sobre la estrategia del Gobierno tiene como fundamento distintas declaraciones de miembros del propio Ejecutivo –incluida de la propia vicepresidente económica, Elena Salgado- en el sentido de someter a revisión todo el sistema de deducciones vigente. Y de las que hoy se benefician cientos de miles de empresas. Tan sólo en el Impuesto de Sociedades, el tributo que afecta más directamente a las empresas, los beneficios fiscales ascienden a 6.761 millones de euros, es decir, claramente por encima de los 4.000 millones de euros que costaría a la Seguridad Social una rebaja de 1,5 puntos de cotizaciones ((0,5 puntos en enfermedades profesionales y accidentes de trabajo y un punto para contingencias comunes). De aquella cantidad, 2.265 millones son consecuencia de los tipos reducidos que aplican fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas y otros 2.971 millones a deducciones en la cuota íntegra del impuesto.

Disminución de ingresos

Los beneficios fiscales se definen como la disminución de ingresos tributarios que, presumiblemente, se producirá a lo largo del año debido a la existencia de incentivos fiscales destinados al logro de determinados objetivos de política económica y social. La merma prevista de ingresos para 2009 es verdaderamente espectacular -61.478 millones de euros-, y de ahí que el Ministerio de Economía haya puesto sus ojos en este capítulo para aumentar la recaudación.

A la luz de esta impresión se explica la posición tan férrea de CEOE de no aceptar simplemente “un cambio de cromos”. Es decir, aumentar la prestación por desempleo para los trabajadores que hayan agotado el derecho, a cambio de una reducción de las cuotas sociales. Este escenario es el que ha querido romper la CEOE con su oposición radical al acuerdo. Y por eso se volvieron a desempolvar en la negociación, asuntos que parecían ya superados, como la necesidad de una reforma laboral en profundidad o la aprobación de reformas económicas que dinamicen la actividad económica.