El diálogo social salta por los aires y obliga a Zapatero a mover ficha

El diálogo social ya no da más de sí. Después de doce reuniones, está agotado. Aunque formalmente nadie se ha levantado de la mesa, a última hora de la noche de ayer nadie daba un euro por su continuidad. Ni sindicatos ni empresarios. Los primeros, porque consideran inasumibles las reivindicaciones de la patronal. Y lo segundos, porque están convencidos  de que sin reformas económicas la España de los cuatro millones de parados será una realidad durante muchos años.

 

La única espita de esperanza que se mantenía abierta a esas horas  era la posibilidad de que el presidente del Gobierno se sacara un as de la manga en la cena de anoche en Moncloa con los líderes de CCOO, UGT y CEOE; pero, según fuentes solventes, del encuentro no salió nada. Ni siquiera una vía de escape. Entre otras cosas, debido a que ese formato no es el más adecuado para negociar. Pero sobre todo debido a que el Gobierno no quiere legislar unilateralmente, por lo que tampoco parece dispuesto a quemarse políticamente con propuestas que disgusten a sindicatos o empresarios. “Ahora le toca al Gobierno mover ficha”, aseguró a El Confidencial  un cualificado dirigente de la patronal.

Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CCOO,  se manifestó en la misma línea en declaraciones a este diario, pero dejando bien claro que su sindicato no aceptará una rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social, el asunto que se ha convertido en el principal caballo de batalla de las negociaciones.

Los empresarios piden reformas

Los empresarios, sin embargo, no están dispuestos a agotar en ese punto sus reivindicaciones. Ayer plantearon de nuevo cuatro asuntos: además de la reducción de las cotizaciones sociales (por encima de los 1,5 puntos que propone el Gobierno), bonificaciones del 100% en los EREs de suspensión de empleo, eliminación de las restricciones al funcionamiento de la Empresas de Trabajo Temporal (ahora no pueden operar en empleos de riesgo) o la reforma laboral, en particular la modificación de los artículos 39 y 41 del Estatuto de los Trabajadores, que regulan la movilidad funcional y las condiciones laborales. El asunto del despido no se ha vuelto a tratar. Pero los que les preocupa, fundamentalmente, es que España no adopte ninguna reforma económica que plantean los organismos internacionales, la OCDE, el FMI o la Comisión Europea.

Los sindicatos, por su parte, insisten en que el aumento del paro tiene que ver con el modelo productivo y no con la legislación laboral, y de ahí que nieguen en redondo cualquier modificación del Estatuto de los Trabajadores.

“No se lo que va a pasar a partir de ahora”, reconoció ayer el secretario de Acción Sindical de CCOO, pero lo que está claro, insistió, “es que no aceptaremos que se culpe a la legislación laboral de lo que está pasando”.

El encuentro de ayer entre sindicatos, patronal y Gobierno estuvo precedida de una reunión del comité ejecutivo de la CEOE en el que los empresarios cerraron filas con los negociadores. Hasta el punto de que rechazaron el último documento del Gobierno sin necesidad de convocar a la Junta Directiva, el máximo órgano de decisión de la patronal. Esta estrategia se considera un gesto de fuerza frente al Gobierno y los sindicatos, que ven en la posibilidad de que se fracture la CEOE una vía de escape. En particular el Ejecutivo, que tiene capacidad de presión a través de las organizaciones más vinculadas a la acción del Gobierno vía Boletín Oficial del Estado, y que prefieren un clima de ‘paz social’ para sus negocios.

Tras esa reunión, lo único que queda claro es que los empresarios no están dispuestos a levantarse de la mesa, como los sindicatos, lo que significa que si no hay novedades de importancia en los próximos días, las tres partes seguirán negociando a la vuelta del verano. No habrá foto a corto plazo, pero el Gobierno continúa sin desgastarse políticamente ante su electorado por decisiones tomadas en contra de la opinión de los sindicatos. Un mal menor, en cualquier caso, para los intereses del presidente del Gobierno.