Polémica por la exclusión de alcaldes y concejales de la Ley contra el blanqueo de capitales

El Gobierno se plantea dar marcha atrás en su intención de que los alcaldes y concejales sean considerados de oficio sospechosos de blanqueo de capitales. Esta iniciativa se incluía en la primera redacción del proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, presentada en abril, que consideraba a los cargos políticos nacionales, autonómicos y municipales como sujetos a lo que se llama "diligencia reforzada", que significa que los bancos deben vigilarlos estrechamente como sospechosos de blanquear dinero.

Una medida que iba más allá de la directiva europea que traspone esta ley y que fue calificada de "realista" por los expertos ante la corrupción generalizada que asola a las corporaciones municipales en nuestro país. Sin embargo, ahora el Ejecutivo pretende excluir a alcaldes y concejales, según ha asegurado hoy Raquel Cabeza, consejera técnica de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Ministerio de Economía en un congreso de banca privada organizado por IIR.

Cabeza ha justificado su exclusión porque "es verdaderamente complicado controlar a todos estos cargos por la gran movilidad que hay en los cargos locales. Y no sólo se trata de los cargos, sino también de sus familiares". En todo caso, ha puntualizado que todavía no hay una decisión firme sobre este aspecto y que podría ser modificado en su tramitación parlamentaria. Lo que sí se mantendrá es este control especial para los cargos políticos nacionales y autonómicos, así como sobre los que detenten un cargo en el extranjero.

Otra dulcificación de la ley es que no serán las entidades financieras las que tengan la obligación de identificar a los políticos, sino que este deber recae sobre el propio político; es decir, es él el que debe comunicar a la entidad que es político al contratar un producto o servicio en el que podría colocar dinero procedente de un delito.

Según la representante del Tesoro, el proyecto de Ley también nacerá cojo en otros aspector. Por ejemplo, la directiva europea obliga a considerar sujeros obligados, es decir, entidades que tienen que adoptar medidas aniblanqueo, a todas las empresas que vendan bienes o servicios por un importe superior a 15.000 euros en efectivo independientemente de su actividad, lo que "es inmanejable desde el punto de vista práctico".

Otra novedad importante es que, entre los delitos que darán pie al blanqueo de capitales, se incluirá el fraude fiscal junto al narcotráfico, tráfico de armas o el terrorismo. Esta inclusión también ha desatado una fuerte polémica porque muchos despachos de abogados consideran que el fraude fiscal no puede equipararse con estos delitos. "El argumento es que los fondos se obtienen de una actividad ilícita, y en el momento en que hay una elusión de la cuota de un impuesto, esos fondos adquieren carácter ilícito. Por tanto, toda actividad dirigida a disimular ese origen supone blanqueo de capitales", explica Cabeza.