Aquí yace el Constitucional, última víctima de ETA

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Federico Quevedo.-  05/05/2011

El Tribunal Constitucional tiene hasta las doce de esta noche para emitir una sentencia sobre la legalidad o no de la presencia de Bildu en las elecciones municipales del próximo 22 de mayo, pero no hace falta que apure el plazo porque ya sabemos lo que va a dictaminar: lo han puesto por escrito los seis magistrados progresistas del Tribunal Supremo que han emitido un voto discrepante de la mayoría, y le han dado el trabajo hecho al ponente del TC que solo ha tenido que hacer un copia y pega.

Pero, fíjense, lo que va a pasar hoy, más allá de lo que significa un paso atrás en la lucha contra el terrorismo desde el momento en el que les vamos a permitir volver a las instituciones, más allá de lo que significa de afrenta a la memoria y a la dignidad de las víctimas del terrorismo que van a ver como los amigos de los etarras vuelven a sentarse en los sillones consistoriales cuando no a gobernar los ayuntamientos, más allá de la constatación de que la actitud del Gobierno responde a un cálculo electoral que sitúa por encima de la defensa de la libertad y la democracia, más allá de todo eso significa la sentencia de muerte definitiva de la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Y esa es, sin duda, la mayor victoria que puedan apuntarse en su haber los terroristas y sus amigos que no son otra cosa que enemigos de la democracia y del Estado de Derecho.

Hay que reconocer que el Gobierno ha hecho bien los deberes y ETA ha sabido manejar los tiempos con habilidad. Presentaron Sortu, y el Gobierno hizo lo que debía hacer, es decir, promover su ilegalización con una mano al mismo tiempo que con la otra les daba argumentos a los magistrados progresistas del Supremo para que provocaran la división en el Alto Tribunal. Sabían todos que Sortu no pasaría el corte, y tenían preparada la alternativa de Bildu, un cajón de sastre en el que EA y Alternatiba servían de excusa para que los proetarras parecieran hermanitas de la caridad. Y, al hacerlo así, estaban tendiendo la trampa en la que parecía inevitable caer, es decir, ¿cómo se puede anular el derecho fundamental de dos organizaciones de las que nadie -yo no lo hago- duda de su legitimidad democrática para presentarse a unas elecciones? Difícil disyuntiva para los jueces: hurtar un derecho fundamental recogido por la Constitución, o aplicar la legalidad respecto de los amigos de los asesinos.

El Gobierno era plenamente consciente de que el Tribunal Supremo actuaría conforme a la Ley, es decir, que haría lo segundo para preservar la naturaleza del Estado de Derecho, pero sabía también que le estaba dando argumentos al Tribunal Constitucional para que fallara en sentido contrario anteponiendo el derecho fundamental a la legalidad. Y probablemente tendrían razón si no fuera por un pequeño -no tan pequeño, obviamente- detalle que invalida ese argumento: son los propios partidos -EA y Alternatiba- que se prestan a servir de excusa para que Bildu pueda estar en las elecciones los que han renunciado unilateralmente a ese derecho fundamental, sabiendo como sabían que era muy factible, sino casi absolutamente seguro, que el Estado de Derecho no lo consintiera y utilizara todos los instrumentos a su alcance para evitarlo.

Lo que va a hacer el Tribunal Constitucional -y desde este mismo momento asumo que si no ocurre lo que estoy absolutamente convencido que va a ocurrir me tragaré mis palabras y asumiré mi error-, se llama fraude de ley. Y que lo haga el máximo órgano jurídico de nuestro país tiene unas consecuencias incalculables y probablemente imposibles de advertir hoy. El Tribunal Constitucional es un órgano político, elegido por políticos y por lo tanto carente de cualquier asomo de independencia. Tan es así que enseguida la opinión pública les pone etiquetas a los magistrados: progresistas, conservadores, nacionalistas… Sabemos a qué intereses sirve cada uno de ellos. Hemos visto cómo desde el poder político se advertía e incluso amenazaba a esa institución -todos tenemos grabada en nuestra retina la imagen de De la Vega riñendo a María Emilia Casas-, y sus últimas actuaciones -léase Estatuto catalán- han puesto muy en evidencia que se trata de un órgano excesivamente dependiente del color político del Gobierno de turno, pero ha sido en estas dos legislaturas de Rodríguez Zapatero cuando el Tribunal Constitucional ha iniciado el camino de su decadencia, camino que probablemente culmine hoy con una decisión que lo pone en la picota y lo convierte en un mero ‘brazo armado’ del Poder Ejecutivo, violentando así el objetivo de salvaguardia de la Constitución que la propia Carta Magna pretendía asignarle.

Y probablemente ese sea el error de partida. El Tribunal Constitucional se ha convertido en lo que nunca debió ser, es decir, una última instancia judicial. No era ese su papel, para eso está el Supremo, y en el caso que nos ocupa debía ser ahí donde acabara la travesía de Sortu y Bildu y la estrategia de ETA para estar en las elecciones. El Supremo ha dictado una sentencia conforme a derecho y conforme a leyes de cuya constitucionalidad no ha dudado nadie, luego si las leyes son constitucionales, también lo deben ser las sentencias que de ellas se derivan, y si existe alguna duda al respecto lo que debe valorar el Tribunal Constitucional es si la Ley de Partidos y la Ley Electoral se ajustan a la Constitución, pero no si Sortu o Bildu pueden presentarse a las elecciones porque para valorar eso ya están los tribunales ordinarios.

Fue Alfonso Guerra quien en cierta ocasión dijo aquello de que Montesquieu había muerto… Pues no señor. Es cierto que la izquierda ha intentado muchas veces enterrarlo, y esta vez ha conseguido anular su influencia sobre el sentido mismo de la democracia, pero hay quienes creemos que la separación de poderes forma parte de la esencia misma de un sistema político cimentado sobre la fe en la soberanía popular y las garantías que ese mecanismo de equilibrios ofrece para que nunca caiga en manos de un poder absoluto, y vamos a seguir denunciando hasta la saciedad cada intento por desequilibrar el sistema y pervertir la Democracia. Si el TC cumple con el guión que le ha marcado el Gobierno habrá perdido toda su credibilidad y su fiabilidad, pero nos estará dando un argumento para exigir su reforma y su transformación.

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OPINIONES DE LOS LECTORES, 194 COMENTARIOS

194 .- No estoy en absoluto de acuerdo con los que proclaman culpables de esto a los "magistrados" del tribunal constitucional. Los culpables son los partidos políticos y más directamente sus líderes que son los que ostentan el poder absoluto en este sistema supuestamente democrático. Esos magistrados son solo el brazo ejecutor de Rajoy y Zapatero, que son los verdaderos culpables. Como no veo yo al PP denunciando esta tropelía creo que ambos líderes son solidariamente culpables. Este apaño se hace con la complicidad de ambos, unos por compromiso ideológico con la ETA e interés electoral [dividir el voto nacionalista] y los otros por interés en llegar a la Moncloa perforando el cordón sanitario. Y esto es lo que hay.

finidine

06/05/2011, 09:05 h.

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193 .- Que la sangre de sus victimas caiga sobre sus cabezas

pinpinelaescarlata

06/05/2011, 07:23 h.

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192 .- y si los legalizase Francia ¿seria lo mismo? ¿o es que alli debe haber una ley y aqui otra mas restrictiva?

manhuel

05/05/2011, 22:38 h.

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191 .- #190 Busque usted a su neurona, que lo estará echando de menos. Aunque después de tanto años, igual ya ni se acuerda de usted.

Lupercio

05/05/2011, 22:30 h.

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190 .- #189 ..tienes un complejo que lo arrastras desde pequeño y de la epoca del dictador.Con ese nombre y esa mentalidad debias ser el burrito de la escuela....siempre de pared y encima te pegaban en las manos con el mimbre....

¿a que si burriquito como tu....decia Peret?

el farero

05/05/2011, 22:11 h.

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