La Liga de Fútbol Profesional quiere terminar con la leyenda que existe con la compra de partidos. La tolerancia cero que hay en el ordenamiento jurídico de países como Italia, Portugal o Alemania son el espejo en el que los dirigentes de la LFP llevan mirando en los dos últimos años, para conseguir poner un marco legal sancionador a las presuntas compras de partidos. La lista de partidos investigados que la UEFA hará pública en los próximos días han levantado la voz de alarma. La LFP estima que el posible amaño del resultado de un partido no puede quedar sin sanción. Los dirigentes de la LFP han acudido al Consejo Superior de Deportes y al resto de Administraciones Públicas para encontrar la vía sancionadora correcta.
Situaciones como las que denuncia la UEFA, que todavía no han llegado a los dirigentes de la Liga, no encuentran un acomodo en el Derecho español para poder aplicar una política de tolerancia cero contra las mismas y contra quienes las amparan. Italia, Portugal y Alemania ya han dado un paso adelante, países en los que a través del proceso penal se pueden practicar una serie de pruebas (intervenciones telefónicas, de correspondencia, de cuentas bancarias, etc…) mediante las cuales se puede llegar a alcanzar un más perfecto conocimiento de la existencia, en su caso, de conductas fraudulentas en el ámbito deportivo. El procedimiento disciplinario deportivo así como el administrativo español no se encuentran adaptados a dicha realidad. ∙
La lucha de la LFP en contra de la corrupción en el fútbol se inició en junio de 2008 cuando expuso al Secretario de Estado las razones jurídicas que justificarían la posibilidad de aprobar un marco normativo específico en relación al fraude en el deporte, presentándose un borrador de proyecto de Ley contra el fraude en el deporte. Incluso la LFP abrió expediente a lo sucedido en los partidos Athletic-Levante y Málaga-Tenerife, trasladando el resultado de los mismos a la Fiscalía General del Estado.
Incluso la LFP creó un seminario en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid pidiendo la revisión del código penal para evitar los fraudes deportivos. Lissaveztky, secretario de estado para el deporte, reconoce que esa reforma ya está en estudio y ha sido trasladada al Consejo de Ministros. Incluso en la subcomisión del Congreso del deporte profesional del pasado mes de abril, Astiazarán insistió en la necesidad de crear el marco legal necesario para castigar la corrupción en el fútbol. Ahora, la presunta trama vía apuestas por Internet destapada por UEFA, debe ser el reclamo necesario para que el ordenamiento jurídico español de un paso adelante y sancione a los corruptos en el mundo del deporte.