El hundimiento de un carril bici, que dejó dos muertos, fiel reflejo del caos que vive Río

Parecería un chiste si no fuese una noticia dramáticamente real. Mientras el alcalde de la ciudad olímpica y maravillosa, Eduardo Paes, estaba el viernes pasado en Atenas (Grecia) para participar en la ceremonia de encendido de la antorcha olímpica, un trecho de su obra estrella, el carril bici Tim Maia, se desmoronó ese mismo día por la embestida de fuertes olas y se llevó por delante a varias personas. El saldo fue de dos muertos, un desaparecido y tres hospitalizados. Inaugurado a bombo y platillo hace tan solo tres meses, este camino de casi cuatro kilómetros ofrecía a ciclistas y peatones unas vistas privilegiadas del litoral carioca y era considerado uno de los principales legados de los Juegos Olímpicos para Río de Janeiro.

La noticia ha dado la vuelta al mundo y ha colocado a esta ciudad en el punto de mira internacional. Un detalle macabro decora las crónicas locales sobre ese trágico acontecimiento: varios jóvenes resolvieron hacerse 'selfies' cerca de los cadáveres, que permanecieron tendidos y cubiertos por pareos durante tres horas. A escasos metros, otros jóvenes seguían jugando al fútbol como si nada hubiese acontecido.

El alcalde Paes se apresuró a regresar a Río de Janeiro, donde ha prometido hacer justicia y abrir una investigación en todas las demás obras olímpicas. “Vamos a enfrentar esta situación, a identificar y a castigar a los responsables. Es obvio que si este carril bici hubisese sido constuido de forma perfecta, no tendríamos esta tragedia absurda. Obviamente tenemos problemas. Hemos contratado una auditoría para identificar los fallos técnicos y sus responsables. O sea, error de proyecto, error de ejecución, error de acompañamiento y de fiscalización”, ha dicho esta semana.

Las declaraciones del alcalde de Río no han conseguido acallar las perguntas de expertos y simples ciudadanos, que en las redes sociales denuncian irregularidades y corrupción desde hace una semana. '¿Cómo es posible que los ingenieros que proyectaron y construyeron este flamante carril bici no fueran capaces de prever el impacto de las olas en la estructura?', se preguntan centenares de personas.

La razón del accidente reside en el Régimen de Contratación Diferenciada (RDC), creado en 2011 para facilitar las obras del Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos (JJOO), según señalan varios arquitectos. Este mecanismo permite reducir los plazos, lo que en la práctica equivale a meter prisa a todos los profesionales envueltos en las obras, sin que por eso se les exijan responsabilidades. Además, el RDC amplía una cláusula de la Ley de Licitaciones de 1993 que dispensa a las constructoras de presentar proyectos ejecutivos completos para la contratación de obras públicas.

Dicho sea de otra forma: en vez de detallar todos los plazos, materiales, conceptos y, principalmente, costes de cada obra, las constructoras pueden presentar a la administración un simple anteproyecto, que casi siempre da pie a los famosos aditivos, es decir, los sobrecostes. Se trata de un negocio redondo para los empresarios. En el caso del carril bici, el contrato firmado en junio de 2014 preveía un valor de 35 millones de reales (8,75 millones de euros). La obra finalmente costó 44,7 millones de reales (11,17 millones de euros), un 30% más. "Ya tenemos una generación de ingenieros, arquitectos y urbanistas que nunca hicieron un proyecto ejecutivo. Las obras públicas duran poco. Las ciudades brasileñas se están transformando en un caos de la vida colectiva, donde nada parece funcionar o tener sentido”, señala el urbanista Washington Fajardo.

“Este mecanismo se ha convertido en un peligroso atajo para las catástrofes y en una invitación a la corrupción, la mala ejecución y el mal uso del dinero público”, señala la columnista Mariana Barros en la revista 'Veja'. “En el caso del carril bici de Río, existen todos los indicios de problemas: retraso en la entrega, presupuesto por encima de lo establecido e incluso supuestos beneficios para parientes de funcionarios de la alcaldía”, añade Barros.

Esta periodista se refiere a los datos publicados por el diario 'Folha de S.Paulo' después del accidente. Concremat, la empresa que construyó el carril bici, pertenece a la familia del secretario especial de Turismo, Antônio Pedro Figueira de Mello. Según este prestigioso periódico, el valor de los contratos de esta compañía se ha multiplicado por 18 desde que Paes es alcalde. Entre 2000 y 2008, las empresas de este grupo firmaron 16 contratos con el consistorio por un valor de 24,8 millones de reales (6,2 millones de euros). Después de la elección de Paes, estas empresas pasaron a participar de 54 obras, incluido el Parque Olímpico de Barra, por un valor total de 451,6 millones de reales (112,9 millones de euros).

Las sospechas de corrupción y chapuzas en las obras olímpicas no son el único problema que tiene que enfrentar el Comité Olímpico Internacional (COI). Brasil está sumido en el caos político y económico, con un proceso 'impeachment' contra la presidenta Dilma Rousseff en curso, que el 12 de mayo puede culminar con su alejamiento del cargo durante seis meses. Si eso ocurre, y todo apunta a que va a ocurrir, el vicepresidente Michel Temer asumiría el gobierno interino durante 180 días.

Por lo pronto, Rousseff tuvo que renunciar a viajar a Atenas la semana pasada. La presidenta tenía otras prioridades, entre ellas acudir a la ONU para denunciar lo que ella considera un golpe de Estado de la derecha. El COI, que a día de hoy no sabe a ciencia cierta quién será el jefe de Estado de Brasil en agosto, tampoco cuenta con un interlocutor claro en el Ministerio de Deporte.

George Hilton (Partido Republicano de la Orden Social) dejó su cartera a finales de marzo, en plena crisis 'pre-impeachment', después de una fuerte disputa política sobre el apoyo a Roussef. Hilton, que ocupaba el ministerio desde enero de 2015, se quejó a su partido por su decisión de respaldar el 'impeachment'. Su iniciativa y su postura independiente le han costado el cargo y se ha visto obligado a dimitir por las presiones recibidas. Le sustituyó Ricardo Leyser (Partido Comunista de Brasil), un técnico de 45 años que acompaña la organización de los JJOO desde el comienzo.

“No existe ningún escenario que pueda poner en duda la realización de los Juegos en Brasil”, declaró Leyser a los pocos días de asumir su cargo, en referencia al 'impeachment'. “Los Juegos están prácticamente listos. Además, la Olimpiada en Brasil está por encima de los partidos”, subrayó. Sin embargo, el nuevo ministro de Deportes es interino y puede perder su cargo si finalmente Rousseff es alejada del Gobierno.

Resumiendo, el COI no puede contar con él en el medio plazo ni sabe oficialmente quién sería su sustituto en el caso en que Temer asuma la presidencia. Dicho sea de paso, Temer también se enfrenta un proceso de 'impeachment' por las mismas irregularidades fiscales que cometió Rousseff, lo que sin duda contribuye a complicar la muy enrevesada situación política de Brasil.

Por si todo eso fuese poco, hay que recordar que la crisis financiera del Estado de Río de Janeiro ha alcanzado proporciones peligrosas. Los funcionarios públicos no cobran desde hace meses, los médicos y profesores están en huelga y los policías han dejado de hacer horas extra porque tampoco las están cobrando. La inseguridad ciudadana sigue preocupando, y más aún después de los últimos datos, que muestran un aumento de las muertes violentas del 15,3%.

En este complejo escenario, muchos se preguntan si fue una buena idea elegir Río de Janeiro para los primeros JJOO organizados en suelo sudamericano. Ni siquiera los cariocas están contentos con esta decisión, a pesar de que en septiembre de 2015 las encuestas mostraban un 73% de aprobación. El megaevento deportivo ha provocado un aumento estratosférico de precios y alquileres. Al mismo tiempo, ya ha quedado confirmado que estos JJOO tampoco dejarán ninguno de los grandes legados medioambientales prometidos en la candidatura.

Ni la Bahía de Guanabara va a ser saneada, ni las lagunas de la región del Parque Olímpico van a ser limpiadas ni se van a recuperar los ríos de la ciudad. A finales de diciembre, el Ayuntamiento de Río rescindió el contrato con el Consorcio de Jacarepaguá para la recuperación hidrográfica de la región. Pequeño detalle: este consorcio está formado por dos constructoras implicadas en el macroescándalo de Petrobras, considerado el segundo mayor caso de corrupción del mundo por la ONG Transparencia Internacional.