El juez quita el Cádiz a Quique Pina y se lo devuelve al grupo italiano Sinergy

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cádiz ha devuelto la propiedad del Cádiz CF al grupo italiano Sinergy HG Limited, según un auto al que ha accedido El Confidencial. Este diario ya adelantó en septiembre de 2015 cómo el juez desmontaba la subasta de acciones del Cádiz. La Audiencia Provincial tendrá que ratificar, a través de una sentencia, quién se queda definitivamente con el club. La intención de Sinergy es llegar a un acuerdo con Quique Pina.

Las acciones fueron subastadas el 3 de diciembre de 2013. Sinergy compró el 51% del Cádiz CF a Antonio Muñoz Vera en junio de 2012 por un precio “abierto” inicial de 850.000 euros. Este carácter de “precio abierto” consistía en una variación al alza o a la baja en función de si las cuentas de la temporada 2012-2013 no se ajustaban a final de año al presupuesto previsto y había más párdidas económicas de las establecidas. El precio se reduciría en la misma proporción que las pérdidas no contempladas en el presupuesto. Por el contrario, si el Cádiz subía a Segunda División, se establecía un sobre precio de 350.000 euros.

La forma de pago establecida en el contrato era la siguiente: un pago inicial de 400.000 euros y un segundo pago en julio de 2013 de 450.000 euros si el presupuesto se ajustaba a lo previsto. En caso de no que no se ajustara se reducirían las perdías y en caso de ascenso se le daría a la vendedora 350.000 euros más.

Para garantizar el segundo pago, el vendedor estableció una prenda sobre las acciones vendidas, ejecutable mediante subasta notarial. Pasado un año tras la compraventa en julio de 2013, las pérdidas previstas fueron superiores a las establecidas en el presupuesto y los patrocinados se negaron a pagar los 450.000 euros restantes.

Según explica a este diario el abogado granadino José Enrique Rodríguez Zarza, responsable del bufete Agaz Abogados, Antonio Muñoz, experto en derecho deportivo y societario, inició una subasta notarial de las acciones del Cádiz CF sin liquidar el precio definitivo descontando dichas pérdidas. “Mis patrocinados acudieron a la Justicia ordinaria” —añade Rodríguez Zarza— “para solicitar la declaración de nulidad de las acciones del Cádiz CF, alegando dos motivos básicos. Uno, que la liquidación del precio exigida era errónea y que no debían los 450.000 euros que les requerían. Y dos, que la entidad Cádiz CF no tenía legalizado un libro de socios o de accionistas, por lo que la prenda sobre las acciones no se podía haber inscrito en dicho libro y por tanto las acciones no podían ser subastadas”.

La subasta tuvo lugar en diciembre de 2013 con una gran atención mediática, y los únicos postores por dichas acciones fue una sociedad, “Locos por el Balón S.L.“ donde oficialmente constaba Manuel Vizcaíno como accionista. Antes había sido delegado y consejero del Sevilla FC.

"Extraoficialmente todo el mundo sabía que este señor era un testaferro y que detrás de la sociedad estaban Jose María del Nido (entonces presidente del Sevilla) y Quique Pina (entonces presidente del Granada CF) que no aparecían en las escrituras porque su participación en dicha sociedad vulneraba la competición deportiva al tener intereses en otros clubs de futbol que competían en la misma categoría que el Cádiz CF", explica Rodríguez Zarza. "La mercantil Locos por el balón S.L. no fue un adquirente de buena fe, dado que en la misma subasta fue advertida y yo hice constar la existencia de los litigios abiertos y la posibilidad de que perdieran las inversión en esas acciones”. Tres años después, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cádiz decretó la nulidad de la subasta y por tanto la restitución de las acciones a Sinergy. Ese mismo mes el Cádiz CF subió a Segunda.

Los administradores de Locos por el Balón S.L., sabedores de que con el pleito perdido perdían el control del Cádiz CF, “iniciaron una operación acordeón, consistente en minusvalorar el valor de la mercantil Cádiz CF, rebajar el precio de las acciones de 30,05€ a un nuevo valor de 1€ (es decir, redujeron el valor de las acciones 29 veces), en función de un supuesto informe económico que no aportaron a la Junta de socios, para acto seguido acordar una ampliación de capital en la cual solo su propia mercantil Locos por el Balón S.l. podía ampliar capital por compensación de créditos, vulnerando el derecho del resto de los accionistas. El Cádiz en todo este proceso se encontraba en concurso de acreedores, y la administración concursal había valorado el patrimonio del Cádiz un año antes en más de doce millones de euros (12.000.000 euros)”.

Además de la valoración de los fondos propios en 13 millones, las deudas del Cádiz CF se habían visto reducidas en un 60% por la aprobación de un convenio de acreedores, quedando reducidas a 6.5 millones de euros, por lo que haciendo una operación básica aritmética el valor del Cádiz CF como mínimo era de en torno a 6 millones de euros, y no de 136.000 euros como estableció Locos por el Balón S.L. para apropiarse del club.

Dicha ampliación de capital además “vulneraba”, según el abogado, la ley de sociedades anónimas deportivas, pues en la operación de reducción y posterior ampliación de capital, el nuevo capital social desembolsado fue inferior al 50% del capital social constituyente (algo prohibido por la ley) y además el desembolso “no se hizo en dinero efectivo y desembolsado, sino mediante compensación de créditos (ambas cosas hacen de esa operación nula e ilegal y así está impugnado y denunciado ante el juzgado de lo Mercantil)”.

Rodríguez Zarza solicitó la ejecución provisional de la sentencia, algo que se espera se resuelva en estos días, y el 4 de julio se resuelve el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia que recurrió Antonio Muñoz.

En estos días el Cádiz CF se está jugando entrar en la liguilla de ascenso a Primera División. “Puede que después de todos estos años de litigios recuperemos un club valorado en más de 40 millones de euros, que es el precio medio de un club en Primera División con los balances que presenta el Cádiz CF”, explica el abogado.